El filibusterismo del siglo XXI contra Nicaragua

A mediados del siglo XIX, un estadounidense soñó con gobernar Nicaragua. William Walker partió en 1855 hacia la joven nación centroamericana, dividida por un conflicto civil. Logró instalarse en la silla presidencial a punta de revólver y artimañas políticas. La Guerra Nacional Centroamericana que se desató por sus ilusiones concluyó con la rendición de los filibusteros el 1ro de mayo de 1857. Walker había ordenado antes quemar Granada, la ciudad de columnas moriscas en las riberas del lago Cocibolca.  

Ya entrado el siglo XXI, algunos todavía sueñan con aventuras de filibusteros. Pero como esta no es época de cañoneras y rifles Springfield, las técnicas de dominación se han complejizado para obtener los mismos objetivos.

Un grupo de 25 legisladores presentó la semana pasada en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley que lleva una bandera negra con calaveras en el mástil. Lo que pretenden es que Washington vote en contra de los préstamos que el gobierno de Nicaragua solicite ante entidades financieras multilaterales hasta que no obtenga compromisos del Gobierno sobre supuestos «cambios democráticos».

La llamada Nica Act (por las siglas en inglés de Acta de Condicionalidad a la Inversión en Nicaragua) es un cerco contra la nación centroamericana, cuya economía no ha parado de crecer durante los últimos años de administración sandinista, en beneficio de la calidad de vida de la mayoría de la población. El futuro es aún más promisorio con importantes inversiones foráneas incluida la construcción de un nuevo canal interoceánico.

Los promotores del proyecto llevan parche en el ojo y tienen un conocido historial de piratería en las aguas del Caribe. La republicana Ileana Ros-Lehtinen, quien aúpa cuanto proyecto belicoso contra Cuba pase por sus manos, se alió con el demócrata Albio Sires para llevar la Nica Act a la Cámara Baja. En el Senado y su influyente Comité de Relaciones Exteriores, el republicano Marco Rubio es el principal promotor de sanciones contra la nación centroamericana.

De ser aprobada, la ley solo sería suspendida si Nicaragua promueve la realización de elecciones «libres, justas y transparentes».

De esa manera, supuestos expertos en democracia desconocen por completo la contundente victoria del Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo en los comicios de noviembre del año pasado, cuando obtuvieron más del 72 % de respaldo popular.

Los comicios en los que millones de nicaragüenses salieron a respaldar al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que gobierna desde el 2007, fueron reconocidos en el mundo entero y contaron con observadores internacionales.  Pero la verdad, como todo filibustero sabe, resulta la primera baja cuando suena la pólvora.

Esta no es la primera vez que se presenta la Nica Act al Congreso. En septiembre del año pasado, a pocos meses de las elecciones en Nicaragua, el proyecto fue aprobado por la Cámara, pero luego no alcanzó los votos en el Senado. No es casual que este año se presente también antes de la celebración de los comicios municipales, en los que se espera una arrolladora victoria de los sandinistas.

El gobierno nicaragüense reaccionó con rapidez a la nueva movida en Washington. «Al presentar la Nica Act 2017, este grupo de congresistas pretende vulnerar el derecho de Nicaragua, nuestro pueblo y gobierno, a continuar desarrollando nuestro modelo cristiano, socialista y solidario», aseguró la compañera Rosario Murillo.

La vicepresidenta del país aseguró que Nicaragua continuará consolidando su modelo de reconciliación nacional, paz y unidad, que ha sido reconocido por sus logros sociales, económicos y de seguridad en una región convulsa.

La comunidad internacional también se ha sumado a la crítica. El recién concluido Consejo Político de la Alianza Bolivariana para Nuestra América-Tratado de comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) emitió una declaración de apoyo. «Esta llamada Nica Act constituye una perversa pretensión de imponer un bloqueo económico al pueblo y Gobierno de Nicaragua, atentando contra el derecho de ese hermano país al bienestar, la seguridad, el trabajo y la paz», señaló el texto aprobado en La Habana.

Los países del Alba añadieron que el proyecto es «una nueva amenaza de las muchas que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua».

Y lo cierto es que el país centroamericano, conocido por sus lagos y volcanes, nunca ha salido de la mira de Washington.

A los filibusteros de Walker le siguieron las ocupaciones de los marines yanquis. Luego, la dictadura de los Somoza fue apoyada por todas las administraciones norteamericanas desde Franklin D. Roosevelt hasta Gerald Ford, quizás con la honrosa excepción de Jimmy Carter. Fue Roosvelt quien inmortalizó aquello de «sí, Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta».

Cuando no lograron evitar el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979, optaron por socavar la economía y armar a la oposición para una guerra civil. Ronald Reagan implantó formalmente el bloqueo en 1985, pero es más recordado por el escándalo Irán-Contra, desatado por la venta de armas a la nación persa para abastecer a sus mercenarios en Nicaragua, a pesar de que ambas cosas estaban prohibidas por el Congreso.

Pero cuando los filibusteros del siglo XXI izan velas hacia el sur, deberían tener en cuenta el destino de Walker y los marines expulsados por los soldados descalzos de Augusto César Sandino, así como la resistencia de los nicaragüenses en la década del 80 y la reconquista sandinista del gobierno en el 2007. De lo contrario, sus aventuras pueden salirles caras.