Pretextos, estrategias y objetivos

Parece que «el disco no se le raya» a Washington cuando se trata de acusar de narcotráfico al Gobierno venezolano. «Reciclan» la pista una y otra vez, y le hacen algunos ajustes a la letra, pero la historia sigue siendo la misma: «Maduro, jefe de la mafia, la droga y, simultáneamente, del Cartel de los Soles, el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa».

Este último «cargo» le fue «conferido», recientemente, por la fiscal estadounidense Pam Bondi, quien –sin pruebas que la sostengan– usó esa narrativa para ascender a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve hasta el mandatario bolivariano.

De acuerdo con el Reporte Mundial sobre Drogas 2025, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd), solo el 5 % del narcotráfico internacional usa a Venezuela como ruta para mover sustancias ilícitas.

De esa manera quedan respaldadas las cifras ofrecidas por el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien se refirió a la efectividad de las políticas antinarcóticos en ese país, que han permitido incautar, en lo que va de año, más de 51 000 kilogramos de droga, sobre todo, cocaína.

Además, amparados en la Ley Orgánica de Drogas, aprobada por el Parlamento venezolano, los organismos de seguridad del Estado han neutralizado, desde 2012, más de 300 aeronaves dedicadas al narcotráfico, según dio a conocer el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López.

Justo en medio de las acusaciones de la Casa Blanca, donde «visten» a Maduro con el «traje» de jefe del narcoparamilitarismo, el reporte de la Onudd menciona a EE. UU. como el país con mayor consumo de drogas. A esa información, que no requiere de números oficiales para que sea de conocimiento internacional, se suma el hecho de que el mercado de las drogas tiene como una de las autopistas y destinos principales el territorio norteño, en el que opera toda la estructura del narcotráfico, desde lavado de capitales hasta distribución y consumo.

A principios de agosto, en Plaza Venezuela, justo donde se encuentra el recién inaugurado monumento de la Victoria de la Gran Guerra Patria contra el Nazifascismo, fue desarticulado un intento de sabotaje terrorista, que pretendía detonar allí tres kilos de TNT, operándolo desde un teléfono analógico. Las ondas expansivas y de fragmentación, se calcula, podrían haber alcanzado entre 400 y 600 metros, respectivamente.

Tras capturar a la mayoría de los implicados en ese plan minuciosamente pensado, Diosdado Cabello aseguró que «siempre estas operaciones están bajo la dirección del Gobierno de EE. UU.».   

Luego, el día 14, fue incautado otro lote de material explosivo, en el estado de Anzoátegui. La operación, a la que estaba destinado, pretendía atacar empresas petroleras, hospitales, instituciones del Estado y a figuras públicas. 

Más adelante, en una maniobra llevada a cabo en el estado de Miranda, se confiscaron fusiles francotiradores de distinto calibre, supresores para silenciar armas, miras para el alcance de objetivos y otras partes de fabricación manual.

Ya no solo piden la cabeza de Nicolás Maduro, sino también la de la población civil, pues Plaza Venezuela es uno de los sitios más concurridos de la nación sudamericana. La ubicación en la que encontraron la mochila con los explosivos, se encontraba cerca de una estación de Metro, y de instalaciones con gas; mientras que la segunda operación terrorista marcaba, como metas, puntos estratégicos de asistencia médica. ¿El objetivo de la tercera? Repetir el escenario del 11 de abril de 2002. Esta vez, como aquella, el golpe fue fallido.

Ante esas amenazas, Diosdado Cabello, también vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, remarcó que los involucrados en actos de violencia enfrentarán las consecuencias legales correspondientes. Asimismo, en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, reveló que el Gobierno tiene conocimiento de reuniones clandestinas entre la opositora de la ultraderecha más reaccionaria, María Corina Machado, y algunos empresarios, en Colombia, para coordinar acciones de desestabilización.

El insulto máximo, casi calificado como preludio de guerra, fue el reciente despliegue militar estadounidense en aguas del sur del Caribe, de cara a Venezuela. ¿El pretexto para tal confrontación? El Gobierno Bolivariano como narcoestado. No parece acabar nunca «esa canción».

Criminalizar la figura del presidente Nicolás Maduro –incluso con testimonios o supuestas confesiones carentes de pruebas que los sustenten– no es más que una fórmula reutilizada y sin éxito anterior en ese país. ¿El objetivo?: lograr los tan anhelados planes intervencionistas, justificar las deportaciones y las más de mil medidas coercitivas unilaterales impuestas a la cuna de Bolívar y Chávez.

Esta estrategia sostenida de desestabilización busca aumentar la presión, desde dentro y fuera del país, hasta provocar el caos. El asedio permanente no es ensañamiento, es claridad de la posición estratégica de tener a Venezuela para ampliar el margen de maniobra de Washington en América Latina y el Caribe, que insisten en defender su decisión de ser una zona de paz.