caracas, Venezuela.–Mientras camina por una calle neoyorquina, lo paraliza el cañón de una pistola en su sien. Gotas gélidas de sudor le describen la curva de la espalda, más que cuando cruzó el Darién en busca de nuevos caminos económicos. No pudo reaccionar. La sombra a su costado se materializó, lo abracó y apresó.
Esa es la realidad de más de 200 migrantes venezolanos desde que este fin de semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los enviase a una celda del Centro de Confinamiento del Terrorismo, en El Salvador, tras apelar a la Ley de Enemigos Extranjeros.
Ese instrumento «legal», aprobado por el Congreso en 1798, otorga a los mandatarios de EE. UU. la potestad de ordenar la detención y expulsión de ciudadanos de los países con los que mantenga hostilidades bélicas, para prevenir sabotajes y espionaje. Así, la ley agiliza el proceso de deportación, pues no requiere pruebas, a la par que impide a los detenidos ejercer sus garantías judiciales.
De acuerdo con reportes de prensa, la norma solo ha sido aplicada en tres ocasiones: En 1812, en la guerra entre EE. UU. y el Reino Unido, y durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. La justificación que en esta oportunidad usó el mandatario republicano fue declarar que el Tren de Aragua –reconocida banda criminal– estaba «penetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión predatoria contra el territorio» nacional.
De esa manera, como ¿defensa?, Trump dictó que todos los venezolanos con al menos 14 años de edad, que estén en EE. UU., que sean miembros del Tren de Aragua y que no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, fueran detenidos y expulsados por ser «enemigos extranjeros».
James Boasberg, juez del Distrito de Columbia, manifestó que tal declaración era insuficiente para aplicar la ley, sobre todo porque fue establecida en tiempos de guerra. Con esa consideración, el funcionario decretó la suspensión de las deportaciones. Sin embargo, su orden fue irrespetada.
El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, denunció que los ciudadanos enviados desde ee. uu. a El Salvador «están secuestrados», y les ha sido negado el debido proceso judicial. «Los montan en aviones y los maltratan», dijo. Y aseguró que «esto tiene un fin económico (…) Estados Unidos está pagando 6 000 dólares por cabeza (…). Emplea esta ley en beneficio propio. Serán sometidos a trabajo esclavo para generar ganancias y financiar el sistema represivo y penitenciario que implementa».
Además, reiteró que en el territorio nacional fue desmantelado por completo el Tren de Aragua, organización criminal «vinculada con la extrema derecha para generar zozobra en el país», y que a su vez recibía financiamiento de la Usaid. «¿En qué cabeza cabe que todos los venezolanos pertenecen al Tren de Aragua? Es una patraña, una falsedad, una excusa vil», sentenció.
Se trata, aseguró en un comunicado oficial el Gobierno de la nación sudamericana, de «un acto que evoca los episodios más oscuros de la historia de la humanidad». Y denunció que los migrantes venezolanos que cruzan la frontera en busca de alternativas de vida, lo hacen por razones económicas, como consecuencia del bloqueo criminal impuesto a la nación bolivariana.
Es «un precedente peligroso contra toda nuestra región. La unidad y la solidaridad de Nuestra América es la única respuesta posible frente a este intento de segregación, persecución y despojo masivo».
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