Linchamientos extrajudiciales en el Caribe

El despliegue aeronaval que Trump ordenó disponer en zafarrancho de combate, amenazando la integridad territorial no solo de Venezuela, sino de las naciones colindantes, constituye el mayor desafío a la paz regional, al menos desde la llamada Crisis de Octubre de 1962. Se calcula que está disperso en el Caribe al menos un 15 % de las fuerzas navales totales estadounidenses.

Ya se sabe, el destino final de esta parafernalia bélica es provocar lo que en el argot de la guerra no convencional se denomina como cambio de régimen en Venezuela. En otras palabras, destruir a la Revolución Bolivariana mediante la fuerza militar; cualquier otro pretexto, por caso, la guerra contra los narcoterroristas, es eso, pura justificación.

Detrás está un poderoso conglomerado transnacional de intereses energéticos y armamentísticos estadounidenses, que presionan sobre la Casa Blanca, a fin de garantizar el control absoluto de las extraordinarias reservas petroleras de Venezuela y, por añadidura, también de países limítrofes.

Estimar la evolución de esta agresión contra la nación sudamericana merece un espacio especial, en un escenario que hasta ahora lo único que mantiene constante es el incremento de unidades y efectivos militares, y de la amenaza implícita.

El desenlace final o cómo continúa esta agresión, dependerá de qué decisión tome el presidente Trump y, sobre todo, de la capacidad de persuasión y, en última instancia, de defensa de Venezuela.

En este contexto, viene al caso detenerse en uno de los aspectos más repudiables de este megaoperativo: las ejecuciones extrajudiciales que las fuerzas armadas estadounidenses están realizando en el Caribe y en el Pacífico oriental.

Sí, porque el hundimiento de lanchas desarmadas sin aviso previo, sin la aplicación de algún protocolo de detención, por ejemplo, como el que emplea la propia Guardia Costera del país agresor, constituye un crimen, no solo desde la perspectiva de las leyes internacionales, sino incluso, y sobre todo, a partir de la propia legislación estadounidense.

Por ejemplo, la Quinta enmienda prohíbe cualquier privación de vida sin un proceso judicial adecuado; la Octava enmienda prohíbe castigos crueles e inusuales. Asimismo, se aplican leyes específicas como la Ley Federal de Pena de Muerte, la Ley de Control de Crimen Violento y Aplicación de la Ley, así como precisiones muy concretas y detalladas en el Código Penal Federal, que califica como asesinato por agentes federales predeterminados, las ejecuciones extrajudiciales, considerándolas un crimen federal punible.

Otros aspectos importantes de este racimo de legislaciones también arrojan meridiana claridad sobre los mencionados agentes federales involucrados, estableciendo que incluye a altos funcionarios, como es el caso del secretario de Estado, Marco Rubio, como se conoce, el cerebro y principal impulsor de esta guerra contra Venezuela.

Rubio ahora disfruta de la inmunidad que le otorga su condición de secretario de Estado. Pero esta no es eterna, terminará a las 12 de la noche del día en que abandone ese cargo, por definición efímero, como lo es lo que se denomina en EE. UU. la pesadilla Trump, es decir, su administración.

En otras palabras, los crímenes que Rubio y otros están implementando, con el hundimiento de decenas de embarcaciones, con un saldo, a la fecha, de más de 75 personas asesinadas, conllevan una condena de cadena perpetua, sin posibilidades de reducción de pena.

Un proceso judicial contra Marco Rubio tendría un alto perfil, razón suficiente para que no pueda evadirlo fácilmente. Ni siquiera sería el primer exfuncionario de alto vuelo procesado. Vean, por ejemplo, el caso de John Bolton, involucrado también en el diseño de otra aventura antivenezolana, cuando ocupaba uno de los cargos que detenta ahora Marco Rubio, asesor de Seguridad Nacional; cualquier semejanza con el pasado «es pura coincidencia».

Otro ejemplo, con sentido provisorio, es la prematura renuncia a su cargo del jefe del Comando Sur, Alvin Hosley, quien advirtió en su despedida que «la gente no entiende lo que hacemos», dijo, en relación con el ataque a las «narcolanchas».

Claro, Washington y el Departamento de Justicia hacen intentos por buscarles una justificación legal al hundimiento de naves y al asesinato a mansalva de personas probadamente inocentes, como el de los pescadores trinitenses o dos de los sobrevivientes, un mexicano y un ecuatoriano, absueltos por sus propios tribunales.

Apelan por caso a la normativa conocida como Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), impulsada por el exmandatario George W. Bush, y aprobada el 18 de septiembre de 2001, siete días después del ataque a las Torres Gemelas, cuando arrancaba su peculiar guerra contra el terrorismo, y en virtud de esta legislación autoadquirieron el derecho de calificar de terrorista al primer musulmán que se le cruzaba por delante.

Lo mismo que ahora, a su libre antojo, los gobernantes estadounidenses pueden etiquetar a quien les parezca como narcoterroristas, bajo el manto, de por sí absurdo, de la AUMF. No debe olvidarse tampoco la unilateral lista de países que supuestamente auspician o toleran el terrorismo, en la que incluyen a naciones víctimas de actos terroristas diseñados y financiados en EE. UU., como es el emblemático caso de Cuba.

Aquí podría aplicarse la lógica elemental. Las autoridades competentes estadounidenses no han podido demostrar, mucho menos ante una corte federal, como lo impone su propia legislación, que las víctimas son terroristas; explican evasivamente que son informes de inteligencia, sin más detalles.

Incluso en un reciente encuentro «cerrado» (briefing clasificado) de Marco Rubio y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, con líderes bipartidistas del Senado, no se pudo establecer la legalidad de los ataques a estas embarcaciones, ni siquiera presentaron un dato clave, la identidad de las víctimas de los hundimientos.

Añádase que es inadmisible que el Gobierno estadounidense actúe al unísono como policía, juez y ejecutor de la pena capital, todo en secreto y según su desleal entender.

Ante tanta prepotencia es impostergable la urgencia de que EE. UU. debe parar las matanzas contra lanchas desarmadas, y enviar al mencionado 15 % de su poder aeronaval a sus bases.

Avanzar hacia una incursión militar contra territorio bolivariano desencadenaría consecuencias políticas y un rechazo contundente, no solo en Nuestra América, sino también hasta en la propia base trumpista, obstinada del involucramiento de su país en sucesivas e inútiles guerras, como reconoció recién el propio mandatario imperial, refiriéndose a otros conflictos en el que su país ha estado involucrado.