EE.UU. en modo «piratas del Caribe» contra Cuba y Venezuela

El pasado viernes 5 de abril el gobierno de los Estados Unidos aplicó medidas coercitivas a embarcaciones y empresas que trabajan para PDVSA por «exportar petróleo a Cuba», según informó su vicepresidente Mike Pence.

«Estados Unidos sanciona a 34 embarcaciones más que están operando para PDVSA transportando el crudo a Cuba», dijo en una rueda de prensa a la vez que resaltaba que Cuba tiene un «sistema de imperio en el hemisferio y por ello se debe generar un cambio político en Venezuela».

La «vía Cuba» para acelerar la intervención y el golpe

Las sanciones afectarían a 34 buques con los cuales Estados Unidos bloquearía toda transacción y a dos empresas navieras, Ballito Bay Shipping Incorporated, con base en Grecia, y ProPer In Management Incorporated con sede en Liberia, por su vinculación con el barco Despina Andrianna que, según las autoridades estadounidenses, entregó petróleo venezolano a Cuba durante febrero y marzo de 2019.

Pence exclamó «¡El petróleo de Venezuela pertenece al pueblo venezolano!», en medio de aplausos de algunos miembros de la comunidad venezolana que apoyan el golpe contra el presidente Nicolás Maduro y que fueron reunidos en el Instituto Baker de la Universidad Rice, en Houston (Texas).

Allí agregó: «Como ha dejado claro el presidente Trump: todas las opciones están sobre la mesa. Y Nicolás Maduro haría bien en no poner a prueba la determinación de Estados Unidos».

A su vez Steven Mnuchin, secretario del Departamento del Tesoro, indicaba mediante en un comunicado que «Cuba ha sido una fuerza de fondo alimentando el descenso de Venezuela hacia la crisis» y que «El Departamento del Tesoro está tomando acciones contra barcos y entidades que transportan petróleo y ofrecen una ayuda vital para mantener el régimen ilegítimo de Maduro».

También recalcó que «Cuba continúa aprovechándose y respaldando al régimen a través de mecanismos de petróleo a cambio de (ayuda para la) represión para mantener a Maduro en el poder».

De esta manera Washington acusaba a La Habana de beneficiarse del crudo venezolano a cambio de enviar a Caracas asesores políticos, agentes de inteligencia, militares y médicos ampliando su injerencia en ambos países y amenazaba con tomar más medidas. El señalamiento de «injerencia cubana» a lo interno de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) ha sido reiterado por voceros del antichavismo al tiempo que desde el gobierno se ha manifestado que dicho discurso es una táctica para dividir al sector militar y estimular un golpe de estado.

Más sanciones en medio del intento de ablandamiento militar

La siguiente semana, el 12 de abril, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionaba a 4 compañías con sedes en Liberia e Italia y a 9 barcos cargueros de petróleo con banderas de Italia, Malta, Grecia y Panamá.

El pasado viernes 10 de mayo la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a otras dos empresas navieras.

Las navieras sancionadas más recientemente son Monsoon Navigation Corporation y Serenity Maritime Limited.

La primera, con sede en Majuro, Islas Marshall, es la propietaria de la embarcación Ocean Elegance, que entregó crudo desde Venezuela a Cuba desde fines de 2018 hasta marzo de 2019 y la segunda, con sede en Monrovia, Liberia, es dueña del buque Leon Dias, también utilizado entre finales del año pasado y marzo de este año para llevar crudo venezolano a la isla caribeña.

En el comunicado del pasado viernes, la OFAC detalla que, como resultado de la penalización impuesta, «en adelante todos los bienes e intereses propiedad de las empresas sancionadas, y de cualquier otra que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 % o más de las mismas, que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueadas y deben ser reportadas a la OFAC».

Además, la OFAC amenazó con nuevas medidas punitivas en el sector de defensa y seguridad de Venezuela mientras precisaba que las sanciones son una respuesta directa al «arresto ilegal» de miembros de la Asamblea Nacional (AN) por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en referencia a la detención del primer vicepresidente del Parlamento en desacato, Edgar Zambrano, ocurrido el 8 de mayo.

Zambrano cursa juicio por haber participado abiertamente en el fracasado golpe de estado que organizó la Administración Trump el pasado 30 de marzo, los logros de la intentona fueron la evasión del líder antichavista Leopoldo López de la medida de casa por cárcel que le otorgó el Estado a partir del diálogo político y el descubrimiento de un militar infiltrado por la CIA en la inteligencia venezolana.

En este sentido Mnunchin, en un intento de ablandamiento al alto mando militar, subrayó a «los servicios militares y de inteligencia de Venezuela, así como a aquellos que los apoyan», que «su continuo respaldo del régimen ilegítimo de Maduro tendrá graves consecuencias» recordando que las sanciones de Estados Unidos no tienen por qué ser permanentes, y poniendo como ejemplo el levantamiento de las medidas tomadas contra el exjefe del SEBIN, Christopher Figuera, luego de que éste apoyara el fracasado intento de rebelión militar.

«Estados Unidos sigue dejando en claro que la cancelación de las sanciones está disponible para (...) quienes toman acciones concretas y significativas para restablecer el orden democrático, se niegan a participar en abusos contra los derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el régimen ilegítimo de Maduro, o combaten la corrupción en Venezuela», señaló.

Reacciones e implicaciones

Las medidas suponen la congelación de los activos financieros que las empresas puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíben la realización de transacciones financieras con ellas.

Además de afectar el derecho internacional y la soberanía de ambas naciones intentan fragmentar la alianza entre ambos países caribeños por razones ideológicas, sumando así otro renglón en la lista de bloqueos, sabotajes económicos e intentos de golpe de Estado que aplica Washington contra Venezuela.

Al respecto el canciller venezolano, Jorge Arreaza, manifestó que los embargos antivenezolanos de Estados Unidos violan tanto el derecho internacional como los principios económicos y comerciales que dice defender el propio Gobierno de Trump. Respecto a la cooperación energética con Cuba dijo que «Siempre nosotros haremos cumplir los compromisos venezolanos y, por supuesto, los compromisos con los pueblos hermanos como Cuba y con el pueblo venezolano».

Al ser preguntado sobre las sanciones Arreaza agregó que no puede revelar la estrategia y apuntó que «nosotros somos expertos en guerrilla» y que «aún cuando el poder convencional del capitalismo te ataca, tú tienes que saber responder por las vías no convencionales, respetando la ley internacional siempre. Somos expertos».

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel expresó que las medidas son «un acto de extraterritorialidad, injerencia y de soberbia». Mientras que el canciller cubano agregó que el «Ataque contra PDVSA y sus buques es un acto de piratería».

Por su parte Rusia calificó de «ilegales» las referidas sanciones y recalcó su apoyo a estos dos países, que son sus aliados estratégicos, en palabras del viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov. "El objetivo de EE.UU. es] lograr el cambio del rumbo político de dichos Estados en la dirección que necesita", manifestó el funcionario quien recalcó que Moscú está «alerta» ante las políticas de Washington y hará todo lo posible para ayudar a sus aliados en la región de América Latina.

Objetivo: romper la alianza Cuba-Venezuela

Ante la imposibilidad de desalojar al chavismo del poder en Venezuela por la vía del cerco económico, la administración Trump busca afectar más aun la economía cubana para deshacer «la troika», como denominara Bolton en Miami durante el noviembre pasado al Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela-Nicaragua.

Ciertamente el fracaso experimentado el 30 de marzo ha enfurecido y descolocado al grupo que hoy dirige la Casa Blanca, las consecuencias de las medidas contra Caracas y La Habana no se harán esperar, comprometen mucho más las economías de ambas naciones y buscan generar miedo e incertidumbre entre las empresas y países que comercian o se relacionan con Venezuela, de la misma manera que actúa la ley Helms-Burton contra Cuba desde 1996, la misma que se pretende ahora fortalecer con las amenazas de activación plena de su Título III.

Los líderes Fidel Castro y Hugo Chávez firmaron el 30 de octubre del año 2000 dicho Convenio, este abrió la posibilidad de que decenas de miles de profesionales cubanos prestaran servicios en Venezuela en sectores claves como la educación y la salud mientras el país suramericano, por su parte, ofreció garantías a Cuba para el suministro de combustible que antes se debía importar de destinos más lejanos y costosos.

Cortocircuitar esta alianza afectaría la Misión Barrio Adentro en la que médicos cubanos han llevado a cabo más de 1.300 millones de consultas a pacientes venezolanos, salvando potencialmente millones de vidas.

De igual manera perjudicaría a más de 60 mil pacientes venezolanos con padecimientos oftalmológicos como los que resultaron beneficiados en el 2017 con intervenciones quirúrgicas para la atención de su afección como parte del programa social Misión Milagro.

En 21 de los 24 estados del país se aplica en la actualidad el novedoso producto médico cubano contra la úlcera del pie diabético, Heberprot-P, que ha mejorado la vida de unos 300 mil pacientes en el mundo.

Las sanciones afectarían a otros sectores como el deporte, la cultura y la educación que también han resultado beneficiados mediante el método educativo «Yo sí puedo» y la Misión Robinson a través de la cual Venezuela fue declarada país libre de analfabetismo.

(Tomado de MisionVerdad.com)