Tres hombres más murieron el jueves tras un ataque cinético letal de las fuerzas estadounidenses contra un buque –supuestamente dedicado al narcotráfico– en aguas internacionales. De esa manera, suman alrededor de 17 las acciones de este tipo en el Caribe y el Pacífico oriental.
Ese mismo día, el Congreso de EE. UU. no aprobó, por dos votos –49 a favor y 51 en contra– una resolución bipartidista, con la que se buscaba limitar las acciones, en uso de las Fuerzas Armadas «dentro o contra» Venezuela, dirigidas por el presidente Donald Trump, a menos que el Legislativo emitiese una declaración de guerra.
En la presentación, el senador demócrata Kim Kaine alegó que, tanto los ataques a las presuntas narcolanchas, como las operaciones encubiertas de la CIA en territorio venezolano –que el mandatario admitió haber autorizado– pudieran desencadenar una intervención terrestre.
Además, enfatizó que, en lugar de actuar unilateralmente, si la administración considera necesaria una acción militar, debería someter a debate y votación una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF). Recordemos que esa fue la legislación que le permitió a George W. Bush actuar «contra el terrorismo», tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y que aún es la principal autoridad legal que emplea el Gobierno de EE. UU. para utilizar la fuerza en Afganistán. No olvidemos el refrán que dice que quien inventó la ley, también creó la trampa.
Finalmente, aunque de los republicanos solo votaron a favor los senadores Rand Paul y Lisa Murkowki, los resultados, altamente ajustados, sacan a la luz la división interna que ha causado el despliegue militar que desde agosto tiene lugar, para una supuesta lucha contra el narcotráfico.
Mientras eso ocurría, otra noticia recorría las redes y ponía de relieve la nebulosa que rodea el asunto: la Marina de Guerra anunció una pausa operativa del portaaviones USS Gerald R. Ford. Tres días después de pasar por el estrecho de Gibraltar rumbo al Caribe, este buque –el más moderno de su tipo en la marina de esa nación– no se ha movido del norte de África.
Cuando el lunes 3 de noviembre venció el plazo del llamado reloj de la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, la pregunta era si se respetaría la ley o se aprobarían esas acciones del Ejecutivo. A esta fecha, cuando el Congreso le ha dado la «bendición» al Presidente en la escalada bélica, y conocemos que este le ha dicho a la prensa que todavía no ha decidido atacar a Venezuela y, a su vez, que Nicolás Maduro tiene los días contados, varios estudiosos comparten el criterio de una cercana acción militar.
Por parte de la nación sudamericana, su aliado comercial, Rusia, declaró que ayudaría al país en esta situación. Misiles balísticos hipersónicos, como el Oreshnik y Kalibr, parecen entrar en la defensa venezolana.
¿Qué pasará en meses, semanas, días, horas? Nadie se atreve a asegurarlo con total seguridad. Las posiciones contrapuestas, las declaraciones que acercan y retienen…, solo dejan la certeza de que, desde Washington, se hace más por la prolongación de la amenaza que por su resolución.
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