ÓRGANO OFICIAL DEL COMITÉ CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CUBA
Caricatura tomada del libro Historia de la Enmienda Platt, de Emilio Roy de Leuchsering

El año de 1934 marcó un punto de inflexión en la historia de la República Neocolonial Burguesa. El llamado Gobierno de los Cien Días –realmente fueron 127– por el hecho de haber intentado modificar los términos de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, adoptado posiciones antinjerencistas y tomado medidas de beneficio social –bajo el impulso fundamental de su secretario de Gobernación, Guerra y Marina, Antonio Guiteras Holmes, el héroe antimperialista más relevante de la Revolución del 30–, pasaría a la posteridad como el único gobierno del periodo que no fue reconocido por Washington y contra el cual conspiró hasta facilitar su caída, dando paso a un gobierno dócil a sus intereses, presidido por el coronel Carlos Mendieta. No obstante, las riendas del país realmente las llevaría desde la jefatura del ejército Fulgencio Batista, convertido ya a esas alturas en el más fiel aliado de los norteamericanos en la Isla. Completaría la tríada de poder en la Mayor de las Antillas, el embajador estadounidense, Jefferson Caffery, quien había sustituido a Sumner Welles en diciembre de 1933.

Por su parte, el sistema neocolonial burgués instaurado por el gobierno de  Estados Unidos en la Isla en 1902 había entrado en una profunda crisis desde la década del 20. Agravada por la mayor  depresión económica mundial  que había padecido el capitalismo hasta ese entonces, de 1929 a 1933.

En medio del impacto funesto de esa crisis en Estados Unidos, el 4 de marzo de 1933 había llegado a la Casa Blanca por el partido demócrata, Franklin Delano Roosevelt, quien enfrentó la difícil situación heredada con reformas tanto a lo interno de la sociedad estadounidense –el New Deal– como en la proyección internacional del país. Su propuesta hacia América Latina y el Caribe sería la llamada política del Buen Vecino. «Dedicaré esta nación a la política del Buen Vecino –el vecino que resueltamente se respeta a sí mismo y por ello respeta los derechos de los otros–, el vecino que respeta sus obligaciones y respeta la santidad de los acuerdos en y con un mundo de vecinos», expresó en su discurso inaugural.

OTRAS REGLAS DEL JUEGO

En diciembre de 1933, durante la celebración de la Séptima Conferencia de Estados Americanos, efectuada en Montevideo, Uruguay, la administración demócrata, representada por su secretario de Estado, Cordell Hull, se comprometió solemnemente a resolver «por medios pacíficos y procedimientos multilaterales», las diferencias que pudieran surgir entre gobiernos del hemisferio occidental, y a que en el futuro no emprendería, de manera unilateral, ninguna nueva «intervención militar» en el continente. Pero esto no significaba que Estados Unidos renunciaba a la utilización de otros recursos indirectos y directos de injerencia en los asuntos internos de los países de América Latina y el Caribe, así como a las «intervenciones colectivas» propugnadas por el presidente Roosevelt. De lo que se trataba era de que las reglas del juego para ejercer la dominación serían otras, mucho más modernizadas.

Cuba, ubicada en el traspatio más inmediato de Estados Unidos, sería pieza clave en el diseño estratégico de Washington hacia el resto de la región. Las sucesivas intervenciones de Estados Unidos en el hemisferio  –Haití, República Dominicana, Honduras, Panamá, Nicaragua, Cuba, México– habían lastrado profundamente la imagen del país del norte y creado dificultades para el cumplimiento de sus objetivos hegemónicos ante las constantes rebeldías desatadas, en especial en Cuba, donde el antinjerencismo y antiplattismo de las primeras décadas del siglo XX, había ido madurado cada vez más hacia el antimperialismo.

Lo cierto es que la Revolución del 30 no se había ido del todo a bolina, al obligar al propio sistema neocolonial burgués instaurado a recomponer su hegemonía a través de ciertas concesiones a los reclamos populares en la búsqueda de un mayor consenso, que garantizara la supervivencia del régimen y que no hubiera más revolución en Cuba. A esas alturas, el imperialismo norteamericano tenía no pocas condiciones para llevar adelante ese proyecto de recomposición hegemónica y reformulación de la dominación burguesa neocolonial, luego de tres décadas de creación laboriosa de las bases y prácticas necesarias de dominación económica y política con el fin de afianzar sus intereses expoliadores en la Isla por largo tiempo. El poder económico y financiero estaba prácticamente en sus manos, lo que les garantizaba en gran medida el poder político. El nuevo tratado de reciprocidad comercial que firmarían ambos países en 1934 se encargaría de fijar aún más las cadenas de la dominación económica sobre la Isla.  Bajo esas condiciones la administración Roosevelt no tenía necesidad de desembarcar los marines para subyugar a Cuba. La Enmienda Platt no era ya un recurso de dominación imprescindible y su abrogación más que posible, resultaba útil a la imagen de «Buen Vecino» que Washington quería vender al resto de los países latinoamericanos y caribeños, en un momento de crisis de su economía y disputa por los mercados internacionales, «en especial en Asia-Pacífico», frente a otras potencias de la época como Japón, Alemania e Inglaterra.

El célebre historiador cubano Ramiro Guerra captaba con gran precisión el momento: «La Enmienda Platt de Cuba no responde ahora a ninguna necesidad internacional, puesto que en el mundo no hay una potencia que pueda ni que quiera crearle dificultades a Estados Unidos dentro de su zona de influencia; cabe, en tal virtud, abandonar la Enmienda sin peligro alguno, como instrumento que cumplió su destino y ya es inútil, mientras que la propaganda destaca el hecho, a título de expresión de una política de “buena vecindad” y se obtiene un Tratado de comercio ventajoso».

Fue en ese contexto que Estados Unidos y el gobierno cubano negociaron en silencio y con gran celeridad el Tratado de Relaciones de 1934, firmado en Washington el 29 de mayo de ese año, por el secretario de estado Cordell Hull y el subsecretario de estado Sumner Welles, en representación del gobierno de Estados Unidos, mientras que del lado cubano lo haría el embajador en ese país, Manuel Márquez Sterling.

La firma del tratado se produjo cuando aún en la bahía de La Habana permanecían unidades navales norteamericanas, que amenazantemente les recordaban a los cubanos que debían portarse bien para evitar futuras intervenciones. Esta  infausta presencia de navíos norteamericanos en la rada habanera se extendería todavía durante varios meses del año 1934. Roosevelt no había desembarcado marines en Cuba, pero a través de otros instrumentos injerencistas había logrado sacar de la máxima magistratura en la Isla a Gerardo Machado y a Ramón Grau San Martín. El solo hecho de reconocer o no un gobierno se había convertido en un recurso que Estados Unidos utilizaba para torcer el curso de los acontecimientos en Cuba. Esto lo tenía bien claro el nuevo gobierno de la Isla que se inauguró en enero de 1934.

LAS NEGOCIACIONES

Desde su arribo a la Casa Blanca, Roosevelt había expresado su interés de negociar la abrogación de la Enmienda Platt, aunque aclarando que solo iba a ser posible el día que en Cuba existiera un gobierno reconocido por Estados Unidos. Ese gobierno sería el de Caffery-Batista-Mendieta, al cual el gobierno estadounidense de inmediato daría su beneplácito.

Las negociaciones comenzaron cuando el 17 de abril de 1934, el subsecretario de Estado, Sumner Welles, puso en manos del embajador de Cuba una copia del Proyecto de Tratado destinado a sustituir el Tratado Permanente de 1903 como base para iniciar las conversaciones. El documento señalaba que el Tratado de Relaciones, concluido el 22 de mayo de 1903, dejaba de tener validez, a excepción de las cláusulas contenidas en el artículo IV, en relación con la ratificación y validación de todos los actos realizados por Estados Unidos durante la ocupación militar. También, que no implicaba cambio alguno en la obligación de la República de Cuba a venderle o arrendarle a Estados Unidos tierras para carboneras o estaciones navales, ni se alteraban las estipulaciones en los Convenios existentes concluidos por los dos gobiernos en cumplimiento de dicha obligación, del 16-23 de febrero de 1903 y el complementario correspondiente a ese arrendamiento del 2 de julio de 1903.

Como se ve, la propuesta inicial del gobierno de Estados Unidos en relación con el artículo VII de la Enmienda Platt era mantenerlo sin la más ligera modificación. Pero en este caso, a diferencia de 1901, Estados Unidos se mostraron dispuestos –al menos en un inicio– a aceptar algunas enmiendas del lado cubano a la redacción del proyecto de tratado.

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