El Secretario de Estado de Estados Unidos continúa castigando a empresas cubanas con el propósito deliberado de afectar la economía del país e impedir que el gobierno de Cuba garantice los servicios básicos a la población, que de por sí se encuentran en una situación crítica producto del bloqueo.
Así lo denunció este jueves el Canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, en su cuenta en la red social X, al referirse a las medidas que la administración estadounidense mantiene contra la Isla.
En su mensaje, el titular de Relaciones Exteriores señaló que, en particular, se obstaculiza la transportación de contenedores con alimentos, medicinas y dispositivos médicos, mayormente adquiridos por mipymes privadas cubanas.
Rodríguez Parrilla añadió que, en su fracasada obsesión contra Cuba, el gobierno de Estados Unidos incorpora ahora a directivos y funcionarios del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), institución que por más de seis décadas ha promovido la amistad, la solidaridad internacional, la justicia y la paz, todo lo contrario a lo que el Secretario de Estado ha promovido siempre en su política corrupta.
El Canciller cubano también se refirió al impacto del bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba. «El bloqueo energético de EE. UU. contra Cuba tiene un impacto real y grave en la población cubana», afirmó.
Rodríguez Parrilla aseguró que esta política «es parte del castigo colectivo que aplica el gobierno estadounidense contra el pueblo cubano» y añadió que «no solo limita el desempeño de la economía cubana. Frena el trabajo de agencias y organizaciones internacionales, evidenciando su carácter extraterritorial».
Esta denuncia se efectúa tras el anuncio, este jueves, por parte del gobierno de Estados Unidos de nuevas sanciones contra Cuba al incluir en la lista de nacionales especialmente designados a nueve entidades estatales y tres personas vinculadas al ICAP. El Secretario de Estado, Marco Rubio, informó en un comunicado que las medidas se dirigen contra el ICAP por presuntamente patrocinar «una amplia red subversiva en Estados Unidos destinada a identificar, captar y radicalizar a elementos subversivos».
Entre las personas sancionadas figuran tres directivos del ICAP: su presidente, Fernando González Llort; la vicepresidenta primera, Noemí Rabaza Fernández; y la directora para Norteamérica, Leima Martínez Freire. Las nueve entidades sancionadas incluyen al Ministerio de la Construcción de Cuba, así como empresas de los sectores minero, metalúrgico y de Comercio Exterior.
Estas medidas se suman al bloqueo de crudo impuesto por Washington y a otras sanciones dictadas bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.
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— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) August 20, 2026
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