El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, máximo órgano judicial del país, hizo pública la decisión de su Primera Sala que confirma la inclusión del expresidente Jair Bolsonaro y siete aliados como acusados por un presunto intento de golpe de Estado durante 2022.
El documento, de aproximadamente 500 páginas, sistematiza los argumentos presentados en la sesión del 26 de marzo, cuando los cinco ministros de este tribunal avalaron por unanimidad la denuncia interpuesta por la Fiscalía General de la República.
La publicación formaliza el inicio de la fase de impugnaciones, en la que los equipos legales de los implicados serán notificados y dispondrán de un plazo promedio de cinco días para presentar observaciones sobre el contenido del fallo.
Si alguna defensa cuestiona aspectos formales o sustantivos de la sentencia, el ministro relator Alexandre de Moraes —encargado del caso— solicitará la opinión del Ministerio Público Federal antes de resolver sobre la admisibilidad de estos recursos.
De Moraes podrá tomar una decisión individual o someter las objeciones a deliberación colegiada. Una vez concluidos estos trámites, el proceso avanzará a la fase de instrucción procesal, etapa en la que se recabarán pruebas documentales, testimonios de peritos y declaraciones de los acusados.
Según trascendió, la Primera Sala solo emitirá un veredicto definitivo —que podría resultar en condenas o absoluciones— tras agotar todas estas diligencias. El panel está integrado por los ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin (presidente del STF), Flávio Dino, Luiz Fux y Cármen Lúcia Antunes.
La Fiscalía General acusó en febrero a Bolsonaro y a otras 33 personas de delitos como organización criminal armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daño calificado al patrimonio público.
Las penas acumuladas por estos cargos superan los 30 años de prisión. Según el fiscal general Paulo Gonet, los hechos investigados se remontan a mediados de 2021, con una campaña de desprestigio al sistema electoral y las urnas electrónicas, y alcanzaron su punto crítico el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes radicales del expresidente asaltaron las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia.
Los investigados fueron divididos en cinco grupos según su presunto rol en los hechos. El 26 de marzo, la Primera Sala analizó específicamente al denominado núcleo crucial, señalado como eje de la supuesta conspiración. Tras la sesión, el abogado Celso Vilardi, defensor de Bolsonaro, calificó de «preocupante la falta de acceso al proceso».
COMENTAR
Responder comentario