El presidente del Tribual Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, destacó ayer la necesidad de continuar perfeccionando la actividad de control, influencia y atención a personas que cumplen sanción en libertad.
Argumentó que aunque la labor de los tribunales es fundamental en esa tarea, se requiere que todos los organismos y organizaciones implicados —como los Comités de Defensa de la Revolución, los ministerios de Trabajo, del Interior, entre otros— desarrollen acciones directas, intencionadas y eficaces sobre los sancionados.
Asimismo refirió que las actividades de control y atención deben concebirse teniendo en cuenta las particularidades de cada individuo, con los cuales “debe interactuarse para exigirles su responsabilidad pero también facilitarles el cumplimiento de sus deberes”.
Entre los resultados de la implementación del sistema para la coordinación e integración de acciones con ese fin, Remigio señaló que se ha logrado mayor control en el cumplimiento efectivo de las sanciones subsidiarias, medidas de seguridad y beneficios de excarcelación, y que la sociedad se ha implicado más en la reincorporación de los controlados. No obstante, dijo, aún persisten dificultades en el proceso.
En ese sentido el vicepresidente del TSP, Oscar M. Silvera Martínez, comentó que entre las debilidades identificadas en las jornadas que precedieron al VIII Taller Nacional figuran la demora en la remisión de los documentos al juez encargado del control y la pobre participación de representantes de organismos y organizaciones sociales y de masas en la comparecencia del sancionado.
A estas se unen la burocracia y el esquematismo en el trabajo de control realizado por jueces, asistentes judiciales y el resto de los intervinientes; la autorización de traslados a otros territorios sin que se acredite el cambio de dirección, entre otras cuestiones.
De acuerdo con Silvera Martínez, del total de controlados aptos para trabajar, el 97, 9 % se ha incorporado a algún puesto.
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