Un gobierno más cercano a la gente

ARTEMISA.— Casi a punto de cumplir dos años, el experimento sobre la separación de funciones entre la Asamblea Provincial del Poder Popular y el Consejo de la Administración Po­pular (CAP) en Artemisa, ha rendido dividendos favorables en cuanto a una nueva forma de gestión que permite mayor comunicación entre el pueblo y sus dirigentes.

Con la nueva estructura los presidentes de las Comisiones permanentes de la Asamblea Pro­vincial del Poder Popular tienen más tiempo para despachar con los delegados, ir a sus casas, participar en las asambleas de rendición de cuentas y en las reuniones de los consejos populares con mayor frecuencia.

Según Juan Domínguez Miranda, presidente de la Asamblea del Poder Popular en el territorio, antes —con la otra estructura— no había tiempo para realizar este tipo de funciones, pues el presidente se centraba más en atender los problemas administrativos y le restaba tiempo a las inquietudes invocadas por los delegados.

Son atribuciones de la Asamblea —como órgano superior local del Poder del Estado— designar o sustituir al jefe del CAP, así como al resto de sus miembros a partir de la propuesta del jefe de la Administración.

La nueva apuesta facilita que los planteamientos sean presentados a la Asamblea por las propias comisiones de trabajo de esta, mientras que en el sistema anterior eran las direcciones administrativas las encargadas de formular los temas de interés para los debates en esta. “Así hay un mayor rigor en estos mo­mentos en el compromiso por resolver los problemas”, resalta el presidente de la Asamblea Provincial; pues el cambio de estructura ha favorecido que los dirigentes administrativos se concentren más en sus funciones, en tanto los mecanismos de la Asamblea se ocupan de seguir con mayor atención los problemas del pueblo y exigir a dichos administrativos la búsqueda de respuestas a los mismos.

En un inicio, sin embargo, el CAP tuvo que enfocar su trabajo en crear todas las infraestructuras para poner a funcionar las distintas direcciones administrativas, teniendo en cuenta  que se trataba de la constitución de una nueva provincia, con todo lo que ello implica.

Teresa Martínez Mendaro, primer vicejefa del CAP, sostiene que hoy en día la entidad está más abocada al tema de la calidad de vida de las personas, por consolidar las estructuras en el nivel mu­nicipal y hacer un uso más eficiente de los recursos que permitan el desarrollo de la provincia.

La nueva experiencia implementada en Artemisa —al igual que en la vecina Maya­beque— no supone que el territorio artemiseño reciba un presupuesto adicional. “Seguimos recibiendo lo que nos toca, enfocados en potenciar el desarrollo económico en los once municipios, siempre aplicando mecanismos de funcionamiento como el control y fiscalización de los recursos que disponemos”, precisa Domínguez Miranda.

UN NUEVO ROSTRO

Antes el proceso de una queja era largo y tedioso. Muchas veces los planteamientos de la población se quedaban a mitad de camino, sin recibir respuesta y, si la tenían, era a causa de la intervención insistente del delegado.

Al respecto, Dinorah Ileana Acosta Fer­nán­dez, delegada a la Asamblea Provincial, resalta que ahora el mecanismo continúa siendo el mismo, el cambio está en que la Asamblea le exige a las direcciones administrativas del CAP que ofrezcan una respuesta priorizada y ágil a las inquietudes esgrimidas por la población. Ade­más, se cuenta con el apoyo permanente de los presidentes de las asambleas municipales y su homólogo en la provincia.

“Aunque exista un compromiso por brindar respuestas rápidas y satisfactorias, ello no significa que se resuelvan los problemas de un día para otro”, apunta Acosta Fernández, quien lleva más de 20 años representando al pueblo.

Otra de las novedades consiste en el fortalecimiento del rol de los presidentes de las comisiones de trabajo, quienes ahora se desempeñan de forma profesional, o sea, están a tiempo completo. Tal cambio les permite concentrar sus objetivos en la recepción de todas las dificultades que atentan contra la calidad de los servicios que recibe la sociedad.

De acuerdo con Domínguez Miranda, el mayor impacto se ha presenciado, quizás, en las comunidades que han sido electrificadas; en el transporte que a pesar de ser insuficiente, ha elevado el parque de equipos, pues este año contarán con 16 ómnibus Diana en el territorio; en el alumbrado público y en el mantenimiento de las carreteras principales.

Además, otra de las ventajas de la separación de funciones, según Bladimir Parada Ro­dríguez, delegado a la Asamblea Pro­vincial por el municipio de San Antonio de los Baños, es que con la presencia de las administraciones en las Asambleas de Rendición de Cuentas han disminuido los planteamientos porque las direcciones intercambian con la población y discuten los problemas y posibles soluciones. “Así se establece un vínculo directo entre ambas partes, donde se demuestra que es el pueblo quien gobierna”, señala.

UN CAMINO POR ANDAR

Aunque en sus inicios el nuevo modelo de Gobierno en el territorio artemiseño generó escepticismo por la novedad del experimento, el sistema ha arrojado resultados positivos, en tanto resulta considerable el ahorro al presupuesto y los recursos materiales y humanos. Las estructuras creadas son funcionales, flexibles y favorecen el trabajo de los delegados en la base, sostiene Domínguez Miranda. No obstante, es válido resaltar que aún se observan deficiencias y que no todo es “color de rosa”.

“La principal dificultad en un principio radicó en la preparación de los cuadros”, coinciden Teresa Martínez Mendaro y Juan Domínguez Miranda, quienes admiten que los funcionarios debieron aprender con el día a día, en la medida que enfrentaban los obstáculos.

“Pero a casi dos años de separarse las funciones,  los cuadros son más integrales en sus in­terven­ciones  —comenta Mendaro—, la experiencia en el trabajo aumentó y la autogestión pa­ra solucionar los problemas es mayor”.

Mientras, para Bladimir Parada Rodríguez, quien desempeña hace cinco años su rol como delegado, todavía se debe ganar en concientización por parte de las direcciones administrativas, las cuales deben contemplar entre sus principales labores la solución de los planteamientos esgrimidos por el pueblo.

La divulgación de las gestiones del Gobierno en la provincia es, por su parte, otra de las debilidades a tener en cuenta en los próximos retos. “Necesitamos informarle a la población sobre todo cuanto hemos logrado. La separación de funciones de la Asamblea y el CAP es un asunto que ha llegado al pueblo poco a poco, pero los detalles del funcionamiento interno no son conocidos por todos. Para suplir este desconocimiento debemos trabajar más en la labor divulgativa, hacer reuniones con los organismos, barrios-debates, entre otras acciones”, reconoce Domínguez Miranda.

Lo cierto es que para lograr resultados satisfactorios en la nueva experiencia debe existir una relación integrada entre ambos organismos: el CAP es el órgano ejecutivo de las legislaciones emitidas por la Asamblea Provincial del Poder Popular. Al respecto, Teresa Martínez Mendaro apunta: “Uno sin el otro no puede subsistir, aunque tengan bien delimitadas sus funciones”.