Cristina Fernández: persecución política es una maniobra regional

BUENOS AIRES.—La expresidenta argentina Cristina Fernández afirmó ayer que la persecución política y de hostigamiento mediático en su contra se extiende también a nivel regional, informó PL.

Esta es una maniobra formidable que no es original, se ve también en Brasil, contra el expresidente Lula Da Silva, afirmó en declaraciones a la prensa tras rendir declaratoria por una causa en la que se le adjudica favorecer una obra pública durante su mandato.

Tienen como destinatarios a quie­nes representamos simbólicamente los procesos de inclusión social y de transformación económica más im­portantes que han tenido lugar y que incorporaron a millones de personas. Es una maniobra a nivel re­gional y en mi caso, obviamente una maniobra del actual gobierno, remarcó.

Tras calificar como un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforme un poder ejecutivo surgido de elecciones li­bres, resaltó que el Gobierno de Mau­ricio Macri trata de esta manera de tapar el desastre económico y social reinante en el país.

«No se puede tapar el sol con la mano, dijo, si nuestro gobierno fue una asociación ilícita, el de Macri es una asociación ilícita terrorista porque genera terror entre los ciudadanos cuando llega la factura de la luz, del gas, cuando van al supermercado. Tratan de esconder lo que es un verdadero desastre económico y social».

La exmandataria reiteró que pi­dió a los tribunales una auditoría completa de las obras públicas du­rante su gestión y planteó la nulidad de su indagatoria.

Van contra todos esos dirigentes que piensan que pueden ser candidatos a las elecciones y ponen en peligro su proyecto electoral. Por eso, subrayó, no es casual la insistencia del voto electrónico con un chip. Se ha demostrado en todas partes que este tipo de sistema tiene serias vulnerabilidades y apuntan al fraude.

La exmandataria calificó de locura el operativo policial de ayer en los tribunales de Comodoro Py, donde iba a rendir la declaratoria.

La líder política fue citada por un hecho en el que se le atribuyen supuestas irregularidades en la adjudicación de obras públicas al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz durante su presidencia.