Este miércoles, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4) de Porto Alegre votó a favor de ampliar la condena contra el expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso de Atibaia, pasando de 12 años y 11 meses de prisión a 17 años, un mes y diez días.
Luego de conocerse el anuncio, el Grupo de Prerrogativas, que reúne a los mejores abogados del país, emitió una dura nota contra el fallo del TRF4.
«La justicia ha muerto. Es un intento de condenar al expresidente Lula a toda costa, incluso la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha contaminado», dice el texto.
Con esta decisión del TRF4, Lula no volvería a prisión inmediatamente, ya que se tendrían que agotar los recursos de la defensa del líder. Sin embargo, se trata de un paso más hacia una posible condena que lo podría conducir de nuevo a la cárcel, refiere Russia Today.
A causa del nuevo fallo, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) acumula dos sentencias en segunda instancia, tras el caso del apartamento Triplex, por el que estuvo preso un año y siete meses. Lula da Silva aún tiene seis procesos más abiertos ante la Justicia brasileña.
Por su parte, Lula afirmó que su estrategia es continuar la batalla legal y política para demostrar su inocencia. «Tengo que demostrar que todos los juicios en mi contra son falacias, mentiras, inventos, tanto de los medios de comunicación como del Ministerio Público y del juez Sergio Moro», declaró al diario El País- Brasil.
«Para mí es una cuestión de honor demostrar a 210 millones de brasileños que mis acusadores son mentirosos», añadió.
Señaló, además, que quiere ayudar a reconstruir el pt y prepararlo para competir en las elecciones municipales de 2020 y en las presidenciales de 2022.
El líder obrero estuvo 580 días privado de libertad, acusado de delitos de supuestas acciones de corrupción. El pasado 8 de noviembre de este año, Lula da Silva logró salir en libertad de las instalaciones de la Penitenciaría Federal de Curitiba, localizada en el estado de Paraná, tras una sentencia que ordenaba la liberación de los condenados en segunda instancia.
La defensa del líder petista ha declarado en múltiples ocasiones que no existe ningún tipo de evidencia para acusarlo.
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