En Minneapolis, la vigilancia digital ha convertido en realidad lo que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, cuentan con dispositivos de identificación instantánea en la calle, mantienen el seguimiento de actividad digital y cruzan bases de datos masivas como parte de su práctica operativa, en el contexto del endurecimiento migratorio impulsado por la administración Trump.
El problema, como advierten organizaciones de derechos civiles, no es solo a quién se busca, sino la infraestructura que se normaliza para hacerlo y el tipo de poder que esa infraestructura concentra.
Para entenderlo conviene imaginar una escena sencilla. Un grupo de personas participa en una protesta pacífica y, de pronto, un agente se acerca y pronuncia los nombres de varios asistentes como si los conociera de toda la vida. Lleva un sistema de reconocimiento facial en el bolsillo, capaz de comparar rostros con millones de imágenes en bases de datos y devolver identidades en segundos, con perfiles y parámetros para cada individuo. Lo que antes exigía seguimiento físico, testimonios o investigación, hoy se resuelve con una captura y una consulta automatizada.
Según un artículo publicado por The New York Times, titulado Cómo el ice ya sabe quiénes son los manifestantes de Minneapolis, del 30 de enero de 2026, el Gobierno utiliza la aplicación Mobile Fortify, vinculada al Departamento de Seguridad Nacional. La herramienta permite escanear rostros en el terreno y consultar información asociada en registros federales y estatales.
La administración Trump sostiene que opera dentro del marco legal, pero evita detallar su alcance con el argumento de la seguridad. Esa opacidad no es un detalle menor. Sin transparencia ni controles independientes, la excepcionalidad se convierte en rutina.
El reconocimiento facial no es un detector de verdad. Es un sistema probabilístico, con margen de error, que funciona peor precisamente con quienes suelen estar más expuestos al control, como mujeres y personas racializadas. Cuando un sistema que falla de manera desigual se integra en decisiones coercitivas, el error no es neutro. Se convierte en un riesgo estructural para los mismos sectores que ya cargan con la mayor presión policial y administrativa.
Y no actúa en solitario. Herramientas adquiridas a empresas privadas permiten extraer datos, rastrear patrones de los teléfonos móviles y reconstruir movimientos. En paralelo, se monitorean plataformas sociales, en las que queda rastro no solo de lo que cada usuario publica, sino también de con quién interactúa, a qué causas se vincula y qué eventos comparte. El resultado es una vigilancia por agregación, en la que una acción cotidiana puede alimentar un perfil operativo.
Palantir, contratista habitual del aparato de seguridad estadounidense, desarrolla plataformas que cruzan información gubernamental y comercial para generar pistas operativas, priorizar objetivos y facilitar la localización. En abril de 2025 se reportó un contrato de alrededor de 30 millones de dólares para construir ImmigrationOS, orientado a acelerar y automatizar partes del ciclo de control y deportación con apoyo de inteligencia artificial.
Es una represión silenciosa, distribuida y eficiente, que funciona sin uniforme y sin rostro, pero con consecuencias muy reales. Minneapolis es un laboratorio de control social que anticipa, desde el ámbito de la tecnología digital, el mundo distópico que Trump planea para toda la humanidad.













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