La letra pequeña de la directiva presidencial de Obama sobre Cuba

Tras décadas de documentos secretos que encubrían sabotajes y planes desestabilizadores, la nueva directiva presidencial de Barack Obama sobre la política hacia Cuba se dio a conocer el viernes pasado de manera pública.

El mandatario estadounidense dijo que el documento tiene un enfoque integral, abarca todas las instancias de gobierno y tiene el objetivo de hacer irreversibles las transformaciones de los últimos dos años.

«Promueve la transparencia dejando claras nuestras políticas e intenciones», añadió.

La asesora de Seguridad Nacional, Susan Rice, fue aún más lejos al reconocer que en el pasado hubo «planes secretos contra Cuba», pero ahora decidieron hacer públicas las directivas ejecutivas respecto a las relaciones con la Mayor de las Antillas.

El diablo, como dice el refrán, está en los detalles. Bajo un lenguaje tecnocrático y los neologismos típicos de la diplomacia, el texto esconde muchas de las contradicciones que se mantienen entre los dos vecinos.

Desde los anuncios del 17 de diciembre del 2014, las autoridades norteamericanas han dicho en varias ocasiones y de diferentes ma­neras que cambian los métodos, pero no los objetivos.

«Reconocemos la soberanía y autodeterminación de Cuba», precisa la directiva firmada por el propio Obama, luego de calificar el accionar del último medio siglo como una «política desfasada que fracasó en avanzar los intereses de Estados Unidos».

«No estamos tratando de imponer un cambio de régimen en Cuba; estamos, en cambio, promocionando valores que apoyamos en to­do el mundo, respetando al mismo tiempo que corresponde al pueblo cubano tomar sus propias decisiones sobre su futuro», se lee en otro acápite del documento.

Sin embargo, el propio discurso de Rice en el  Centro Woodrow Wilson de Washington, y el posterior intercambio con la prensa, evidencia en su tono y su contenido que aún no han desaparecido las aspiraciones de promover cambios en el ordenamiento político, económico y social que escogieron los cubanos en 1959.

La influyente asesora de Seguridad Na­cional justificó el cambio de política actual con el argumento de que Estados Unidos no podía «sentarse a esperar» que Cuba cambiara, sin involucrarse en el asunto.

También dijo que Washington estaba «interesado» en los cambios que han ocurrido en la Isla, según ella, producto del acercamiento entre ambos países a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas.

«Queremos relacionarnos de forma honesta con el pueblo cubano», añadió Rice y aseguró que para ello harán más «transparentes» los conocidos programas de «promoción de la democracia» en Cuba.

Bajo esta etiqueta Estados Unidos encubre los proyectos de cambio de régimen a los cuales destina millonarias sumas desde hace décadas, sin alcanzar sus objetivos.

La directiva contiene términos casi idénticos en las indicaciones finales a las distintas instancias de gobierno, en especial a la Agen­cia de los Estados Unidos para el De­sarrollo Internacional (USAID), que está en la mira de varios países del mundo por sus labores subversivas y que en Cuba estuvo detrás de operaciones como ZunZuneo, la red alternativa de mensajes que pretendía crear una base de operaciones entre los jóvenes.

«La USAID liderará conjuntamente con el Departamento de Estado los esfuerzos para asegurar que los programas democráticos sean transparentes y coherentes con los programas en otras sociedades similares», detalla el documento, como si el mero hecho de transparentar esos programas los harían automáticamente aceptables para Cuba, sin que cambiara su naturaleza subversiva

Más allá de la oscuridad en la frase «otras sociedades similares» y asumiendo que Cu­ba no es el único país donde Washington pone dinero para tratar de influir en las decisiones de pueblos soberanos que no responden a sus intereses, se abren varias preguntas: ¿En qué consiste «transparentar» dichos programas? ¿Qué sean «transparentes» los hace menos sub­versivos?

Ejemplos recientes como el caso de las becas de la organización World Learning para cur­sos de verano, otorgados de manera su­brepticia y al margen de las autoridades cubanas, resultan ilustrativos respecto a los intereses de fondo en estos programas subvencionados por la USAID al mejor estilo de las «Re­voluciones de colores».

La directiva reconoce que esas operaciones afectan el proceso hacia la normalización de las relaciones, pero no da indicios de que se pretenda cambiarlas, ni tampoco modificar otros aspectos que atentan contra los nexos entre ambos países: «Anticipamos que el go­bierno cubano continuará oponiéndose a las políticas y operaciones estadounidenses de migración y a los programas de democracia, Radio y TV Martí, la presencia de los Estados Unidos en la Base Naval de Guantánamo y el embargo (bloqueo)».

«El gobierno de los Estados Unidos no tie­ne intención de modificar el tratado de arrendamiento vigente y otras disposiciones relacionadas con la Base Naval de Guan­tá­namo, que permite a los Estados Unidos mejorar y preservar la seguridad nacional», refiere el texto sobre uno de los puntos que constituye una demanda soberana del pueblo cubano respecto a la parte de su territorio que se mantiene ilegalmente ocupado y un aspecto esencial sin cuya solución no podrá haber relaciones normales.

¿A QUÉ PUEBLO CUBANO SE PRETENDE BENEFICIAR?

«El objetivo de la nueva política es ayudar al pueblo cubano a lograr un futuro mejor por sí mismo», apunta la nueva directiva presidencial. Sin embargo, resulta evidente que el grueso de las transformaciones que ha llevado a cabo la Casa Blanca desde el 17 de diciembre del 2014 están dirigidas a un sector muy específico de la población cubana y no al beneficio de la mayoría.

Entre los resultados que pretende lograr Estados Unidos en el largo plazo con la transformación de su política hacia Cuba está «el desarrollo de un sector privado que ofrezca mayores oportunidades económicas para el pueblo».

«Mientras que el embargo (bloqueo) se mantenga en su lugar, nuestra función será la de aplicar políticas que permitan la interacción del sector privado de los Estados Unidos con el sector privado emergente de Cuba y con empresas estatales que proporcionan bienes y servicios a la población cubana», indica la directiva.

El modelo económico cubano, cuya actualización se ha sometido a consulta popular en varias ocasiones, reconoce al sector no estatal como una fuente de empleo y un complemento para el desarrollo económico del país. Sin embargo, la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción y la empresa estatal socialista son las claves del presente y el futuro próspero y sostenible al que se aspira en la Isla.

La directiva estadounidense obvia, en su concepto de pueblo, a tres de cada cuatro cubanos que trabajan en el sector público y que no son beneficiarios de prácticamente ninguna de las transformaciones actuales.

Aunque sin dudas la persistencia del bloqueo constituye el principal obstáculo para el comercio y la normalización de las relaciones económicas, también es clara la intencionalidad de priorizar el sector privado sobre el público (que es mayoritario en Cuba) con fines políticos y de crear divisiones en el país.

Se contradice la propia directiva cuando asegura, en el acápite de Panorama Estra­tégi­co, que Cuba tiene «un importante potencial económico arraigado en el dinamismo de su pueblo, así como un compromiso sostenido en áreas como la educación y la salud».

Durante más de medio siglo, el capital privado no ha entrado en una escuela u hospital cubano, pero Washington no duda en reconocer a ambos sectores como baluartes estratégicos del futuro del país.

MEDIDAS EN EL CAMINO CORRECTO PERO LIMITADAS

La última ronda de medidas de los departamentos de Comercio y Tesoro, que acompañaron la publicación de la directiva, van en el mis­mo camino de las anteriores, pe­ro con un al­cance muy limitado, selectivo e in­ten­cio­nado.

Si bien se aprueba por primera vez la importación desde Estados Unidos de productos farmacéuticos y biotecnológicos cubanos —en be­neficio sin dudas de su propia población que podrá acceder a tratamientos como el del He­berprot-P para la úlcera del pie diabético—, se mantiene la limitación de crear empresas mixtas en este sector para el desarrollo y comercialización de dichos productos.

La apertura en este campo constituye una prueba de las amplias facultades ejecutivas que conserva el presidente norteamericano pa­ra modificar aspectos sustanciales de la aplicación del bloqueo, que continúa restringiendo las exportaciones de la inmensa mayoría de los productos cubanos al mercado del país vecino, el de mayor tamaño del mundo.

La mayoría de las medidas están dirigidas a ampliar transacciones ya autorizadas en pa­quetes anteriores, lo que muestra su alcance limitado.

Se mantiene la prohibición de las inversiones de Estados Unidos en Cuba, excepto en el sector de las telecomunicaciones, que están aprobadas desde comienzos del 2015.

No hay nuevas noticias que ayuden a despejar las dudas internacionales sobre la persecución financiera a la que ha estado sometida Cuba y cuyos efectos intimidatorios aún impiden se hagan depósitos en efectivo o pagos a terceros en dólares estadounidenses.

Lo cierto es que, a pesar del llamado al Con­greso para que levante el bloqueo, el grueso de las políticas de agresión estadounidenses se mantiene en pie, causando pérdidas billonarias en el país. Su efecto inhibe incluso la aplicación de las medidas del go­bierno de Obama.

Y el Presidente de Estados Unidos está lejos de haber agotado sus prerrogativas ejecutivas para viabilizar la implementación efectiva de las medidas por él adoptadas y contribuir de forma decisiva al desmontaje del bloqueo.

Aun así, no se pueden desconocer los pa­sos históricos de los últimos 22 meses. Se restablecieron las relaciones diplomáticas y se reabrieron las sedes diplomáticas en los respectivos países. Seis secretarios de gobierno de Estados Unidos han visitado La Habana y cuatro ministros cubanos viajaron a Estados Unidos. Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense en visitar Cuba desde 1928.

Se estableció una Comisión Bilateral para discutir los asuntos prioritarios y se han cerrado acuerdos en materia de protección me­dioambiental, santuarios marinos, salud pública e investigación biomédica, agricultura, la lucha contra el narcotráfico, seguridad de los viajeros y del comercio, aviación civil, correo postal e hidrografía. Se han puesto en marcha diálogos sobre cooperación en la aplicación y cumplimiento de la ley, cuestiones regulatorias, económicas y reclamaciones, entre otros.

La lista de avances no es corta entre dos países que hace apenas dos años carecían de un elemental nexo diplomático. Pero es largo el camino que resta para lograr una relación civilizada entre naciones vecinas que no solo están separadas por 90 millas de mar, sino por dos siglos de convulsa historia bilateral.

Más que una directiva redactada como si no hubiese problemas entre ambos países, y que puede generar falsas expectativas, el momento actual reclama voluntad política real para llevar a cabo los cambios y dejar a un lado tanto al garrote como la zanahoria.