Lula: La lucha continúa

SAO PAULO, Brasil.—La guerra de la derecha y  las grandes corporaciones mediáticas brasileñas contra el Gobierno del Partido de los Tra­ba­jadores se ha cobrado una nueva víc­tima: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El exsindicalista de 70 años fue llevado el viernes por la Policía Fe­deral al ae­ropuerto de Con­gon­has, en la ciudad de Sao Paulo, cumpliendo una orden de conducción coercitiva para interrogarlo, bajo la acusación de haber recibido supuestos “pagos disimulados” de la red de corrupción que actualmente se in­vestiga en la empresa estatal Pe­tro­bras, informó la Fiscalía brasileña.

La campaña de desprestigio to­mó fuerza con la divulgación el jueves de un reportaje en la revista IstoÉ en el cual el senador Delcidio Ama­ral acusaba a la actual mandataria Dilma Rous­seff y a Lula de interferir en las decisiones judiciales que condenaron a importantes empresarios en la operación anticorrupción Lava Jato.

Aunque el propio Amaral afirmó horas después desconocer el origen y la autenticidad de los documentos a los que aludía la publicación, el hecho dio la luz verde para que la Fiscalía emitiera una detención contra el exmandatario (2003-2010).

Al menos 200 policías y 30 auditores de Hacienda, cumpliendo ór­de­nes judiciales en los Estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Bahía, formaron parte de la operación que irrumpió en el domicilio de Lula, en São Bernardo (a unos 20 kilómetros de São Paulo).

Un representante de la Policía Fe­deral indicó que Lula respondió “tran­quilo” a las preguntas que le realizaron, acompañado de su abogado y de sus propios custodios.

El hijo de Lula, Fábio Luiz da Sil­va, conocido como Lulinha, también recibió la visita de agentes de la Po­li­cía Federal en su apartamento en el barrio de Moema, zona sur de São Paulo.

El interrogatorio policial duró casi cuatro horas y luego el mismo Lula quedó en libertad y se dirigió a la sede del PT.

Allí calificó como “muy grave” la actitud de la policía y los fiscales, se­ña­lando que si el juez de la causa, Sérgio Moro, quería oírlo, bastaba con llamarlo.

“Siempre fui a prestar declaraciones, porque no debo ni temo”, dijo Lula a sus partidarios. “Encendieron en mí la llama y la lucha continúa”, afirmó mientras lamentó que se viva “un proceso en que la pirotecnia vale más que cualquier cosa: vale más un show mediático que la averiguación seria y responsable”.

Agregó que este viernes se “sintió prisionero”.

La policía realizó además operativos en un domicilio del exmandatario y en la sede del Instituto Lula en São Paulo, autorizados por el juez Moro.

Por su parte, la presidenta Dilma Rousseff manifestó su inconformidad con el hecho de que un exmandatario haya sido sometido a una conducción coercitiva para declarar en la Policía Federal, la cual consideró como no necesaria.

“Rechazamos, en nombre el Es­ta­do Democrático de Derecho, el uso abusivo de las filtraciones como arma política. Esos expedientes no contribuyen a la estabilidad del país”, de­nunció Rousseff.

El Instituto Lula comunicó a su vez que “la violencia practicada” contra el expresidente y allegados a él supone “una agresión al Estado de Derecho que alcanza a toda la sociedad brasileña”.

El en el texto, la institución calificó el hecho como “arbitrario, ilegal, e injustificable”, según PL.

La historia no se repite, pero salta a los ojos la semejanza entre el odio que se construyó contra (los exmandatarios Getulio) Vargas y (Jus­ce­lino) Kubistchek y el que la prensa casi al unísono destila, alimenta y propaga contra Lula, señaló en un artículo reciente el el exministro de Ciencia y Tecnología Roberto Ama­ral.

Amaral señaló  que Lula es execrado públicamente para que su pres­tigio decline y se aparte de las elecciones del 2018, como candidato o como elector influyente.

Miles de seguidores del popular exmandatario salieron a las calles a protestar contra lo que consideran una jugada política para debilitar la imagen de Lula para que no se presente como candidato a las elecciones del 2018.

La Operación Lava Jato es la que investiga algunas operaciones de la empresa Petrobras. Salió a la luz en marzo del 2014 con la detención de 24 personas en varios estados de Brasil, pero comenzó en julio del 2013, cuando la Policía Federal de Curitiba (Paraná) descubrió una red de lavado de dinero que operaba desde Brasilia y Sao Paulo. (SE)