«El trabajo es un valor primordial de nuestra sociedad. Constituye un derecho, un deber social y un motivo de honor de todas las personas en condiciones de trabajar». Este principio, refrendado en el artículo 31 de la Constitución, ha sido ampliamente defendido en los casi tres meses que lleva el país en el enfrentamiento a la COVID-19 y esto se ha logrado, evitando el contagio masivo de la población y manteniendo en funcionamiento las principales industrias del país, aunque con limitaciones.
Pese al necesario confinamiento que muchos han cumplido para evitar la propagación de la enfermedad, el país y la economía han seguido funcionando, pero se ha priorizado ante todo la salud de los trabajadores y sus familias.
Entre las medidas aprobadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no ha faltado la protección a madres con niños pequeños en escuelas primarias, especiales y círculos infantiles; a adultos mayores en riesgo y a personas aisladas.
Igualmente se ha establecido la garantía salarial para quienes quedaron interruptos en sus empleos a causa de la pandemia. En cada caso suman decenas de miles a lo largo y ancho de todo el país.
A finales de 2019 se anunció en el IV Periodo Ordinario de Sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular que, para respaldar los gastos de la Seguridad Social, se proyectaban para este año 7 546 millones de pesos, decisión que no solo demuestra la utilidad de la planificación, sino que ratifica el sentido humanista de la Revolución.
Con una población con elevado grado de envejecimiento (según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, en el 46 % de los hogares cubanos hay al menos un anciano), el país no ha escatimado en proteger a los núcleos con ingresos insuficientes y personas vulnerables porque –y así lo dice la Constitución– Cuba es «(…) República unitaria e indivisible, fundada en el trabajo (…) para el disfrute de (…) la igualdad, la solidaridad (…)».
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