Sanción económica: una «medida no violenta» que cobra vidas

Las sanciones económicas impuestas unilateralmente por algunos Estados sí matan. Así lo recordó una publicación de Misión Verdad, basándose en un estudio de la revista The Lancet Global Health.

El análisis –dirigido por los economistas Francisco Rodríguez, Silvio Rendón y Mark Weisbrot, y respaldado por datos de 152 países– expone que esas medidas restrictivas «impuestas por EE. UU. o la Unión Europea se asociaron con 564 258 muertes anuales entre 1971 y 2021».

Aunque el objetivo declarado es forzar cambios de comportamiento, según los investigadores, «todas las sanciones económicas, en última instancia, funcionan como sanciones a la salud», afectando el acceso a servicios médicos, seguridad alimentaria y desarrollo socioeconómico, lo que perjudica especialmente a «niños, mujeres y las poblaciones más marginadas».

Otro artículo publicado en la revista revela que, derivado de las sanciones, ha habido un aumento del «3,1 % en la mortalidad infantil y un ascenso del 6,4 % anualmente en la mortalidad materna, entre 1990 y 2019».

Argumenta que el incremento de las sanciones ha sido constante desde 1950, según la Base de Datos Global de Sanciones. Sin embargo, «su tasa de éxito para lograr el objetivo declarado se mantiene en torno al 30 %».

Misión Verdad expone que «Venezuela, sometida a sanciones a partir de 2017, registró entre 2012 y 2020 una contracción económica del 71 %, y picos de escasez que afectaron directamente la disponibilidad de tratamientos oncológicos y retrovirales. En Iraq, el embargo impuesto tras la invasión de Kuwait coincidió con la muerte de más de 500 000 niños durante la década de 1990, de acuerdo con Unicef», subraya.

«Siria acumuló sucesivas rondas de sanciones desde 2011, reforzadas con la Ley César, en 2020, y hoy cuenta con el 90 % de su población bajo la línea de pobreza».

En el caso de Cuba, según el último informe presentado ante las Naciones Unidas, tan solo cuatro meses de bloqueo «equivalen al financiamiento requerido para cubrir las necesidades del cuadro básico de medicamentos del país durante un año.

«Para los países sometidos a sanciones, el desabastecimiento inducido no es una intervención quirúrgica sino una forma sostenida de coerción. Con 564 000 muertes adicionales al año, la etiqueta de “medida no violenta” se derrumba», se lee en la publicación.