Acuerdos dichos que aguardan hechos

CARACAS.—Los seis acuerdos resultantes de la segunda reunión del diálogo entre el Gobierno chavista y la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sugieren al me­nos que ninguna solución extrema resolverá, por ahora, el conflicto político y la crisis económica en Venezuela.

En las líneas de cada párrafo conciliatorio, especialmente en los de la Declaración Con­junta Convivir en Paz, suscrita por ambas partes, predomina la tesis de que solo en la acción concertada, de cierto modo cooperativa y sobre todo pacífica, está el camino efectivo para aliviar esa tensión prolongada que afecta sensiblemente cualquier aspecto de la vida nacional.

En materia de lenguaje se había impuesto hasta ahora una agresividad tan cáustica que parecía no era posible, siquiera en palabras, lograr un acuerdo para trabajar juntos por un país cuyas necesidades cotidianas más urgentes se han exacerbado en la confrontación política: por un lado la resistencia de la iniciativa socialista impulsada por el presidente Nicolás Maduro, empeñado en sacar a flote a la nación con esfuerzos productivos plenamente soberanos; y por otro la alternativa derechista del sabotaje económico, la conspiración institucional y la inculpación mediática contra un gobierno que quieren derrocar a toda costa.

Dada la tirantez visible en los discursos abiertos, las movilizaciones de calle, la usurpación de una Asamblea Nacional (AN) to­mada como instrumento para fabricar un gol­pe de Estado contra un Ejecutivo que, mientras resiste el embate político, asume todo el peso de la gestión administrativa del país; a muchos tomó entonces por sorpresa la suscripción de tales acuerdos, tanto por el contenido en sí, como por el tono alusivo a un «entendimiento» que no pocos observan con desconfianza.

Ya había ocurrido un primer encuentro que no fue sino para instalar formalmente el proceso de diálogo en distintas mesas de trabajo, de las cuales no se sabría más hasta este 11 de noviembre; un periodo en que no se detuvo la ofensiva verbal, y que la derecha aprovechó para crear un ambiente de ultimátum con el fin de aumentar la presión contra el Gobierno.

No era de esperar, por tanto, que en la inmediatez de la segunda reunión se definiera de tal forma eso que dieron en llamar «hoja de ruta», para avanzar hacia medidas concretas en asuntos tan medulares, y que han sido precisamente los objetivos principales de los ataques de la oligarquía nacional, interesada en desmontar el esquema social y de relaciones de poder transformados por la Revolución Bolivariana.

Veamos cómo, por ejemplo, el primero de los acuerdos va sin rodeos al centro de la cuestión más preocupante de la actualidad venezolana: la economía, justamente el que ha sido hasta hoy el teatro de operaciones fundamental para ambos extremos políticos: uno en la ofensiva por el progreso, y otro en contraofensiva para demeritar toda gestión positiva.

Al menos en el papel, el anuncio responde de un modo primario al deseo de ese 80 % de la población que las encuestas dieron como favorable al diálogo, y que fue el primero en acoger con beneplácito el comunicado final de la reunión; sobre todo en el fragmento del acuerdo inaugural que fija la disposición de «trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana».

Lo mejor es que el postulado no se queda en la epidermis, sino que especifica el interés de tomar acciones concretas, urgentes, sujetas a fiscalización mancomunada, y con una visión productiva distinta al tradicional esquema dependiente de las rentas petroleras, para resolver dos problemas acuciantes.

En ese sentido, el acuerdo aboga por «priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción e importación», e insiste en «promover el diseño y aplicación de políticas de cooperación entre los sectores público y privado para monitorear, fiscalizar y controlar los mecanismos de adquisición y distribución de insumos y mercancías».

La segunda cláusula se enfoca en la necesidad de superar la conflictividad política que ha generado la condición actual de nulidad que pesa sobre los actos de la opositora AN, por desacatar las órdenes del Tribunal Supremo de Justicia.

En tal propósito, instaron «a los poderes públicos competentes a actuar en la resolución de la situación del caso Amazonas en términos perentorios»; pues si recordamos, el desacato radicó en la juramentación por la directiva de la AN de los tres diputados opositores elegidos en el estado selvático, en un proceso acusado de fraudulento y sujeto a investigación.

En la misma cuerda política, asociada al interés electoral de las partes, una por defender los plazos actuales y otra por adelantar votaciones generales o realizar un referendo revocatorio del mandatario de la República, conveniaron trabajar de manera conjunta y en el marco constitucional «para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral, que culminan su mandato en di­ciembre del 2016».

En el siguiente acuerdo, el Gobierno y la MUD fijaron una posición unánime respecto a defender los derechos legítimos de Venezuela sobre la región de la Guayana Esequiba, «en el marco de la soberanía nacional y en resguardo de la integridad territorial»; un tema que en su punto de discusión más álgido, también fue pretexto para la brecha política interna.

El sexto y último acápite está dirigido a fortalecer la institucionalización del diálogo co­mo un proceso que continúa, y para el cual, según dio a conocer el secretario de Unasur, Ernesto Samper, invitará a participar activamente en la mesa a representantes de los distintos segmentos de la sociedad venezolana.

De igual modo informó la decisión de crear una Comisión de Seguimiento y el nombramiento de un Gobernador por cada parte, que serán el socialista Jorge Rodríguez por el Eje­cutivo Bolivariano, y por la MUD Luis Aquiles Moreno.

Sin embargo, aunque constituyó el acuerdo número cinco, la rúbrica de la mencionada Declaración Conjunta Convivir en Paz, tuvo quizá tanto impacto como el anuncio de los compromisos en su totalidad; pues el lenguaje del texto desborda una sensatez muy por encima de los desatinos que han dominado la confrontación política, pide apoyar el proceso de conversaciones por encima de los intereses parciales, e invita a dirimir las diferencias con un apego estricto a la vía democrática, constitucional y sobre todo pacífica.

Ahora, más allá del aplauso por los postulados conciliadores que las letras suponen, falta ver si las acciones inmediatas se corresponderán con lo escrito y publicado.
De momento, apenas horas después del cierre de la segunda reunión, ya hay declaraciones de varios dirigentes opositores que in­sisten en la agresividad verbal y recalcan la salida del actual Gobierno como única solución posible.

Capriles ofende abiertamente, Ramos Allup vuelve sobre la culpa directa del «régimen chavomadurista», y otros líderes rechazan los acuerdos; en tanto Jesús Torrealba, cabecilla de la MUD en la Mesa, critica a los gritones y violentos, pero anuncia la reactivación de la «agenda de calle» y especifica que el propósito primero sigue siendo la salida definitiva del mandatario Nicolás Maduro.

En fin, que en la fracción de derecha hay todavía demasiadas voces contradictorias cultivando escepticismo en esa parcela grande que separa el dicho del hecho; mientras el Gobierno, apegado a la convocatoria al diálogo, prioriza el asunto, pero no descuida un segundo el impulso de una agenda económica distinta, cuyo éxito será, a la postre, el surtidor mayor de credibilidad y apoyo popular que reflejarían las urnas.