Perú enfrenta la peor crisis política de su historia reciente y su presidenta, Dina Boluarte, el más alto índice de desaprobación, con un 97 % de rechazo del pueblo.
Cerca de los tres años de iniciada su gestión, en diciembre de 2022, la primera mujer en asumir el Gobierno de Lima, se mantiene en su puesto –según expertos– gracias al apoyo de los sectores más conservadores de la sociedad peruana.
De acuerdo con un sondeo publicado por El Comercio, su impopularidad ha alcanzado cifras exorbitantes, sobre todo entre los ciudadanos de 35 a 44 años, el sector económico activo del país.
Junto a ella, otros altos funcionarios de su gabinete corren igual suerte, entre los que destaca el Presidente del Consejo de Ministros, con números negativos de un 82 %; el titular del Parlamento, con 83 %, y el nombrado al frente de la cartera de Interior, Julio Díaz, de quien los peruanos poco o nada esperan frente al caos de delincuencia que asola a la nación sudamericana.
Y es que el Gobierno de Boluarte ha estado matizado con todo tipo de situaciones, incluida una orden de búsqueda internacional contra su hermano Nicanor Boluarte, acusado de crear y dirigir una red de corrupción encargada de solventar la carrera política de la mandataria, expulsada en enero de 2022 del movimiento izquierdista Perú Libre, y necesitada de respaldo para su candidatura en Ciudadanos por el Perú.
En ese sentido, el representante para el Cono Sur de la Fundación alemana Heinrich Böll, Gitte Cullmann, coincidió recientemente en que, a pesar de tantas situaciones complejas, muchos especialistas vaticinan que Boluarte pueda terminar su mandato en 2026, pues «ella tiene el apoyo de los partidos de derecha del Parlamento, a quienes les sirve mantener el statu quo de un Gobierno frágil que depende de su aprobación».
A este contexto se suma el complejo entramado legal para implementar reformas en Perú y la actual fragilidad del sistema de partidos políticos, lo cual, combinado con algún grado de apoyo internacional a la Presidenta, gracias a la importancia geográfica y económica del país para la región y el mundo, podrá ser la clave para una conclusión total del mandato, a pesar de la amplia desaprobación popular.
Esta propia fragilidad política resulta además la clave de la constante aplicación de estados de emergencia en las principales ciudades y el uso excesivo de militares para el mantenimiento del orden público.
Igualmente, el retroceso de la izquierda nacional, tras el derrocamiento del anterior presidente, Pedro Castillo, y las diferencias al interior de este movimiento en cada urbe, que impiden su consolidación a nivel de país, constituyen el caldo de cultivo para que el pueblo peruano siga enfrentando una de las peores situaciones de inseguridad de su devenir.
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