Desde que asumió el poder en 2024, la actual Administración ha implementado una serie de políticas que restringen y persiguen la inmigración, más de 622 000 indocumentados han sido deportados de EE. UU. desde que, el 20 de enero, Donald Trump regresó a la Casa Blanca.
Entre las medidas aplicadas se encuentran la cancelación de la APP CBP One, para solicitar asilo; el fin de programas humanitarios (CHNV); el despliegue de tropas militares en las ciudades y en la frontera; la ampliación de centros de detención y el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos (Alien Enemies Act), para deportaciones sin audiencia.
Un paso de gran impacto negativo en el recrudecimiento de su política antiinmigrantes fue la implementación de la Proclamación 10949, una expansión de las restricciones de viaje que establece la exclusión demográfica selectiva y borró de un plumazo el principio de reunificación familiar.
A todas estas medidas draconianas se suman los operativos lanzados por el Gobierno estadounidense en varias ciudades, cuyo objetivo declarado es la detención y deportación de inmigrantes con «antecedentes penales», que apuntan a la aprehensión masiva de migrantes de Centro y Sudamérica.
Nada nuevo, el racismo endémico, propio de la cultura de esa nación, ha cosechado su siembra de odio durante casi toda su historia. Así, durante los siglos XVIII-XIX se dictó la Ley de Naturalización de 1790, que establecía la ciudadanía solo para «personas blancas libres»; y en 1882 se proclamó la Ley de Exclusión China, primera legislación que prohibía la inmigración basada en la nacionalidad/raza.
La Ley de Inmigración de 1924 (Ley Johnson-Reed) estableció un sistema de cuotas basado en origen nacional, para favorecer la entrada a europeos del norte y el oeste; y en 1930 aplicaron la «Repatriación mexicana», lo cual permitió deportaciones masivas que incluyeron a ciudadanos estadounidenses.
En el siglo XXI, la criminalización de inmigrantes y solicitantes de asilo, el uso de narrativas de «invasión» y amenaza a la seguridad de EE. UU. ha traído como consecuencia numerosas violaciones de derechos humanos en los centros donde permanecen recluidas las víctimas de las redadas y detenciones arbitrarias.
A veces puede parecer contradictoria la coexistencia del discurso de «nación de inmigrantes» con políticas de exclusión; pero, si analizamos los factores estructurales e históricos, quizá podamos «entender».
Desde sus inicios, la ciudadanía estadounidense se vinculó legalmente a la raza, la categoría de «blanco» se ha utilizado como una herramienta para otorgar privilegios e incluir o excluir grupos según conveniencia económica y política; por ejemplo, a los nativos americanos.
La retórica que describe a inmigrantes como un peligro para la «sangre» o la cultura del país repite este patrón histórico, es una narrativa que desvía la atención de causas estructurales como la concentración de la riqueza y las políticas corporativas cargadas de privilegios.
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