Al mediodía de hoy vence la prórroga de dos días y medio, acordada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, para interponer acciones de nulidad administrativa del escrutinio de los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre. Así lo hizo el Partido Libertad y Refundación (Libre), «ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales».
De aprobarse la anulación del proceso, las nuevas votaciones podrían tardar entre cuatro y seis meses, según advirtió la presidenta del CNE, Ana Paola Hall.
La máxima autoridad electoral de ese país concedió también una prórroga –hasta el 15 de diciembre– para revisiones y recuentos especiales, en un proceso comicial permeado por tres factores que empañan su transparencia: problemas técnicos en la transmisión de los datos, constantes denuncias de fraude e injerencia extranjera.
Ante estos acontecimientos, el CNE ha comenzado a desarrollar un proceso de contingencia para escrutar debidamente los tres niveles electivos en juego: presidencial, diputados y corporación municipal, de acuerdo con lo anunciado el sábado por ese organismo. A la par que reconoció que «la parte técnica ha comprometido la continuidad de lo que diseñamos reglamentariamente».
El consejero del CNE, Marlon Ochoa, ha denunciado un golpe electoral, acusación que sustenta con datos sobre eliminación del control biométrico, resultado escandaloso con actas erróneas, fallas estructurales deliberadas desde el simulacro, auditoría externa ignorada y sabotaje interno, adulteración automática del número de votos, fraude automatizado y transferencia de votos y retención de actas cruciales. Agregó, asimismo, intimidación a las personas e intervención extranjera.
Siguiendo esa línea, ayer reveló ante la prensa alteraciones del código fuente del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP) sin autorización del CNE, lo cual transgrede el artículo 282 de la Ley Electoral de Honduras. Además, mostró evidencia de irregularidades en al menos 5 000 actas.
En cuanto a la injerencia extranjera, el peso de la responsabilidad recae en la decisión del presidente de EE. UU., Donald Trump, de escoger públicamente un candidato favorito –Nasry Asfura (Partido Nacional). A su vez, el mandatario argentino, Javier Milei, también posó su apoyo en él, expresando que lo ve como un potencial aliado.
Además, Trump amenazó con cortar la ayuda a Honduras si resultaban ganadores Salvador Nasralla (Partido Liberal) o Rixi Moncada (Libre).
En ese sentido, salió a la luz una confesión del asesor argentino Fernando Cerimedo, contratado por el Partido Nacional, quien admitió haber incidido en la publicación del inquilino del Despacho Oval a favor de Asfura. Así lo informó el abogado hondureño Ric Soto, e insistió en que, con esa confesión, basta para reconocer intervención extranjera en el proceso electoral; de manera que ante ello deben actuar las instancias nacionales pertinentes, en favor de que se haga valer la voluntad popular.
No puede pasarse por alto que, en ese contexto, Trump –el mismo que supuestamente lucha contra el tráfico de estupefacientes en el Caribe y acusa de jefe de un narcoestado a Nicolás Maduro– indultó al expresidente hondureño José Orlando Hernández, extraditado a EE. UU. en 2022, y condenado, en junio de 2024, a 45 años de prisión y cinco años más de libertad supervisada, tras ser hallado culpable de narcotráfico y porte de armas de fuego.
Sin duda, esa nación centroamericana vive uno de sus procesos electorales más controversiales. La elección menos transparente y la más manipulada de nuestra historia democrática, alegó el consejero Ochoa. Sin embargo, les corresponde, en pleno uso de la autodeterminación nacional, resolverlo al interior del país.
COMENTAR
Responder comentario