La ilegalidad, atajarla a tiempo

Las ilegalidades y violaciones urbanísticas son como la mala hierba en nuestros campos: si no se atajan a tiempo y de manera sistemática, luego resulta en extremo complicado, y hasta traumático, ponerles coto en cualquier localidad.

Ejemplos pueden ponerse muchos: desde la proliferación de barrios ilegales en la periferia de las ciudades y las modificaciones en viviendas sin la correspondiente autorización hasta las construcciones de todo tipo adosadas a los edificios multifamiliares.

A partir de un inventario de ilegalidades presentes, tanto en el sector residencial como estatal, las direcciones de Pla­nificación Física, de conjunto con las autoridades locales, han avanzado en su eliminación, pero lejos aún de los resultados esperados.

Lo importante es que, mientras se les da solución a las contravenciones ya controladas, no se permita el surgimiento de nuevas violaciones y se enfrente el desorden, la indisciplina y los intentos de transgredir impunemente las normas establecidas.

Para ello fueron conformadas, a instancia de los gobiernos municipales, las comisiones de enfrentamiento a las ilegalidades, órganos que agrupan a las entidades encargadas de la respuesta oportuna, ágil y decidida a tales infracciones.

Se da el caso de personas que, sin visto bueno alguno, levantan viviendas rústicas en áreas insalubres, en las márgenes de los ríos o en zonas de protección de aeropuertos, conductoras de agua, líneas de alta tensión y grandes industrias.

De hecho, otro gallo cantaría si se actuara de manera resuelta cuando se pretende construir la primera casa, pero no pocas veces se espera para encarar la situación cuando el problema cobra magnitud y su solución se torna complicada en extremo.

Dicho con otras palabras, se ha podido comprobar que en algunos territorios se conjuga una mezcla negativa de pasividad, inercia, blandenguería e indolencia para rehuir las responsabilidades a la hora de restablecer la legalidad quebrantada.

Algo parecido sucede con los edificios multifamiliares: a través de la persuasión y la motivación de los vecinos, comenzó a revertirse poco a poco el desorden existente en sus predios, pero el ímpetu inicial ha cedido terreno para quedar en acciones aisladas.

No se trata, en este caso, de un problema menor: se cuentan por miles las construcciones de este tipo en el país que vieron convertir su parte trasera en genuinos cuartos de desahogo a la intemperie donde se coloca todo lo inservible.

En la medida en que bajaron los niveles de exigencia y control, las personas armaron corrales, levantaron cercas, sembraron conucos o construyeron locales adosados a los edificios para habitaciones, cocinas, peluquerías u otros menesteres.

Cierto es que no en todas las comunidades la situación es similar. Aquellas que muestran los mejores resultados avanzaron edificio a edificio, calle a calle, hasta concluir la higienización del territorio y el mejoramiento de sus espacios públicos y áreas verdes.

Lo que no se puede permitir, y aquí entran a jugar también los cuerpos de inspección, es que cada quien trate de hacer lo que le venga en gana, según capricho, y no sujeto a los requerimientos implícitos en los programas de ordenamiento territorial.

Se sabe que son muchos, y complejos, los problemas acumulados en el país en asuntos de vivienda, pero las soluciones no pueden ser anárquicas: nadie está autorizado a levantar una casa por su libre albedrío en el lugar que se le ocurra.

Para alertar, hacer entrar en razones y adoptar las medidas pertinentes están las comisiones municipales de enfrentamiento a las ilegalidades, las que con su actuar enérgico y sistemático están llamadas a restablecer el orden en materia urbanística y lograr el propósito final de devolverle la vitalidad y belleza a cada lugar.