El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado su decisión de autorizar nuevas operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) contra la República Bolivariana de Venezuela.
Esta noticia, lejos de sorprender, evidencia la continuidad de una política injerencista, que, por décadas, ha sembrado caos, dolor, y muerte en América Latina.
La CIA no es un actor nuevo en la región. Su historial de crímenes contra los pueblos latinoamericanos es amplio, entre ellos:
El golpe de Estado en Guatemala (1954), que derrocó a un gobierno legítimo, para defender los intereses de la United Fruit Company; la Operación Cóndor, que coordinó el terrorismo de Estado en el Cono Sur, dejando miles de desaparecidos y torturados; el golpe contra Salvador Allende en Chile (1973), que instauró una de las dictaduras más sangrientas de la historia; la guerra sucia en Centroamérica, donde financiaron a escuadrones de la muerte y a grupos contrarrevolucionarios.
En el caso de Venezuela, la injerencia estadounidense ha sido constante desde la llegada del Comandante Hugo Chávez al poder, y luego durante los mandatos de Nicolás Maduro.
Entre otras operaciones contra el Gobierno Bolivariano resaltan el golpe de Estado de 2002, en el que la CIA tuvo participación directa, hasta los sabotajes económicos, los intentos de asesinato, y la guerra multiforme más reciente, en la que EE. UU. ha utilizado todas sus armas.
Según fuentes cercanas al gobierno de Washington, las nuevas operaciones encubiertas buscarían fortalecer a grupos de oposición violentos bajo la fachada de «asistencia democrática», sabotear infraestructuras críticas, como el sistema eléctrico y el petrolero; desestabilizar las Fuerzas Armadas Bolivarianas mediante el reclutamiento de traidores y la guerra sicológica, y orquestar campañas de desinformación para justificar una eventual intervención militar «humanitaria».
Bajo el manto de la lucha contra el narcotráfico, quieren generar las condiciones propicias para llevar al poder a un gobierno títere y entreguista, que les permita controlar las riquezas naturales de Venezuela, especialmente sus vastas reservas de petróleo.
COMENTAR
Responder comentario