El burocrático método de hacer negocios

Tomo prestada para el título de este comentario una idea expresada por uno de los lectores de Granma en su versión digital, quien opina que, ante tantas desavenencias y desaguisados entre productores y comercializadores, pareciera que en el sistema de comercio de las mercancías el cliente es lo último que importa.

Al leer esto, alguien de inmediato se apuraría en responder: para eso están los contratos, para que se cumplan. Y tiene to­da la razón…, si ese instrumento esencial para la gestión eco­nó­mica no fuera asumido por no pocos empresarios como al­go formal, una especie de letra muerta bajo resguardo de los ar­chivos.

Cuando por razones de tipo profesional he tenido que adentrarme en el mundo de las relaciones contractuales entre entidades estatales, lo primero que salta a la vista es lo lejos que se está de asumirse una negociación en igualdad de condiciones, con total transparencia y sin imposiciones de una u otra parte.

Mientras las cosas marchan bien, nadie cuestiona nada. Todo transcurre sobre rieles, según lo dicta el nivel de relaciones interpersonales, de amistad o compadreo de los implicados, así los separen cientos de kilómetros entre una organización empresarial y otra o se subordinen a organismos totalmente diferentes.

Basta que “explote” algún imprevisto, consecuencia de una auditoría, una verificación fiscal o un reportaje periodístico, y se desata una avalancha de acusaciones mutuas, a todas luces para evadir responsabilidades y achacarle a la contraparte, sin el menor sentido de la ética, el peso total de la culpa por el desliz.

Entonces, solo entonces, es que se echa mano al contrato salvador, se buscan las cláusulas incumplidas, los acápites violados, los por cuantos transgredidos, y con una minuciosidad asombrosa, casi exquisita, se determina que, efectivamente, es el “otro” el que debe cargar con el pecado.

Otra arista del asunto es la interpretación que a la manera y conveniencia de cada cual se hace de los documentos rectores de determinada actividad, llámense decretos-leyes, re­so­lu­ciones ministeriales o reglamentos ra­males, como si alguien es­tuviera autorizado a violar lo legislado o a modificar sus propósitos.

Ello trae consigo controversias de todo tipo que desembocan en decisiones casi siempre de­sacertadas ante la existencia de faltantes en las cargas, la renuncia a servicios previamente con­tratados, la dilación excesiva en el pago de las facturas o la mala calidad de las mercancías.

Cuando se va a las causas de tales diferendos, bien pronto sa­len a relucir fenómenos relacionados con la incomunicación entre las partes involucradas, la no conciliación oportuna, el inadecuado empleo de los mecanismos de renegociación y evidentes muestras de paternalismo a la hora de enfrentar reclamaciones comerciales.

A la larga, de no lograrse el entendimiento esperado, queda entonces dirimir el problema en el ámbito jurídico, a través de demandas ante la Sala de lo Económico del Tribunal correspondiente, una práctica que tampoco es habitual en el sector empresarial para resolver sus litigios y discrepancias.

Son también, no dudarlo, brechas en el desempeño de las en­tidades estatales que, unido al deficiente control interno y a la falta de exigencia administrativa, propician la comisión de he­chos delictivos y actos de corrupción que contribuyen a pro­veer el mercado negro e incentivar la actividad económica ilícita.

Lo cierto es que, mientras se dilucidan conflictos como estos, en un ambiente donde nadie pretende ceder y sí defender a ultranza su parcela, casi siempre es el pueblo el afectado por los desaciertos, frutos de actitudes burocráticas bien distantes de los atributos que deben caracterizar a un empresario que se respete.

Disputas estas fácilmente evitables, si se ba­saran en el estricto respeto de lo acordado, el diálogo y la cooperación, sin violar las normas establecidas y, sobre todo, si por encima de cualquier intención o proyecto sectorial, empresarial o territorial se ponen, en primer lugar, los intereses supremos del país.