La actual tendencia de la política exterior de EE. UU., dirigida a aumentar los niveles de confrontación y agresividad en la región, quedó demostrada durante la intervención del mandatario de ese país, Donald Trump, en la ONU.
Ante la «claridad» del máximo jefe de la Casa Blanca, el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció el cinismo de calificar a la nación antillana como Estado patrocinador del terrorismo, y remarcó cómo «instituciones bancarias y financieras de todo el mundo son intimidadas y sancionadas bajo el manto de esa acusación falaz, lo que priva a la nación de créditos imprescindibles».
Tal embuste, erigido por Washington, fue puesto en evidencia en el seno de la Asamblea General de la ONU, cuando el canciller de la Isla, Bruno Rodríguez Parrilla, declaró que esa calumnia «con fines de coerción política», no la «comparte esta Organización, ni ningún otro de sus Estados miembros».
Recientemente, el Gobierno estadounidense anunció que destinará 1 800 millones de dólares para proyectos de ayuda exterior. De ellos, 400 millones serán para América Latina, dirigidos a enfrentar a los «regímenes» de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Más de lo mismo: dinero del contribuyente estadounidense, del ciudadano común, que ve disminuir día tras día sus posibilidades económicas y sociales, mientras la Casa Blanca dilapida millones para cambiar a gobiernos que no se pliegan a sus intereses.
La notificación oficial señala también que los fondos desviados se consignarán a fortalecer el liderazgo global estadounidense, para contener la presencia china en África y en América Latina.
En el contexto latinoamericano, la estrategia extrapola las relaciones comerciales hacia un terreno en el que las amenazas se traducen en medidas coercitivas que aumentan las tensiones internacionales. Y busca aislar y debilitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que encarnan modelos alternativos de desarrollo político y social, evidenciando una nueva escalada de la vieja doctrina intervencionista estadounidense.
En ese escenario, la Casa Blanca no concedió el permiso de traslado a Tania Margarita Cruz, viceministra primera de Salud Pública de Cuba que, al frente de la delegación de la Isla, participaría en el Consejo Directivo 62 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), evento que inició este lunes, justamente en Nueva York. Además, le fue negada la visa a otro miembro de la comitiva.
Al respecto, el mandatario cubano sentenció en x: «Miles de profesionales cubanos han prestado y prestan servicios médicos en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. EE. UU. viola sus obligaciones como sede de OPS/OMS, al privar a la delegación de Cuba a participar en la Organización».
Por su parte, la funcionaria hizo hincapié en que la Mayor de las Antillas «es la nación que más ha contribuido en el hemisferio en la garantía de la cobertura sanitaria a nivel regional».
El llamado a la unidad, la solidaridad y la resistencia política no puede ser más claro ni urgente. América Latina debe fortalecer su integración soberana contra estos embates, que buscan relegarla a meras piezas del tablero de juego en las luchas geopolíticas globales.
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