Reabriendo la caja de pandora

Próximo a cumplirse el aniversario 25 de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil en El Salvador, un nuevo decreto reabrió las páginas de esa historia.

Luego de tres años de estudio, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de esa nación declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley de Amnistía emitida por el Congreso en 1993.

De manera general, con la promulgación de esa ley quedaba prohibido investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil, en la que se enfrentaron la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), y las guerrillas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el poder desde el 2009.

Las decisiones de la Sala han sido criticadas en otras ocasiones por no ser favorables a la mejoría de El Salvador, un ejemplo de ello —según Prensa Latina— fue que declaró inconstitucional la aprobación de 900 millones de dólares en títulos valores, de los cuales una gran cantidad se dirigía a combatir la violencia.

Varios especialistas opinan que ni los salvadoreños ni las fuerzas políticas están en condiciones de revivir los recuerdos de la guerra civil, y coinciden en que la derogación es una maniobra de la Sala para sancionar al FMLN, partido gobernante en el país con Salvador Sánchez Cerén al frente.

El mandatario, que participó en la guerra civil, apoyó la vía política como solución al conflicto armado y fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992.

Fue el ganador en las pasadas elecciones de El Salvador, convirtiéndose así en el primer exguerrillero en la presidencia de la nación.

Tras el pronunciamiento de la Sala, Sánchez Cerén enfatizó que tanto él como las personas que dirigen el gobierno han tenido “un claro compromiso y acompañamiento con las víctimas del conflicto, y con edificar una sociedad justa y democrática en la que no se repitan las condiciones, ni los hechos que llevaron a esas graves violaciones de derechos humanos”.

Sin embargo, los datos del Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, establecido tras los Acuerdos de Paz con el propósito de investigar las violaciones a los derechos humanos, revelaron que solo el 5 % de los más de 22 000 casos de abusos estudiados fueron cometidos por el FMLN.

De acuerdo con esa instancia el 85 % fue cometido por el Estado, sobre todo en áreas rurales.
Varios medios hegemónicos de comunicación desvían la atención de las cifras y se enfocan en cómo la justicia afectará al FMLN.

En ese sentido, el director del periódico Resumen Latinoa­mericano, Carlos Aznárez, en entrevista a Telesur, declaró que tras la Ley de Amnistía “el perdón fue fundamentalmente para los militares de derecha que habían ocasionado un genocidio, matando muchísimos civiles”.

Por su parte, otro comunicado de la Sala de lo Cons­titu­cional informó que todos los casos que aparecen en el Informe de la Comisión, así como otros de igual gravedad y trascendencia, no han prescrito ni gozan de amnistía, por lo que podrán ser juzgados.

Entre esos se encuentra el asesinato de sacerdotes jesuitas en 1989, por el que fueron condenados al menos diez militares, pero puestos luego en libertad tras la Ley de Amnistía.

Además, se encuentran ejecuciones extrajudiciales, masacres de campesinos cometidas por las FAES, y el asesinato del arzobispo Oscar Arnulfo Romero en 1980 por parte de un miembro de los escuadrones de la muerte.

Romero era defensor de la paz en El Salvador y mantenía conversaciones con la parte guerrillera.

Los 12 años de guerra civil dejaron en El Salvador una ola de destrucción: 75 000 muertos, miles de desaparecidos y cuantiosos daños materiales.

Gracias a la mediación de la ONU, las partes beligerantes en el conflicto lograron establecer conversaciones, y finalmente, el 16 de enero de 1992 el gobierno y el FMLN firmaron en Chapultepec, México, sus Acuerdos de Paz.