Brasil ante la crisis política

No por conocida, la noticia dejó de sorprender: el Partido del Mo­vi­miento Democrático Brasileño abandonó la coalición de go­bierno liderada por el Partido de los Trabajadores (PT). “El PMDB se retira de la base de gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Nadie en el país está autorizado a ejercer cualquier cargo federal en nombre del PMDB. La decisión está tomada”, dijo el primer vicepresidente de esa tolda, el senador  Romero Jucá.

Tres minutos duró la reunión relámpago de la directiva na­cional este martes que agudiza así la crisis política en esa na­ción sudamericana.

Dicho movimiento de centro derecha fundado el 15 de fe­brero de 1980 tiene casi dos millones y medio de afiliados por lo que lo ubica entre los más representados a nivel nacional. El PMDB ha acompañado al PT desde los tiempos de Luiz Inácio Lula da Silva. Este partido es uno de los más representados en la Cámara de Di­pu­tados con 66 legisladores, tiene 19 senadores, gobierna en siete estados, 1 022 municipalidades, ocupa la vicepresidencia del país y lidera seis ministerios.

Dos figuras del PMDB tienen un rol preponderante en la actual crisis política. Una de ellas es el vicepresidente del país, Michel Temer, quien desde diciembre del año pasado ya había hecho públicas sus “molestias” con el Gobierno petista. En una carta personal difundida en ese momento, Temer se autocalificó como “una figura decorativa” dentro de la ad­mi­nis­tración de Rousseff.

El otro personaje es Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados del Congreso, investigado por su implicación en el esquema de corrupción de la empresa estatal Petrobras y enemigo declarado del Ejecutivo.

La decisión de los pemedebistas aísla aún más al PT y los deja en la libertad de votar a favor del juicio político (impeachment) contra la presidenta Rousseff que analiza en estos mo­mentos una Comisión Especial en la Cámara de Diputados. Se suman así a las presiones para acelerar ese proceso iniciado en diciembre pasado por Cunha y que pretende juzgar a la mandataria por supuesto financiamiento ilegal de su campaña con fondos corruptos de la empresa estatal Petrobras, algo que no ha sido probado.

Si 342 diputados aprueban continuar el impeachment pasaría entonces para su discusión en el Senado que, a su vez, tiene un plazo de 180 días para analizar la propuesta. Una eventual condena se haría efectiva si un mínimo de 54 senadores votara a favor y la presidenta sería removida de su cargo. La Cons­titución brasileña estipula además que en ese lapso ocuparía el mando el actual vicepresidente, Michel Temer, del PMDB; y en caso de hallar culpable a Rousseff, este lo terminaría hasta el 2018.
El plan del PMDB de romper con la alianza gobernante estuvo muy bien pensado, no dejó nada a la improvisación. Un ejemplo de ello es el paquete de medidas neoliberales que presentaron en días recientes ante una eventual llegada al poder. Esa propuesta contempla, entre otras cuestiones, realizar cambios considerables en los programas sociales puestos en marcha por el PT. Proyectos como Mi Casa, Mi Vida (asegura de casa a casi siete millones de personas sin recursos) y Bolsa Fa­milia (transferencia directa de renta para cubrir educación, sa­lud y alimentación), se verían afectados. Los recortes al fi­nan­ciamiento de las matrículas universitarias, la eliminación de las exenciones tributarias a algunos sectores industriales, forman parte del paquetazo que se pretende implementar.

POSIBLES ESCENARIOS

La ruptura del PMDB esboza varios escenarios del futuro político en Brasil. Si Rousseff es investigada, Temer también está bajo la lupa por ser su compañero de fórmula presidencial. Ello implica que si el Tribunal Supremo Electoral los impugna, él no podrá asumir la presidencia en caso de un impeachment contra Dilma. En ese caso, asumiría las riendas del Palacio de Planalto, Eduardo Cunha, líder de la Cámara de Diputados.
Si esa impugnación ocurriese en la primera mitad del mandato (a fines de este año), el líder del Legislativo convocaría nuevas elecciones en un plazo de 90 días. De ser juzgada en la segunda mitad del mandato, tendrían lugar elecciones indirectas, o sea, los diputados y senadores señalarían un sucesor.

Otra cuestión es que Rousseff y Temer renuncien, pero esto es muy poco probable que pase. La opción de que los ciudadanos decidan en un referendo si quieren apartar o no a Rousseff y Temer también forma parte de los escenarios. Según BBC Brasil, hay congresistas que quieren proponer el uso de esta figura legal, que se diferencia del impeachment en que los políticos pueden ser suspendidos en caso de “ineficiencia” o “de­sa­­probación popular”. Solo si la mayoría así lo decide. Esta última carta, que no cuenta con mayoría, es defendida por el senador Randolfe Rodrigues quien presentó una pro­pues­ta de en­mienda a la Constitución. Existe una crisis de legitimidad cu­ya solución no es el impeachment, dijo Rodrigues a ese medio de comunicación.

HAY UN GOLPE EN MARCHA

En un encuentro el viernes de la semana pasada con cinco corresponsales extranjeros en Brasil, la presidenta Rousseff denunció que las opciones que pretende llevar adelante la oposición carecen de fundamentos legales. Esta crisis surgió “porque Cunha amenazó al Gobierno: si no votábamos en contra de una investigación contra él, ponía en marcha el proceso”, aseguró la mandataria.

En la cita con los periodistas afirmó que el proceso abierto en la Cámara de Diputados para tratar de destituirla es un “golpe” de Estado y reiteró que están pidiendo su renuncia “para evitarse el mal trago de tener que echar de forma ilegal a una presidenta elegida”. “Nosotros en Brasil ya tuvimos golpes militares. En un sistema democrático, los golpes cambian de método. Y un impeachment sin base legal es un golpe. Rompe el orden democrático. Por eso es peligroso”, expresó.

Ello, además rompe por completo el Estado de Derecho en Brasil, dijo Rousseff. Cuestionada sobre una eventual derrota aseguró que recurrirán “a todos los instrumentos legales para dejar claro las características de este golpe”.

La jefa de Estado también se refirió al nombramiento del expresidente Lula como ministro, una medida que fue suspendida por un juez que consideró que se podría tratar de una ma­nio­bra con miras a evitar una eventual comparecencia del expresidente ante la Justicia por el caso Petrobras.

“Eso obedece a la táctica de aquellos que defienden el cuanto peor, mejor. Y esta táctica también va contra mi Gobierno y Lula iba a fortalecer mi Gobierno.  (...) Lo que pasa es que no quieren que venga. Pero Lula viene, como ministro o como asesor, de una manera o de otra, pero viene, nadie lo va a impedir”, subrayó.