Condena Venezuela la imposición de medidas coercitivas contra los pueblos

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, llamó a esta instancia a condenar las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos (EE.UU.)  contra su pueblo.

Durante la 43 Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la cual se celebra en Ginebra, Suiza, el Canciller venezolano también precisó, según VTV, que la acción de Venezuela en el Consejo está orientada a promover el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas.

«Apoyaremos firmemente las iniciativas para luchar contra la discriminación racial, la xenofobia y demás formas de intolerancia conexas y seguiremos defendiendo los principios de universalidad, imparcialidad y objetividad, basados en el diálogo internacional productivo y la cooperación, para impulsar la promoción y protección de todos sus derechos, incluyendo el derecho al desarrollo», dijo el Canciller.

Resaltó que Venezuela condena la violación de los Derechos Humanos y considera que los gobiernos que impongan, apoyen o faciliten la implementación de medidas coercitivas y unilaterales, no deben ser parte de este Consejo de Derechos Humanos.

Reiteradamente han sido condenadas en Naciones Unidas esas decisiones por ser contrarias al derecho internacional humanitario, a la Carta de las Naciones Unidas y a las más elementales normas y principios que rigen las relaciones civilizadas entre los Estados.

«Las medidas coercitivas de EE.UU. han significado una abrupta caída del petróleo, la pérdida de 120 000 millones de dólares y la adquisición de alimentos y medicamentos para el pueblo», acotó Arreaza.

Afirmó que en dicho Consejo ya se han condenado estas posturas en forma de sanciones, y que a pesar de todos estos pronunciamientos el Gobierno de Estados Unidos, y otros que deciden acompañarle, continúan implementando tales medidas bajo criterios ideologizados, con intención de obligar al país a renunciar al ejercicio de sus derechos soberanos.