Buscan codificar en ley otra injusticia contra Cuba

Algunos legisladores estadounidenses no están conformes con los cerrojos instalados en la Base Naval en Guantánamo y quieren ahora poner bajo cuatro llaves las posibles negociaciones para la devolución a Cuba del territorio ocupado ilegalmente hace más de un siglo.

El actual Congreso es considerado uno de los más disfuncionales de la historia. A la guerra desatada entre la mayoría republicana en ambas cámaras del legislativo contra el gobierno demócrata de Barack Obama, se suman una maraña de intereses particulares que por primera vez en cerca de dos siglos amenazan con reconfigurar los partidos políticos nortea­mericanos.

En medio de ese complejo escenario están en marcha varios proyectos de ley que buscan hacer con la base lo mismo que La Helms-Burton logró en 1996 con el bloqueo: codificar en ley el estatus quo y limitar al máximo las capacidades de maniobra de la Casa Blanca.

La ley de presupuestos para la defensa del presente año ya incluye una disposición que impide al presidente cerrar la cárcel abierta en la Base Naval en el año 2002, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, lo cual fue una de las promesas de campaña de Obama para alcanzar el Despacho Oval en el 2008. Ahora lo que se pretende es fortalecer la prohibición y también evitar por todos los medios que el presidente inicie negociaciones con Cuba para la devolución del terreno donde está instalada la propia base.

Distintos funcionarios de la administración, incluido el secretario de Estado, John Kerry, han negado que el tema de Guantánamo esté actualmente sobre la mesa de negociaciones con Cuba como parte del proceso hacia la normalización de relaciones. Sin embargo, el presidente Obama no descartó la posibilidad de que ocurra en un futuro. “Imagino que será una larga discusión diplomática que  se extenderá más allá de mi administración”, dijo en entrevista exclusiva con Yahoo News.

Y el día que ello ocurra, los expertos coinciden en que el presidente tiene facultades ejecutivas para disponer la terminación del contrato de arrendamiento mediante el cual Washington ha mantenido el control y uso de esa porción de tierra cubana durante más de un siglo, sin necesitar la aprobación del Congreso.

En la historia político jurídica estadounidense existe un precedente legal que apoya las prerrogativas presidenciales en ma­teria de tratados firmados por el Ejecutivo. Durante el go­bierno de Jimmy Carter, la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia reconoció la facultad constitucional del en­tonces mandatario para terminar el Tratado de Defensa Mu­tua con la República de China firmado en 1934.

Ese convenio bilateral, al igual que el firmado entre EE.UU. y la naciente república neocolonial cubana en 1902, no contenía condicionamientos o cláusulas otorgándole al Congreso papel alguno para ponerles  fin. Por tanto, existe en la práctica jurídica y en la academia estadounidense un amplio consenso respecto a la autoridad Ejecutiva, que se apoya en buena medida en el manejo y control de los asuntos de política exterior otorgados a la figura del Presidente por la propia Constitución de ese país.

BAJO CUATRO LLAVES

Pero los legisladores que se oponen a la normalización de las relaciones entre La Habana y Washington o simplemente desean evitar a toda costa que el presidente cumpla una de sus promesas electorales, tienen diferentes vías para hacer más tortuoso el camino.

“En este asunto hay un conflicto constitucional entre la autoridad del presidente para conducir la política exterior y el poder del Congreso para controlar los gastos”, explicó a Gran­ma William Leogrande, profesor de Gobernanza de la Uni­versidad Americana.

Thomas B. Wilner, un prestigioso abogado de la firma Shearman&Sterling de Washington que ha representado a prisioneros detenidos en la cárcel de la base, dijo por su parte a este diario que Obama cuenta con la autoridad legal para iniciar las negociaciones con Cuba, pero “desde un punto de vista práctico es poco probable que el presidente actúe de manera unilateral sin tener el apoyo del Congreso”.

De ahí la importancia del ambiente en el órgano legislativo. Los congresistas pueden aprobar una ley independiente o incluir una disposición al interior de otra legislación, en especial las que asignan presupuestos para actividades vitales de la nación.

Ted Yoho, republicano por la Florida, es uno de los líderes en la Cámara Baja de los proyectos para restarle competencias al presidente. Además de un fortalecimiento de las disposiciones incluidas en los presupuestos, adelanta un proyecto que lleva por nombre Ley de Prevención de la Transferencia de la Es­tación Naval de la Bahía de Guantánamo, que iría mucho más lejos en el lenguaje que lo visto hasta ahora. Otro republicano por la Florida, David W. Jolly, defiende un proyecto similar bajo el título de Ley para la Protección de la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo.

A ambos se suman más de una docena de proyectos vinculados de una u otra manera con la Base Naval en Guantánamo.

Entre los principales patrocinadores de bloquear cualquier intento de devolución del territorio ilegalmente ocupado están varios legisladores de origen cubano. En un artículo que escribió para el Diario las Américas, Ileana Ros-Lehtinen narró su reciente viaje a la Base Naval, junto a sus colegas cubanoamericanos Mario Díaz Balart y Carlos Curbelo, entre otros.

“El Congreso debe evitar que el Presidente cierre la estación naval, cierre el centro de detención y retorne la base al régimen castrista”, aseguró entonces.

ESTRATÉGICA SOLO PARA TORTURAR

Ros-Lehtinen también se refirió a otro viejo mito con el que se intentan encubrir los defensores de un vestigio colonialista en la región: la supuesta ubicación estratégica de la base para los intereses norteamericanos.

Sin embargo, los avances tecnológicos y las capacidades de los barcos actuales no demandan una instalación para repostar como estaba inicialmente planeado. James Stavridis, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos del 2006 al 2009, aseguró hace poco que Guantánamo, como instalación militar, ya no es esencial en la era moderna de los portaaviones, submarinos nucleares y aviones no tripulados.

La única ventaja “estratégica” entonces es utilizar la instalación para llevar a cabo torturas y detenciones arbitrarias sin rendir cuentas a los tribunales norteamericanos o la comunidad internacional.

De acuerdo con los términos del contrato de arrendamiento, el territorio donde está instalada la base es de soberanía cubana, pero los Estados Unidos tienen pleno control sobre él para efectuar sus operaciones. De ahí que se haya creado lo que los abogados llaman un “agujero negro legal”.

La cárcel ha pasado a la historia como un símbolo del lado más oscuro de los Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo mediante violaciones de los derechos humanos de los detenidos.

IMPRESCINDIBLE PARA LA NORMALIZACIÓN DE LAS RELACIONES

Desde los anuncios del 17 de diciembre del 2014 ha estado presente el tema de la devolución del territorio ilegalmente ocupado por Estados Unidos como uno de los principales escollos en el proceso hacia la normalización de relaciones entre los dos países, junto al levantamiento del bloqueo, el cese de los programas subversivos, el fin de las transmisiones ilegales de radio y televisión y la compensación a nuestro pueblo por los daños causados durante más de medio siglo de agresiones.

Pero el tema se puede rastrear desde mucho antes. “Es un reclamo de Cuba desde inicios de la Revolución. Fue uno de los cinco puntos planteados por las autoridades cubanas a raíz de la Crisis de Octubre”, dijo a Granma Elier Ramírez Cañedo, Doctor en Ciencias Históricas y coautor del libro De la confrontación a los intentos de normalización. La política de los Estados Unidos hacia Cuba.

“Los distintos gobiernos de los Estados Unidos han evitado todo el tiempo un debate serio y profundo con Cuba sobre el tema”, señaló tras resaltar que las conversaciones más abarcadoras tuvieron lugar en 1978 durante la administración del demócrata James Carter.

La historia demuestra, según Ramírez, que el tema no ha sido un tabú y que en las condiciones correctas se podría llegar a una solución mutuamente beneficiosa.

De hecho, la ley Helms-Burton estipula que Estados Unidos puede dar los pasos para su devolución una vez que esté instaurado lo que el texto define de forma injerencista como un “gobierno democrático”, dejando en evidencia que el interés estratégico de fondo es casi nulo.

Washington ha ido incluso más lejos en otras ocasiones. “El precedente obvio de una negoción para la devolución de Guantánamo son los acuerdos del presidente James Carter con Panamá que condujeron a la devolución del Canal”, refirió Leogrande. “El tratado Torrijos-Carter fue mucho más difícil políticamente dentro de los Estados Unidos que lo que podría ser la devolución de Guantánamo”.

Aunque el abogado Thomas Wilner coincide con Leo­grande en ubicar a las negociaciones sobre el Canal como uno de los referentes fundamentales, precisa que las condiciones actuales son muy distintas. “Creo que sería imposible con el ambiente actual regresar el Canal a Panamá”, puntualizó respecto a las condiciones de parálisis política que se vive al interior del Congreso norteamericano.

Wilner asegura que es contrario a los intereses estadounidenses a largo plazo que el Congreso bloquee la devolución a Cuba del territorio ocupado en Guantánamo. “Es absolutamente contrario a los intereses estadounidenses que el Con­greso incluso bloquee el inicio de las negociaciones sobre este tema”.

“Dado que las relaciones entre ambos países están cambiando rápidamente, sería mejor para el presidente contar con la flexibilidad para negociar con Cuba sobre el futuro de Guantánamo, en lugar de estar encerrado en el status quo”, apuntó por su parte Leogrande.

Elier Ramírez, el historiador cubano, aseguró que el tema no era un tema “imposible” para Estados Unidos, aunque qui­zá sí un asunto “escabroso” en medio del contexto electoral. “La realidad es que Obama tiene todas la facultades ejecutivas que le otorga la Constitución de los Estados Unidos para devolver el territorio que hoy ocupa en Guantánamo a los cubanos. De eso no dijo nada en su discurso en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, a pesar de conocer que es un tema muy sensible para los cubanos, que mantiene comprometida la soberanía territorial de la Isla”, añadió.

Luis René Fernández Tabío, investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, considera que el cierre y devolución del territorio que ocupa la base en Guantánamo se logrará en la medida que se haga cada vez más claro que los costos de mantenerla son mayores que cualquier beneficio real, o aparente, para la seguridad y el bienestar desde la perspectiva estadounidense.

“Por tortuosos que sean los caminos se pondrá de manifiesto la inutilidad de la base naval desde todo punto de vista —económico, político, ideológico—, inclusive y sobre todo para la “seguridad nacional” de Estados Unidos”, agregó.

El factor clave para alcanzar ese objetivo, dijo, es que Cuba siga sosteniendo la demanda y su fortaleza como nación independiente y soberana, asociada a la progresiva solidez que alcance su dinámica económica, social y política.