Un estudio publicado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) define el lawfare como el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. «Describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar», expresa el mencionado análisis.
América Latina ha sido, en los últimos años, el laboratorio para la implementación de esta operación contra los líderes progresistas, a raíz de la llegada al poder de la derecha, aliada tradicional de las oligarquías nacionales y de Estados Unidos. Ejemplos irrefutables han sido abordados con anterioridad en nuestro medio de prensa. Pero, ¿es posible que esta estrategia se enriqueciera paulatinamente y se adaptara a los peculiares escenarios de las naciones?
La inhabilitación de los adversarios políticos y la postergación de los procesos electorales se erigen hoy como las fórmulas para la continuidad del lawfare en la región.
El actual ejecutivo ecuatoriano, aunque venció en las pasadas elecciones enarbolando las banderas y con el apoyo de los seguidores del movimiento Revolución Ciudadana del expresidente Rafael Correa, se ha dedicado sin tapujos al ataque contra el «correísmo».
«Han sido más de tres años ininterrumpidos de persecución contra Rafael Correa: dos procesos en etapa de juicio (Balda, Sobornos), a lo que habría que añadir alrededor de 30 investigaciones previas, abiertas y pendientes (declaradas como “reservadas” en la propia Fiscalía); infinitas portadas y titulares en su contra en los medios más grandes del país; apropiación de las siglas del movimiento Revolución Ciudadana; intentos múltiples de proscripción electoral del nuevo partido (Compromiso Social); y, cómo no, no quieren permitirle que se presente como candidato a ningún cargo posible en la próxima cita electoral, que tendrá lugar en febrero del año próximo», destaca el director del Celag, Alfredo Serrano Mancilla.
Recientemente, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador decidió eliminar el registro electoral del Partido Fuerza Compromiso Social, del cual forman parte los miembros del movimiento Revolución Ciudadana que lidera el expresidente Rafael Correa.
Aunque el Tribunal Contencioso Electoral ecuatoriano dejó sin efecto este domingo la suspensión del Movimiento Compromiso Social, según Prensa Latina, queda clara la parcialización política de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2021.
Luis Arce –candidato presidencial para las elecciones generales de 2020 en Bolivia por el Movimiento al Socialismo (mas)– encabeza las preferencias de la ciudadanía de cara a la próxima cita electoral en ese país, mientras que la gestión de gobierno de Jeanine Áñez registra una evaluación mayoritariamente negativa entre la población, arrojó un estudio realizado desde el Área de Opinión Pública del Celag.
Además del intento de proscribir al mas y a sus candidatos con tergiversaciones y manipulaciones políticas; tras las amenazas y presiones vertidas por el ejecutivo de facto, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución postergando, por tercera vez, la fecha de las elecciones generales para el 18 de octubre de 2020, acción que desconoce la vigencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Este resulta el panorama político de dos naciones sudamericanas afectadas por la continuidad del lawfare, mezquina estrategia de la derecha neoliberal para perpetuarse en el poder contra la voluntad popular, esencia misma de la democracia.
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