Juez ordena prisión preventiva en caso de Berta Cáceres

TEGUCIGALPA.—La justicia de Hon­du­ras impuso este domingo prisión preventiva y auto de formal procesamiento a los cuatro presuntos implicados en el asesinato, el 3 de marzo, de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres.

El juez hondureño que instruye la causa admitió una acusación del Ministerio Pú­blico contra los sospechosos por el asesinato de Cáceres y asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra el activista mexicano Gustavo Castro, director de la asociación Otros Mundos Chiapas y único testigo del crimen, según fuentes judiciales.

La portavoz del tribunal que lleva el caso, Bárbara Castillo, dijo a los periodistas que a los cuatro sospechosos se les dictó “auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva”, informó la agencia española de noticias EFE.

Los acusados son Douglas Bustillo; Ma­ria­no Díaz Chávez, un mayor del Ejército hondureño; Edilson Duarte, capitán retirado; y Sergio Rodríguez, ejecutivo de la empresa Agua Zarca que impulsa un proyecto hidroeléctrico en el occidente de Honduras, al que se oponía Cáceres.
Berta Cáceres fue asesinada el pasado 3 de marzo en la ciudad occidental de La Es­pe­ranza, donde residía, al parecer por dos hombres armados.

Los presuntos autores intelectuales y materiales del crimen de la dirigente ambientalista fueron capturados el pasado lunes en allanamientos simultáneos ejecutados en Te­gucigalpa y la ciudad de La Ceiba, en el Caribe hondureño, en el marco de la “Operación Jaguar”.

El mismo lunes que fueron detenidos los cuatro sospechosos fue arrestado Emerson Duarte, hermano gemelo de Edilson Duarte, pero se le había dejado en libertad en la ciudad caribeña de La Ceiba.

Sin embargo, el viernes el Ministerio Pú­blico hizo un requerimiento fiscal de Duarte, quien, según investigaciones, tenía en su poder el arma con la que Cáceres fue asesinada, por lo que ese mismo día fue trasladado a Tegucigalpa para comparecer ante un juez en los próximos días.

El juez, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, ordenó que los acusados sean trasladados a la Pe­nitenciaria Nacional, la principal cárcel del país, situada en el extremo norte de Te­gu­cigalpa.

En un plazo de entre 60 a 120 días se celebrará una audiencia preliminar en la que el juez decidirá si los sospechosos serán enjuiciados o no por los delitos que le imputa el Ministerio Público, dijo a los periodistas el por­tavoz del organismo judicial, Yuri Mora.

El portavoz judicial corroboró lo adelantado el sábado por Omar Menjívar, abogado de la familia de Cáceres, sobre una sexta persona implicada en el asesinato que está prófuga de la justicia, aunque no precisó más detalles.

La familia de la dirigente  exige que un equipo de expertos internacionales coordinado por la Comisión Interamericana de Derechos Hu­manos participe en la investigación por su desconfianza en las instituciones hondureñas.