La notable incongruencia entre el ejercicio artificial del poder asumido por la fuerza que representa la autoproclamada presidenta JeanineÁñez, y la presión de un Parlamento que intenta hacer valer la voz mayoritaria del partido Movimiento Al Socialismo (mas), resulta una evidencia constante del clima delicado de ingobernabilidad en Bolivia, tras la asonada golpista a Evo Morales.
La noticia del forcejeo más reciente tiene el nombre de Luis Fernando López, destituido esta semana de su cargo de ministro de Defensa, por «decisión» de una Áñez que, después de ratificarlo el fin de semana en desafío frontal al Parlamento, debió firmar horas después –y a regañadientes– la democión.
La Asamblea Legislativa de Bolivia censuró el pasado viernes a López por no haberse presentado a un acto de interpelación, donde debía aclarar tanto la petición de renuncia realizada por las Fuerzas Armadas al presidente Morales, en noviembre del año pasado, como la represión durante las protestas.
López se disculpó por no haberse presentado, pero la Asamblea ignoró sus excusas, argumentando que se trataba de la tercera ausencia suya a una convocatoria similar.
La moción de censura se traduce de forma inmediata en destitución del censurado, según el Artículo 158 de la Constitución. Sin embargo, Áñez había rechazado la petición el fin de semana.
En el empeño de la mayoría parlamentaria del mas para poner algunas luces sobre la exacerbada violencia durante el golpe de Estado, la Asamblea Legislativa Plurinacional ha aprobado también una resolución que persigue conformar la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre los hechos de octubre y noviembre de 2019.
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