Oposición o la «unidad» quebrada

CARACAS.—La tenacidad, podría decirse, es la base de la resistencia con que el chavismo ha sostenido su Revolución frente a la incesante arremetida desestabilizadora y de desprestigio atizada desde dentro y fuera del país.

A los ojos del mundo, el progreso o no del diálogo que hoy tiene sentados a la mesa al Go­bierno revolucionario y a la oposición definirá los altibajos de la tensión política; pero entre una sesión y otra, de los últimos anuncios al si­guiente, la cotidianidad demuestra que la confrontación interna y el forcejeo económico tienen una expresión latente en el día a día.

Hasta hoy, lo refrendado en el papel supera a lo concreto logrado, y desde la arrancada de las conversaciones, lo más notable es la relativa tranquilidad que en materia de movilizaciones domina las calles.

Los discursos, por su parte, no han varia­do la polaridad tradicional, y si por un lado el Gobierno nacional, en la propia persona del Presidente Nicolás Maduro, insiste incansablemente en la permanencia de la Mesa, va­rios sectores de la derecha amenazan con le­vantarse y procuran pretextos para boico­tearla.

Que el bando revolucionario incumple lo acordado es el argumento que repiten hasta la saciedad sin aportar el más mínimo elemento, mientras reclaman la libertad masiva de per­sonajes corruptos y violentos que llaman «presos políticos», aun cuando el Ejecutivo ha reafirmado varias veces que la mayoría de esos nombres «no están ni estarán» en discusión, en clara referencia a ejemplos como el de Leo­poldo López, autor intelectual y ejecutante del plan La Salida que desencadenó las guarim­bas del 2014 y provocó la muerte de 43 vene­zo­lanos.

El diálogo, sin embargo, promovió entre los opositores un ambiente de desentendimiento que ha sacado a la luz las fragmentaciones in­ternas de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

No fueron pocos los embates contra el re­presentante opositor Carlos Ocariz, del partido Primero Justicia, quien casi al día siguiente de publicados los acuerdos fue forzado a de­clarar que la parte donde la derecha reconoce la existencia de un boicot económico promovido por ellos, fue una mala interpretación del documento suscrito, «porque sí hay boicot, pe­ro del lado del Gobierno».

Lo cierto es que tras los anuncios conciliatorios ya se dieron sucesivos eventos divisivos en el seno de la oposición, sobre todo entre las cúpulas de los partidos que la integran.

La primera muestra fue la autoexclusión de la mesa de negociaciones del radical Voluntad Popular, liderado por el recluido Leopoldo Ló­pez, y cuya plana mayor declaró que las condiciones no estaban dadas para sentarse a ha­blar, en tanto aseguraban que mantendrían la agitación de las calles.

Con su renuncia, quedaron en el proceso solo los nombrados por las toldas dominan­tes de Primero Justicia y Acción Democrática, más Un Nuevo Tiempo; un grupo al  que a pesar de ser tres, los medios conservadores llaman G4, y cuya exclusividad en la participación de las conversaciones ha generado muchas ronchas en el resto de los miembros de la MUD.

Esta misma semana hubo declaraciones fuertes de varios dirigentes de la alianza, entre ellos Omar Ávila, de Unidad Visión Vene­zue­la, quien reprochó la segregación de los demás integrantes opositores en la toma de decisiones y exigió una mesa de diálogo interna para «dar­le una gran batida, una reestructuración» a la coalición, dijo, citado por AVN.

Al reclamo por la exclusión arbitraria se unió María Corina Machado, de Vente Vene­zue­la, re­cordando que desde el mes de enero nun­ca más hubo una plenaria de los 26 par­tidos.

«No se trata de reclamar que a nosotros nos excluyeron y que no nos tomaron en cuenta pa­ra consultarnos una decisión, no estamos defendiendo una parcela, sino que el país en es­tos momentos requiere de la opinión consensuada del mayor número de la sociedad», afirmó, de acuerdo con la propia agencia noti­ciosa.

Ávila significó la urgencia del encuentro y requirió que se realizara antes del 6 de diciembre, fecha fijada para la próxima reunión entre el Gobierno y la oposición.

En el diálogo también participa como re­pre­sentante de la MUD Henri Falcón, el controvertido gobernador del estado de Lara, calificado por el chavismo como un «saltatalanquera» debido al cambio de bando político que protagonizó años atrás.

Autodenominado abanderado de la reconciliación, varias tendencias lo señalan como candidato de los indecisos; pero como sus pos­turas no satisfacen a unos ni a otros, padece el rechazo incluso de buena parte de sus supuestos aliados, que lo niegan en su rol de nego­ciador y hasta decidieron montar campaña en su contra de cara a las elecciones de go­bernadores.

Según la cuenta de Twitter del concejal bo­livariano del municipio Iribarren, José Alejan­dro Natera, hubo una reunión en la ciudad de Barquisimeto, capital estadal, en que el alcalde (de Causa R) se postularía para gobernador, y el diputado Luis Florido (de Voluntad Popular) para alcalde, en una estrategia conjunta que impediría la reelección de Falcón.

A la par de estas fragmentaciones se han da­do signos —algunos tácitos y otros evidentes— del reconocimiento que la MUD ha tenido que hacer ante sus desatinos y desesperos, como la afirmación publicada por Jesús To­rrealba en un reciente artículo de opinión.

En el escrito, el secretario general de la MUD asevera que el pretendido juicio político que la bancada derechista de la Asamblea Nacional intentó usar como herramienta para dar un golpe parlamentario a Nicolás Maduro, no es constitucional.

«La verdad verdadera es que en la Cons­titución Nacional no existe la figura del “juicio político” o impeachment, como el que sacó del poder a Richard Nixon en Estados Unidos o a Dilma Rousseff en Brasil», aceptó.

En la noticia conocida la semana anterior, sobre la desincorporación de los tres diputados de Amazonas juramentados ilegalmente en julio pasado a contrapelo de la sentencia del Tri­bunal Supremo de Justicia (TSJ) que los invalidó, también se muestra el reconocimiento solapado de las equivocaciones de la oposición; al mismo tiempo que lo evidencia la petición de Henrique Capriles de solicitar ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), el 6 de di­ciembre, la activación de un proceso revocatorio contra el presidente de la República para el 2017, con lo cual admite la frustración de las aspiraciones de realizarlo este año.

A estas alturas, y como consecuencia de la confrontación política, ya no es el Gobierno Bo­livariano el único que batalla en varios frentes, aunque en el caso del Ejecutivo sea para vencer la disputa y avanzar en el progreso económico del país.

A la defensa de la Revolución y todas sus conquistas sociales, ante la arremetida oligárquica interna, ha sumado los esfuerzos colosales por consolidar la diversificación productiva de la nación mientras resiste los embates de una conspiración internacional que va desde la falsedad mediática, pasando por la componenda diplomática, hasta las estrategias financieras.

La última zancadilla conocida fue el retraso intencional que bancos norteamericanos provocaron en el pago a tenedores de bonos de petróleo una vez que la nación sudamericana ya había erogado puntualmente los montos; una estratagema que el Gobierno denunció como asedio premeditado para desprestigiar y atacar directamente a la estatal PDVSA.

Por su parte, la dirigencia de la oposición po­lítica venezolana, al parecer concebida solo pa­ra derrocar cuanto huela a Revolución y no pa­ra proponer soluciones alternativas coherentes y creíbles, aunque adversen, se ha visto forzada a enfrentar, como una nueva línea de ba­talla, a sus mismos seguidores, cansados ya de marchas infructuosas, maniobras inútiles, y de sus propios cabecillas gritones y fracasados, que a casi un año de las parlamentarias no avan­zaron un milímetro en el golpe de poder prometido para este almanaque, y que se ha estrellado una y otra vez contra la resistencia del gobierno bolivariano y su respaldo popular.