Estadísticas oficiales apenas registran «la punta del iceberg» sobre la llamada esclavitud moderna en el mundo, mientras las raíces estructurales del fenómeno permanecen casi incólumes y alimentan su propagación global.
A la altura de 2021 había aproximadamente 27,6 millones de víctimas del trabajo forzoso, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (oit), que también calculó beneficios ilegales para los perpetradores por alrededor de 236 000 millones de dólares anuales.
Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por su sigla en inglés) identificó casi 75 000 afectados por el tráfico humano en 2022, o según los datos disponibles más recientes. El 42 % de ellos estaba entrampado en ocupaciones a la fuerza, precisó el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de 2024, el cual contempló fuentes administrativas pertenecientes a más de 150 países.
La marcada diferencia entre ambos reportes «subraya la complejidad de detectar y medir la trata de personas, y hace hincapié en la necesidad de métodos de medición exhaustivos», opinaron los expertos de oit, Gady Saiovici y Luisa Sánchez, en julio de 2025.
A juicio de los analistas, la disparidad remarca que «los registros administrativos solo reflejan la punta del iceberg», pues «la mayoría de los casos de trata de personas con fines de trabajo forzoso no se detectan debido a la naturaleza oculta y coercitiva de estos delitos».
Pese a las insuficiencias en las estadísticas nacionales, la pesquisa de la Unodc documentó un incremento del 47 % en el periodo de 2019 a 2022, al compilar averiguaciones de 156 Estados.
Según advirtió la directora ejecutiva de la institución, Ghada Waly, los bandidos «recurren cada vez más a la trata de personas para someterlas a trabajos forzados, incluso para obligarlas a realizar sofisticadas estafas en línea y delitos cibernéticos, mientras que las mujeres y las niñas se enfrentan al riesgo de la explotación sexual y la violencia de género».
Peritos de otras dependencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) coinciden en que las políticas migratorias restrictivas acrecientan los riegos de expoliación, al incentivar las travesías ilícitas. Además, se observa un auge de los menores no acompañados en las fronteras de Europa y América del Norte.
De manera habitual, los traficantes se aprovechan de «la desesperación» de la gente. «Por eso, los refugiados, los inmigrantes, las minorías y personas de otros colectivos desfavorecidos a menudo caen víctimas de la trata», apuntó la Undoc, en un examen de 2018.
Negocios privados de diversa índole –en la agricultura, la construcción, la minería, la hostelería, la industria textil y los servicios domésticos– también extraen jugosos provechos económicos a cuenta del drama cotidiano de quienes abandonan sus lugares de origen en busca de una mejor vida para ellos y sus familias.
La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas aprobó, en 2025, la Clasificación Internacional de la Trata de Personas (ic-tip, por su sigla en inglés), desarrollada por la Unodc y la Organización Internacional para las Migraciones, lo que constituye un importante paso.
De acuerdo con Saiovici y Sánchez, la ic-tip proporciona una metodología mundial armonizada para la recopilación de datos administrativos sobre el asunto.
La búsqueda y la compilación de informaciones sobre una problemática tan escabrosa requieren tanto rigor ético como precisión metodológica, de ahí la relevancia de un proyecto iniciado en 2023 para perfeccionar los instrumentos analíticos.
Es de esperar que, para 2027, sea posible la presentación de las directrices definitivas a la Comisión de Estadística, para su examen y aprobación oficiales.
Bajo el auspicio de la ONU, el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible de 2025 llamó, en el mes de julio, a promover soluciones «inclusivas, basadas en la ciencia y en la evidencia» de cara al cumplimiento de la Agenda 2030, «sin dejar a nadie atrás».
El evento reunió a representantes de los gobiernos, así como a una amplia gama de especialistas, quienes reconocieron la urgencia de dedicar mayores recursos a los fines del «crecimiento inclusivo, el empleo y el trabajo decente para todos».
Como demuestran los hechos, se requieren enfoques integrados de prevención, protección y sanción penal frente a los delitos en análisis; pero las soluciones de fondo exigen, de manera insoslayable, inversiones para el desarrollo sostenible, y estas continúan en retroceso, con un déficit anual superior a los 4,3 billones de dólares a la luz de la Agenda 2030.
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