El lobby anticubano en Estados Unidos se reorganiza y retoma su ensañamiento

A pesar de la aseveración realizada por varios especialistas sobre un posible cambio de política de la nueva administración demócrata con relación a Cuba, el gobierno de Joe Biden tendrá que enfrentar a un lobby anticubano «crecido» por el apoyo del mandatario saliente, Donald Trump.

Un elemento a tener en cuenta en el nuevo escenario es la cifra récord de diez cubanoamericanos en el Congreso de Estados Unidos. Se trata de los republicanos Carlos Giménez, María Elvira Salazar y Nicole Malliotakis; Albio Sires, demócrata de Nueva Jersey, y los republicanos Mario Díaz-Balart, de Florida; Alex Mooney, de Virginia Occidental, y Anthony González, de Ohio.

Los otros electos son los senadores Marco Rubio, por Florida, y Ted Cruz, de Texas, dos republicanos a los que se suma el demócrata Bob Menéndez, de New Jersey.

La reinclusión de Cuba en la lista de estados que patrocinan el terrorismo contó siempre con el apoyo entusiasta de Marco Rubio y Ted Cruz. Desde el año 2017, Rubio le entregó a Rick Scott, entonces gobernador de la Florida, un memorando de dos páginas que incluía esta propuesta.

Las acciones de presión fueron constantes por parte de la extrema derecha cubanoamericana, y por funcionarios de alto nivel de la administración Trump. Uno de los más «animosos» fue Mauricio Claver–Carone, arquitecto de la política hacia Cuba y Venezuela en la Casa Blanca, y actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, especie de eminencia gris detrás de todas las maldades contra el pueblo cubano.

Marcar a la Antilla indómita como «malvada y terrorista» fue considerado vital para eliminar las medidas de Obama y comenzar una espiral de acciones agresivas que terminaran con el rompimiento de las relaciones diplomáticas y llegar más lejos. Incluso, pasó por la mente calenturienta de Carone, Rubio y compañía, la idea de una agresión militar, utilizando una fuerza multinacional e invocando el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

El resultado electoral precipitó los acontecimientos. Ante la derrota electoral de Donald Trump, se convirtió en objetivo imprescindible enlistar a Cuba como favorecedora de actividades terroristas, para dificultar cualquier acción de acercamiento entre Washington y La Habana durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

La nueva administración tendrá que enfrentar y vencer los argumentos fundamentales utilizados como pretexto para agredir a la Isla, la reincorporación de Cuba a la lista de países que patrocinan el terrorismo, la manipulación sobre las violaciones de los derechos humanos, las acusaciones sobre el monopolio de los militares sobre la economía y el apoyo a Venezuela.

Estos elementos serán la «piedra de toque» del lobby anticubano frente a cualquier acción de acercamiento por parte de Joe Biden. Los utilizarían para obstaculizar la implementación de los 22 instrumentos bilaterales adoptados y vigentes sobre los temas de interés común, y frenar el diálogo ante la posible evaluación, por parte de la Casa Blanca, del coste político de eliminar cualquiera de estos pretextos.

La primera acción del lobby ya está en curso. Según el Nuevo Herald, la recién electa congresista María Elvira Salazar inició su legislatura con un proyecto de ley copatrocinado por otros cubanoamericanos.

La propuesta busca condicionar la salida de Cuba del listado: «el gobierno cubano tendría que liberar a todos los presos políticos y comprometerse a realizar elecciones libres y justas».

Ocho congresistas más, incluido Mario Díaz-Balart, Carlos Giménez, Alex Mooney y Nicole Milliotakis, copatrocinaron el proyecto.

Carlos Giménez, exalcalde condal y recién electo congresista, expresó que «es hora de que el Congreso dé un paso adelante y nombre, de forma permanente, al régimen comunista en Cuba como un estado patrocinador del terror».

Esperemos que con la nueva administración no primen los intereses espurios de la minoría anticubana que ha convertido la infamia en negocio, la subversión contra Cuba en jugosa industria, y la inmoralidad en cartera política.