Mejor justicia penal: un desafío para la región

En muchos países del mundo, sobre todo en los de medianos y bajos ingresos como los de América Latina, se suele reclamar a la justicia penal su ineficacia y “benevolencia”. De acuerdo con Elías Carranza, presidente del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento al De­lincuente (ILANUD), se suelen escuchar frases como que quienes delinquen entran por una puerta y salen por otra.

En su conferencia magistral “Criminalidad, justicia y derecho en América Latina”, que impartió en el recién concluido VII Encuentro Internacional Justicia y Derecho, comentó que “si hubiéramos de medir la eficacia de la justicia penal por las tasas de presos y presas en la región —que se han duplicado y triplicado desde 1992 hasta la fecha—, llegaríamos a la conclusión de que la justicia actúa con eficacia; sin embargo las altas tasas de criminalidad y violencia subsisten.

“La justicia penal cumple una función sancionatoria y simbólica importante, —explicó—; pero si además de castigar la criminalidad queremos reducirla, es imprescindible que actuemos sobre los elementos que la promueven, lo cual compete a otras áreas de la acción estatal.

“Si solo centramos el objetivo en agravar las penas y aumentar la prisión preventiva, el resulta­do será la multiplicación de la violencia al sumar a la violencia del delito la de una justicia penal injusta, el crecimiento de la sobrepoblación carcelaria y los suicidios y homicidios dentro de las prisiones”.

Interrogado por Granma sobre los retos de la región para mejorar la situación en las cárceles, Carranza comentó que existen dos variables fundamentales sobre las que trabajar: “la estructura edilicia, o sea, tiene que haber espacio; y el número de funcionarios penitenciarios por cantidad de presos. Hay países, incluso, donde las cárceles poseen un funcionario por cada 100 privados de libertad, que es lo mismo que nada”.

Agregó que “solamente la justicia penal no re­duce el delito. Para esto se deben desarrollar me­­didas sociales y económicas dirigidas, par­tic­ul­ar­mente, hacia una adecuada redistribución de los ingresos, además de usar la justicia pe­nal con prudencia, porque no hay que usar soluciones pe­nales para resolver problemas sociales”.

Sobre la tasa de presos y presas sin condena en las cárceles latinoamericanas (personas que aun permaneciendo amparadas en el principio de inocencia pueden estar encarceladas), el presidente del ILANUD refirió: “Es notable que en el primer estudio que hicimos en 1980, el país que tenía mejor situación entre los de América Latina siempre estaba casi 10 puntos peor que el país anglosajón del Caribe con peor situación.

“Luego se fueron reestructurando los códigos penales y los códigos procesales penales, y en la actualidad la situación no es esta. Hay países en América Latina que han ido reduciendo de forma significativa sus porcentajes de presos y presas sin condena, pero todavía queda mu­cho por hacer, sobre todo en razón de que cada vez hay mayor número de casos penales y de población privada de libertad”.

Ante la grave situación penitenciaria en las cárceles del área, las prisiones privadas han surgido como una “alternativa”. Este negocio, como describe el propio Carranza en uno de sus artículos, comenzó hace más de cuatro décadas en los Estados Unidos y se fue extendiendo con la globalización por medio de grandes empresas transnacionales.

El fenómeno, dijo el especialista, no mejora el panorama. “Con una sobrepoblación como la que tenemos y en países de abultada deuda externa, se construyen estas cárceles a un altísimo costo, y a partir de ese momento la sobrepoblación se acumula en las cárceles estatales porque en las privadas hacen el negocio de que si el Es­tado pone un preso más debe pagar multa sobre ello.

“Está comprobado que los países con más cár­celes privadas son los que peor tasas de criminalidad tienen en el mundo. No se puede ha­cer negocio con la libertad ni la vida de las personas, eso puede llevar a los horrores más graves”.

El sistema de justicia penal en Cuba, añadió, es mejor que el promedio de los países del área. “Cuando he visitado cárceles en Cuba las he visto de excelencia. Alguien solía decir que la mejor cárcel es la que no existe, pero lejos de casos utópicos, dentro de la realidad penitenciaria, las cárceles de Cuba cumplen con los estándares de derechos fundamentales. Las que co­nozco me han causado muy buena impresión”.