El Congreso Internacional Abogacía, organizado anualmente por la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), se ha consolidado como un espacio dedicado a las cuestiones prácticas del ejercicio del Derecho, y no como un mero encuentro para la discusión teórica.
Así demostraron ayer sus sesiones inaugurales, en las que no solo se habló sobre la criminalidad en América Latina, la ética, el rol de los sindicatos…; sino que prestaron especial atención al ordenamiento jurídico en Cuba, a tono con la actualización del modelo económico.
En palabras del presidente de la ONBC, Ariel Mantecón Ramos, las nuevas normas vendrán a refrendar la realidad socio-económica actual donde la participación de los juristas debe ir acompañada de una profunda vocación humanista, limpieza ética y de la renovación de sus competencias técnicas.
Según trascendió, Abogacía 2014 reúne a cerca de 600 especialistas de 18 países que debatirán hasta mañana sobre litigios penales, conflictos laborales, derechos civiles y de familia, entre otros tópicos.
Asistieron a la inauguración Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblena Nacional del Poder Popular, María Esther Reus, ministra de Justicia; Darío Delgado, Fiscal General de la República y Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, entre otras personalidades.
LA AGRICULTURA BAJO EL ENFOQUE JURÍDICO
La necesidad de perfeccionar la impartición de justicia agraria partiendo del modelo judicial fue argumentada en los primeros encuentros de Abogacía 2014.
De acuerdo con la abogada Massiel Álvarez Duarte, las deficiencias que ha tenido —y tiene— la jurisdicción agraria en el país derivan de la mala práctica de su modelo administrativo.
Explicó que al no ser jueces profesionales o un órgano colegiado los que dirigen los conflictos y las reclamaciones de derecho en esa materia, existe una excesiva morosidad en la tramitación de los procesos —que pueden dilatarse, incluso, por varios años— y se afecta la producción de alimentos.
Otra de las deficiencias, según la especialista, es la dispersión legislativa. “No hay una ley orgánica que regule los procedimientos agrarios, dijo. Algunas normas, por ejemplo, indican cómo proceder ante una situación y cuál es el término, mientras que otras no señalan términos o garantías; y eso hace inoperante la forma de administrar esta justicia”.
Agregó que al ser personas designadas a cargos de administración las que toman las decisiones en esa rama del Derecho, se corre el riesgo de que no cuenten con los conocimientos necesarios ni la asesoría jurídica adecuada para resolver los conflictos.
A juicio de la especialista, una de las soluciones estribaría en la creación de Salas de lo Agrario en los tribunales. Para ello, argumentó, “no es necesario cambiar algún fundamento en la Constitución pues esta posee un artículo que refiere que la justicia, como regla, es a través de los tribunales. A ello suma la instrumentación de un procedimiento agrario único que regule la reclamación de derecho y la solución de conflictos.
De ese modo, concluyó, se garantizaría una justicia más efectiva y se fortalecería la cooperación de los sujetos del Derecho Agrario con el Estado, “todo lo cual está encaminado a fortalecer el actual modelo económico en aras de un desarrollo sostenible”.
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Gerardo Vazquez Olivera dijo:
1
18 de septiembre de 2014
10:34:52
diego dijo:
2
18 de septiembre de 2014
13:39:39
manuel dijo:
3
19 de septiembre de 2014
13:29:24
Alex dijo:
4
20 de septiembre de 2014
18:00:22
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