Tras años de un dilatado proceso judicial, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, fue finalmente condenado, acusado de fraude procesal y soborno en actuación penal, entre otros delitos.
En un día histórico para el pueblo, la jueza Sandra Liliana Heredia, en lo que muchos analistas ya califican como «el juicio del siglo», consideró que Uribe ofreció beneficios económicos para encubrir otros procesos y manipuló testigos con el objetivo de vincular al senador Iván Cepeda con hechos ilegales.
En ese sentido, el exmandatario recibió la imposición de la pena final, dictada por la magistratura, de 12 años de prisión domiciliaria. Además, fue condenado a pagar una multa de más de 3 444 millones de pesos colombianos, y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante poco más de ocho años.
El fallo constituye un hito en la historia de la justicia colombiana, pues es la primera vez que un expresidente se enfrenta a una condena, luego de un juicio penal en calidad de «ciudadano común».
No obstante, varios medios publicaron ayer que la defensa de Uribe presentó una acción de tutela para impedir su detención, cuyo objetivo es obtener una respuesta rápida de la justicia a la orden de privación de libertad aún no ejecutada, mientras es tramitada la sustentación de apelación, programada para el día 13 de agosto.
Más de una década después de la presentación de las primeras pruebas incriminatorias en su contra, y de que en 2020 fuera condenado a otro arresto domiciliario siendo Senador de la República, no fue hasta la llegada a su cargo de la actual fiscal general Luz Adriana Camargo, en 2024, que el caso del expediente de Uribe tomó el cauce de la verdadera justicia.
A raíz del dictamen, eran de esperarse, por parte de la prensa simpatizante con el exmandatario, fuertes ataques contra la magistrada, quien, por su parte, expresó al inicio de la audiencia que «la justicia no está al servicio de la prensa ni de la política, está al servicio del país».
Pero más allá del significado legal que representa este veredicto, dando un espaldarazo a décadas de contubernio y negocios bajo las mesas de alcaldes, senadores y hasta del mismísimo presidente, lo cierto es que resulta un fuerte golpe a la ultraderecha nacional, de cara a las próximas elecciones presidenciales, en mayo de 2026; en un contexto marcadamente polarizado que, para bien o para mal, no ofrece aun seguridad absoluta a ningún partido político de alcanzar la mayoría necesaria para gobernar desde la Casa de Nariño.
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