Probablemente una de las acusaciones contra Cuba que más se repite desde los grandes medios, desde los think tanks con financiamiento dudoso y algunos miembros de la cúpula de poder estadounidense, es que en la Isla no hay elecciones libres. Incluso, para mayor ironía, muchas de las críticas al sistema político cubano llegan desde sociedades monárquicas. Su problema, más allá de cómo funciona el modelo cubano; es que no se parece al suyo.
Desde la antigua Grecia viene el debate sobre la democracia real, del verdadero poder del pueblo, pero entonces era solamente el derecho de las clases dominantes. En ese modelo no todos los seres humanos eran considerados ciudadanos, de modo que solo unos pocos eran titulares de los derechos necesarios para ejercerlos democráticamente.
También viene de aquellos tiempos la imposición de requisitos convenientemente escogidos dentro de la clase que estuviera en el poder, para hablar de «democracia», y más tarde con el surgimiento de los partidos políticos como base electoral, esas pugnas de poder se hicieron aún más evidentes.
Las batallas electorales entre partidos, generalmente presentadas como una expresión de voto «libre», constituyen verdaderos campos de batalla en los que, no pocas veces, se vale todo.
No es casual entonces que Cuba eligiera un camino diferente. En la época neocolonial, el fraude y el abstencionismo inundaban los colegios electorales. Las cédulas constituían mercancías codiciadas por los sargentos políticos, los favores se pagaban con votos en las urnas y los pasquines saturaban la vista de cualquiera, nada más parecido a un reality show en el que se jugaba con el futuro de millones. Concejales, alcaldes y senadores una vez electos se olvidaban de las promesas electorales y de los problemas de la gente.
Dato revelador: cuando la Cuba revolucionaria instauró el sufragio universal real en 1976 -para hombres y mujeres mayores de 16 años, sin distinción de raza, propiedad o nivel educativo- , países del llamado primer mundo aún no permitían votar a las mujeres en todas sus regiones. ¿Quién llegó tarde a la democracia universal?
Pero vayamos a los hechos concretos, a esos que algunos prefieren omitir porque estropean el falso argumento de cero libertad electoral. El sistema político de Cuba es una democracia socialista, construida desde una base popular. El Partido Comunista de Cuba es una fuerza política dirigente, y no fue jamás pensado como una facción que pudiera insertarse en procesos electorales. No inscribe candidatos, no hace campaña para ocupar cargos de gobierno, no aparece en ninguna papeleta de votación. Su razón de ser -como establece la Constitución- es conformar la organización de la vanguardia revolucionaria en la nación cubana.
Esto es capital para entender lo que ocurre en cada proceso electoral cubano, que bien puede definirse como un ejercicio colectivo que comienza en los barrios, en los centros de trabajo, en las escuelas. Qué proceso más democrático que los vecinos reunidos en el barrio nominando uno o más candidatos, los que quieran. La mayor diferencia es que, una vez electos, esos representantes del pueblo no se olvidan de él, y cómo no hacen carrera política, ni montan promesas de campaña, solo cuentan con el compromiso personal.
Están obligados por ley a rendir cuentas periódicamente a sus electores, los delegados, en asambleas abiertas donde cualquier vecino puede preguntar, criticar y exigir. Los diputados, ante las Asambleas Municipales que aprobaron su candidatura, y esas asambleas las componen los representantes del pueblo, electos para representarlos. Tiene el pueblo además la facultad de revocar a aquellos que, a su consideración, no hayan cumplido con el mandato conferido.
La Constitución cubana, refrendada en 2019 por un 86,8 % del voto popular, estableció esta arquitectura institucional, que rige procesos de elección, referendos y consultas, e incluso la revocación de algunos cargos de elección popular. El voto es secreto, voluntario y universal desde los 16 años. Y es secreto de verdad. Nadie, absolutamente nadie, sabe por quién votó su vecino. Ese mito de que en Cuba se vota a cara descubierta es otra mentira de quienes optan por la desestabilización. Si eso no es libertad para decidir, ¿qué es?
Y algo que los predicadores de la democracia occidental nunca mencionan: No hay financiamiento privado, no hay donaciones millonarias de corporaciones, no hay súper PACs ni lobbies que compren voluntades a cambio de futuros favores legislativos. Los candidatos no gastan un peso en publicidad porque no hacen campaña y sí establecen el diálogo directo con los vecinos en asambleas de barrio. En Estados Unidos, una campaña al Congreso cuesta millones; los candidatos dependen de financistas que luego esperan rentabilidad. ¿Dónde hay más libertad: donde el voto se compra con anuncios de televisión o donde se decide en reuniones de barrio sin un dólar de por medio?
Lo llaman «falta de elecciones libres» pero la verdadera objeción no es el mecanismo electoral, sino la existencia de un gobierno soberano que no alinea sus políticas con los intereses del imperio.
El doble rasero alcanza cotas estratosféricas cuando, desde Estados Unidos, se erigen en árbitros de la democracia mientras en su propio país un ciudadano puede ganar la presidencia sin obtener la mayoría del voto popular -como ocurrió en 2000 y 2016- o cuando el gerrymandering redefine distritos electorales para diluir el voto de las minorías, y se cierran centros de votación en zonas pobres para reducir la participación. ¿Ese es el modelo que nos quieren imponer? Un modelo que desde sus inicios fue pensado por y para los más ricos, y allí está la composición clasista de los autores de la constitución norteamericana para demostrarlo: abogados, comerciantes y hacendados, especuladores de inmuebles, médicos y propietarios de esclavos.
Y mientras ellos nos critican, en sus propios países la gente ha dejado de votar. En las elecciones locales de Estados Unidos la abstención supera con frecuencia el 70 %. El que no vota allá es porque siente que ningún candidato representa sus intereses reales. Esa es la verdadera crisis de la democracia representativa occidental. En Cuba, sin voto obligatorio, la participación electoral ronda el 80 %.
La historia enseña que donde los representantes del imperio no ganan en las urnas, siembran caos con golpes suaves o duros. Por eso la campaña mediática contra el sistema electoral cubano no es una genuina preocupación por la libertad de los cubanos, sino un capítulo más del viejo plan de desestabilización.
Cuba tiene su Constitución, sus leyes y su propio proceso de reformas. La actualización del modelo económico, la apertura a la inversión extranjera con control estatal, el diálogo con los emigrados, todo eso ocurre dentro del marco socialista y de soberanía nacional. No ocurre porque los medios en Miami lo pidan.
Los intentos por desacreditar nuestro sistema electoral no pasarán de ser lo que son: el estertor de una política fracasada que no acepta la dignidad de un pueblo que elige sin tutelajes. Cuba ha votado, Cuba vota y Cuba seguirá votando con la conciencia y la historia de una nación toda.













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