Sistemas de protección social deberían prestar auxilio universal a las personas más vulnerables del mundo ante los efectos de la crisis climática; sin embargo, las carestías humanas aumentan y las capacidades institucionales resultan insuficientes.
Los Estados sometidos a los mayores riesgos por sequías, incendios forestales, inundaciones, huracanes y otros fenómenos naturales suelen tener los niveles más bajos de protección social, advierten estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Como regla, contribuyen en menor medida al deterioro de los ecosistemas, pero sufren los impactos más severos, avalan otras fuentes autorizadas, entre ellas, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Indagaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático sustentan, además, que los países industrializados son los responsables históricos de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero (gei), los cuales aceleran el calentamiento de la Tierra.
Aunque algunas potencias redujeron la carga contaminante, sus emanaciones per cápita de GEI siguen siendo muy superiores a las generadas por los países pobres, sostienen los expertos.
Pese a los compromisos del Acuerdo de París en 2015, las naciones en desarrollo continúan sin recibir la financiación prometida. Tampoco el Norte Global ha priorizado la transferencia de tecnologías limpias, según el principio de «responsabilidades comunes pero diferenciadas».
En los 50 Estados más vulnerables al clima, el 75 % de la población (unos 2 100 millones de individuos) no tiene ninguna cobertura de asistencia, dijo la OIT en su Informe Mundial sobre la Protección Social 2024-2026.
La «dura realidad» es que, a escala internacional, 3 800 millones de personas están totalmente desprotegidas, en un escenario cada vez más adverso debido a las alteraciones extremas del clima, la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
Las brechas, estimó el ente, «son especialmente significativas», dado el papel potencial de la protección social para ayudar a las personas y a las sociedades a adaptarse a una nueva realidad climáticamente volátil y facilitar transiciones justas hacia un futuro sostenible.
Al decir del director general de la OIT, Gilbert F. Houngbo, «la crisis climática nos afecta a todos y representa la amenaza más grave para la justicia social hoy en día».
La protección social universal, distinguió, «encabeza la lista de herramientas que tenemos a nuestra disposición para ayudarnos a garantizar que la crisis climática no agrave las desigualdades y la exclusión existentes en las comunidades afectadas».
Además de ofrecer seguridad en los ingresos y la atención sanitaria, tales políticas pueden ayudar a las familias, los trabajadores y las empresas durante la transición ecológica y permitir prácticas económicas más sostenibles, expuso el análisis.
Esto incluye apoyar a los trabajadores con formación y mejora de sus cualificaciones, de modo que estén equipados con conocimientos y habilidades para el empleo en sectores verdes y con bajas emisiones de carbono, abundó el texto.
Según el diagnóstico, los Estados de renta alta gastan una media del 16,2 % del producto interno bruto (PIB) en cuestiones de protección social (sin contar la salud), mientras los de renta baja solo destinan el 0,8 % de su PIB.
Entre estos últimos se hallan los más vulnerables desde el punto de vista climático, los cuales necesitarían 308 500 millones de dólares adicionales al año (el 52,3 % de su PIB) para garantizar al menos una protección social básica, y ello resulta irrealizable a corto plazo sin el apoyo internacional, señaló el examen.
A juicio del organismo, «si no se invierte en sistemas de protección universal, la crisis climática agravará las vulnerabilidades, la pobreza y las desigualdades existentes, cuando lo que se necesita es precisamente lo contrario».
La situación solo puede superarse aunando esfuerzos y asumiendo responsabilidades diferenciadas proporcionales a las distintas capacidades, reconoció la institución. «Es necesario –argumentó– reconocer que la responsabilidad correctiva especial recae sobre los principales responsables de la crisis».
Esto tiene importantes implicaciones en la financiación de la protección social a nivel nacional, y en el papel del apoyo internacional para los países con capacidades económicas y fiscales insuficientes, que han contribuido en menor medida a la crisis, pero están soportando sus peores consecuencias, sintetizó la OIT.
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