Histórico juicio a militares en Argentina por el Plan Cóndor

BUENOS AIRES.—El Tribunal Oral Fe­deral 1 de la ciudad de Buenos Aires, integrado por los jueces Adrián Federico Grün­berg, Oscar Ri­cardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Ángel Basílico (juez sustituto), dará a conocer su ve­redicto luego de más de tres años de juicio oral en el que declararon más de 200 testigos.

En total se encuentran imputadas 17 per­sonas.

Según reseña el portal del Ministerio Pú­blico Fiscal de la República Argentina, la acusación es por crímenes cometidos en el marco de la llamada Operación Cóndor, “la asociación ilícita transnacional para la persecución y eliminación de opositores políticos de las dictaduras del Cono Sur”.

El juicio contribuye de manera inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia.

El fiscal general Pablo Ouviña y la fiscal Mercedes Moguilansky requirieron en su alegato final penas para todos los imputados que van de diez a 25 años de prisión.

Originalmente los acusados eran 22 pero cinco de ellos fallecieron durante el proceso (entre los que se cuenta el dictador Jorge Rafael Videla) o fueron apartados del debate por razones de salud desde el comienzo del juicio.

El juicio se inició en Argentina en marzo del 2013 a partir de cuatro causas que se dieron por separado pero que comparten el objeto procesal. Tres referían a la ya mencionada Operación Cóndor y la cuarta se inscribía en los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención Automotores Orletti (iniciada en el 2004), que era un apén­dice de aquel plan de coordinación re­presiva.

Tal como reseña el diario uruguayo La Re­pública, el juicio sobre el Plan Cóndor “es un hecho histórico que permite probar de rigor que existió asociación ilícita destinada a la de­saparición forzada de personas, a la privación ilegal de la libertad y a la eliminación de opositores políticos”.

El periódico añade que “para el Mer­co­sur y la región toda”, el juicio sienta “un precedente inigualable que contribuye de ma­ne­ra inédita a avanzar en el proceso de verdad y justicia”.

En el mismo sentido, el fiscal general Ouviña declaró: “Nuestra sala de audiencias es idealmente mucho más amplia. Por­que la ma­yoría de nuestros testigos no solo no residen en la ciudad de Buenos Aires... Están en Uru­guay, en Chile, en Bolivia, en Suecia, en Fran­cia, en Inglaterra, están desperdigados por el mundo”.

Para probar que hubo un plan coordinado de acción represiva entre las distintas dictaduras de América del Sur, las autoridades judiciales debieron recabar información de distintas fuentes. Entre estas se destaca el denominado Archivo del Terror, que reúne los documentos de la persecución política llevada a cabo por la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay mediante el cual se pudieron reconstruir los acuerdos y los procedimientos que dieron for­ma a la Ope­ración Cóndor.

A estos se suma el material secuestrado al agente secreto chileno Enrique Arancibia Cla­vel en Argentina —detenido en 1978 por la Policía Federal en medio del conflicto en­tre ambos países por el Canal del Beagle— así como cables desclasificados del servicio exterior de los Estados Unidos y los aportados por los equipos de investigación de los ministerios de Defensa e Interior y de la exdirección de In­teligencia de la Policía Bo­naerense.

“En principio, la Operación Cóndor na­ce como una operación de inteligencia”, explicó el fiscal Ouviña. Pero luego dio paso a otros in­tercambios que fueron más allá de la mera in­formación. “Fue un intercambio de información, fue intercambio de personas, de prisioneros, no tener fronteras para na­da. Lo único es que sí se pedía autorización. Tenía que haber convenios y, sobre to­do, reciprocidad”, añadió el funcionario ju­dicial.

Por su parte Gastón Chillier, director ejecu­tivo del Centro de Estudios Legales y So­ciales (CELS) de Argentina, denunció el pa­pel de los Estados Unidos en toda la operación. Para el integrante de este organismo de derechos hu­manos no hay duda que Washington “tenía co­nocimiento de la existencia de la operación e incluso proporcionó una estación de comuni­caciones en Pa­namá para los servicios de inte­ligencia de las seis naciones involucradas”. (RT)