Siguiendo la línea del dinero

Corrupción, lavado de dinero, renuncias de altos funcionarios, manifestaciones pacíficas en un país violento, todo ello describe la situación de Guatemala desde que saliera a la luz el pasado año el caso de fraude aduanero conocido como La Línea.

Como parte del proceso legal, el lunes 28 de marzo se definía si el expresidente de la nación Otto Pérez Molina, y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, llegaban a juicio por dicho caso, pero la audiencia, en la que estaba prevista también que se acusara a otros integrantes de la red criminal, quedó suspendida poco después de comenzar.

Tras ello, Pérez Molina ofreció declaraciones a la prensa en las que insiste en que no es culpable: “yo no me digo inocente, yo soy inocente y eso lo tienen que respetar todos…, lástima que se atrasó esta audiencia porque lo voy a demostrar, no con análisis falsos”.

Sin embargo, durante las investigaciones referentes a La Línea, fueron encontradas 80 000 escuchas telefónicas y 5 000 correos con referencias a “el uno” y “la dos”, que su­puestamente corresponden a Pérez Molina y Baldetti, respectivamente.

En un inicio, el exmandatario había declarado que no iba a renunciar al cargo que ocupaba desde el 2012, pero lo hizo luego de que el Con­greso le retirara la inmunidad para poder ser juzgado como un ciudadano y que fuera emitida una orden de captura en su contra.

En su carta de renuncia explicaba “en la situación actual y teniendo en cuenta por so­bre todo el interés del Estado, me corresponde continuar con el debido proceso y por lo tanto presentarme ante la justicia y dirimir mi situación personal”.

Por su parte, la exvicepresidenta había di­mitido en mayo por “problemas personales”, poco tiempo después de que la primera fase de la investigación saliera a la luz.

Ahora ambos se enfrentan a los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, y se encuentran en prisión.

La Línea, denominada así por la línea telefónica utilizada para delinquir, fue expuesta por la Comisión Internacional Contra la Im­punidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía de esa nación centroamericana en abril del pasado año.

Dicha estructura, activa por al menos un año, operaba a través de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), y recibía sobornos de diversas entidades importadoras para evadir el pago de impuestos de la aduana. Durante su tiempo operativo, la red criminal permitió la entrada ilegal al país de al menos 500 contenedores.

Uno de los encargados del Cicig, organismo avalado por las Naciones Unidas, expresó en ese entonces que “uno de los temas sustanciales era el contrabando y en general con la defraudación en un país tan necesitado de recursos”.
Según datos del Ministerio Público de Gua­temala, las ganancias de La Línea alcanzaron los 3, 6 millones de dólares entre el 8 de mayo del 2014 y el 16 de abril del pasado año.
Además de Pérez Molina y Baldetti, están involucrados el director de la SAT, Omar Fran­co; su predecesor Carlos Muñoz, así co­mo otros 158 funcionarios de ese gobierno, según datos de TeleSur.

El pueblo guatemalteco no se quedó de brazos cruzados y salió a las calles una y otra vez pidiendo la dimisión de quienes fueran una vez las dos máximas autoridades de la nación centroamericana.

Para septiembre, Alejandro Maldonado se convirtió en presidente interino, y tras la segunda vuelta de las elecciones electorales, en octubre, el país ya contaba con un nuevo mandatario: Jimmy Morales, el candidato menos apegado a la política tradicional.