Más de 11 mil hectáreas de coca fueron eliminadas en Colombia en 2025

El gobierno colombiano eliminó en el transcurso de este año más de 11 mil hectáreas de sembrados de coca entre la erradicación y la sustitución de esas plantaciones por otros cultivos lícitos, afirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Esas acciones, sumadas a la incautación de 700 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo cual evitó que 450 millones de dosis del alcaloide llegaran a las calles del mundo, revelan el compromiso del país en su lucha contra el narcotráfico, aseveró el funcionario en entrevista con Blu Radio.

Sánchez manifestó que la política impulsada por la actual administración, que paga a los campesinos para sustituir voluntariamente las plantas de coca por variedades que contribuyan a la alimentación humana, resulta más efectiva que la erradicación forzada, pues evita la dispersión de las siembras a otras zonas.

Ejemplo de esto, planteó, es que cómo a pesar de la exterminación de 106 mil hectáreas, los cultivos aumentaron en 60 mil en 2021.

Aunque la meta del gobierno es llegar a las 30 mil hectáreas de coca eliminadas antes de que concluya este año, confió en poder alcanzar esa cifra pues, según afirmó, la proyección es superar las 20 mil gracias al programa de sustitución, en tanto la erradicación directa se ubicaría por encima de las 15 mil.

Reveló que en el sureño departamento de Putumayo se reemplazaron ocho mil hectáreas entre 2024 y 2025.

El ministro declaró que, en promedio, cada cuatro horas se destruye un laboratorio de drogas en el país.

El Gobierno colombiano insiste en que su combate a los narcóticos es firme y frontal cuando se espera que en las próximas horas Estados Unidos realice una valoración en cuanto al tema.

Desde inicios de año se teme que la nación norteña descertifique al Estado neogranadino, lo que se traduciría en el retiro de un aval por un supuesto incumplimiento de los estándares contra el narcotráfico.

Dicha acción podría implicar la suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales, y la posibilidad de que se afecte la percepción del riesgo país ante inversionistas y organismos internacionales.