El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio vomitó odio, prepotencia e irrespeto contra las autoridades judiciales de Brasil, por haber condenado, en juicio legal y transparente, a Jair Bolsonaro.
Al expresidente, por delitos comprobados de trama golpista, organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado, daños por violencia y deterioro del patrimonio nacional, entre otros, se le pidió cárcel por 27 años y tres meses.
El juez relator consideró como agravante que la acusación lo señalara «líder de una organización criminal», que conspiró para impedir la asunción al poder del actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.
Se recordará que aquello fue lo más parecido a lo ocurrido en Estados Unidos, cuando precisamente Donald Trump, hoy presidente, celebró una revuelta similar protagonizada por vándalos que asaltaron el Congreso de ese país, para impedir el ascenso de Joe Biden.
Es posible, entonces, que Bolsonaro y sus defensores acudan a la memoria y recuerden cuando al imputado se le conocía como el «Trump del trópico», y que, precisamente, su émulo no fue juzgado ni condenado, cuando sus más fundamentalistas simpatizantes tomaron el Congreso de Estados Unidos, destruyeron documentos e inmuebles, y nunca, en aquella llamada «cuna de la democracia», se sintió el peso de la ley. Como recompensa, hasta lo eligieron para ejercer un segundo mandato al frente de la Casa Blanca, cargo que actualmente ocupa.
El juicio en Brasil condenó, además de a Bolsonaro, a otros siete involucrados en los hechos, la mayoría con petición de condenas superiores a los 20 años de cárcel.
La irrespetuosa injerencia de Marco Rubio y de la Casa Blanca habló de acción injusta, para tratar de descalificar la decisión de la Justicia brasileña.
Rubio recordó, cínicamente, que «Estados Unidos ya ha impuesto altos aranceles a la mayor economía latinoamericana a raíz del juicio», y ahora «responderá en consecuencia a esta caza de brujas».
Para completar las amenazas contra Brasil llegadas desde la Administración Trump, el propio mandatario republicano escribió que «es muy sorprendente que esto pueda suceder. Realmente se parece a lo que intentaron hacer conmigo».
El interés del Gobierno estadounidense en interferir en la aplicación de la justicia brasileña ha sido cuestionado por el presidente Lula da Silva, quien aseguró que «Brasil es un país soberano, con instituciones independientes que no aceptarán ser controladas por nadie. El proceso judicial contra quienes planearon el golpe de Estado es de exclusiva responsabilidad de la Justicia brasileña y, por tanto, no está sujeto a ningún tipo de interferencia o amenaza que viole la independencia de las instituciones nacionales».
Ahora, mientras Bolsonaro cumple condena domiciliaria, y hasta su salud se ha resentido, por lo que fue hospitalizado, Trump, Marco Rubio y su equipo de buitres quieren destruir la economía de Brasil, e insisten en aplicar nuevos y mayores aranceles a los productos que ingresen en el mercado estadounidense.
El presidente Lula ha proclamado, una y otra vez, que Brasil es un país soberano, y que ningún gobierno extranjero podrá hacerlo claudicar cuando de aplicar la justicia se trata.
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