Siguiendo el patrón dictado por EE.UU., aplicado por los gobiernos de Ecuador, Chile y los golpistas bolivianos, el gobierno de Colombia decretó la expulsión de 60 venezolanos a los que acusa de afectar la «seguridad nacional» durante las protestas, que se iniciaron el 21 de noviembre.
Desde la mañana del lunes, los venezolanos fueron embarcados en un vuelo que salió del aeródromo militar de la Fuerza Aérea Colombiana, en las afueras de Bogotá, hacia la frontera, según refiere Telesur.
El presidente colombiano, Iván Duque, calificó, en su intento por criminalizar las protestas, como «vandalismo puro» los hechos de violencia que se registraron en Cali y Bogotá, vinculándolos a las protestas en contra de su Gobierno. En ambas ciudades se estableció toque de queda.
En varias urbes se han realizado cacerolazos nocturnos y protestas pacíficas, dispersadas por el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía de Colombia. Escuadrón que fue denunciado por la Defensoría del Pueblo «por el uso desmedido de la fuerza».
El pasado viernes se confirmó que tres personas murieron en medio de las manifestaciones en el departamento del Valle del Cauca, y casi 300 resultaron heridas en el país, según el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, responsabilizó a su homólogo colombiano de la crisis que vive estos días el país vecino y afirmó que es incapaz de «darle paz, bienestar, prosperidad y protección social al pueblo de Colombia».
De eso hablan los asesinatos como el de Hernán Antonio Bermúdez Arévalo, líder comunitario involucrado en la lucha por la restitución de tierras en Colombia, quien fue ultimado en la zona rural de Mundo Nuevo, del municipio de Riohacha, capital del departamento de La Guajira, al noreste del país.
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