Las lanzas posibles contra la Revolución

CARACAS.—Que las elecciones parlamentarias acontecidas el domingo pasado en Ve­nezuela tuvieran connotaciones comparables a las de un sufragio presidencial, no tiene nada de casual.

El destino de una Revolución social con 17 años exactos de vida, que a contracorriente del modelo universal capitalista sobrevivió en resistencia a la ojeriza exterior y al boicot del enemigo interior, es cosa demasiado seria; sobre todo si su futuro inmediato se decide en un juego electoral concebido para definir las balanzas de poder que le darán continuidad o retroceso.

El mundo sabía eso, y asistió expectante al concierto democrático con más de 12 000 pro­fesionales de la prensa, un acompañamiento observador de tendencias variopintas, y los ojos del planeta sobre la posibilidad real de un cambio en la correlación de las fuerzas nacionales, atendiendo al escenario artificial que la intriga mediática, el complot de la oligarquía económica y muchas manos ajenas, condicionaron.

Como saldo de una estrategia bien pensada y mejor articulada contra el propio pueblo elector, la bancada opositora se hizo de un triunfo insólito frente al chavismo, una victoria contundente que dice las dimensiones de la guerra psicológica que libraron con los ca­ñones de la carencia inducida, la especulación forzada, la subversión ideológica en los medios y la alienación mundial de las derechas más rancias.

El verdugo verdadero —promotor de los padecimientos que sufrió la cotidianidad de la familia venezolana y laceraron la confianza de una parte decisiva de las masas en el Gobierno Bolivariano— recibió de sus víctimas, por rebote o “carambola”, el beneficio de un voto mayoritario que a la postre resultó la posesión de 112 de los 167 curules que componen la Asamblea Nacional.

La cifra refrenda que la oposición consiguió para sí el dominio mayor que puede tener una facción dentro del ente, pues hacerse de las dos terceras partes de los asientos del hemiciclo, significa acceder a facultades legislativas capaces de confirmar, o dar un vuelco, a la vida en curso del país.

¿Qué pudiera hacer entonces, con tales prerrogativas, la bancada opositora desde la Asamblea Nacional?

Las primeras interrogantes se abren, necesariamente, en torno a la figura del Presidente constitucional de la República, Nicolás Madu­ro Moros.

La salida del poder del mandatario obrero sigue estando con prioridad y fuerza descomunal en el discurso de los principales dirigentes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), y aún con el dominio de herramientas legítimas para maniobrar con ese fin, no es descartable que sea lo primero que intenten, incluso antes de derogar, modificar o proponer nuevas leyes.

Algunas atribuciones podrían atacarlo por los flancos, como la posibilidad de decretar la Falta Absoluta del Presidente de la República cuando hayan pasado 90 días de ausencia temporal; o la desaprobación de las salidas al exterior por más de cinco días; una limitante que al calor de las circunstancias actuales con el precio deprimido del petróleo, por ejemplo, podría impedirle dedicar tiempo suficiente a las negociaciones con países lejanos de la OPEP.

Otras opciones más serias podrían ser las de declarar si hay mérito o no para su enjuiciamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), o aprobar la incapacidad física o mental permanente del mandatario, siempre y cuando sea certificada por una junta mé­dica designada por el TSJ.

¿Los argumentos para promover un juicio contra Maduro? Claro que las tramas montadas hace muchísimo tiempo sobre infundios por los voceros mediáticos y sus corifeos de varias ONGs: violaciones a los derechos hu­manos, corrupción, narcotráfico…

Sin embargo, la posibilidad más citada por los espectadores mundiales de este proceso es la convocatoria a Referendo Revocatorio; aunque varios analistas señalan que no será la alternativa inmediata, por lo menos no antes de en­sayar otras presiones, como afirma el profesor venezolano Luis Pino, publicado por Telesur:

“Ahora, la derecha va a agudizar el desa­bastecimiento programado por unos dos me­ses más y abrirá juicios contra el Pre­si­dente Nicolás Maduro y sus  ministros, para destituirlos y asesinarlos moralmente  y, si se les entorpeciera el camino, ir como último recurso a un Referéndum Revocatorio del Man­dato. Pero lo ven difícil de ganar, y ello no ga­ran­tizaría la salida de los 55 diputados chavistas electos, ni de los 20 gobernadores de la Re­volución, ni de las más de 200 alcaldías controladas por el chavismo.

“Ellos necesitan, y esa es la orden desde Estados Unidos, crear una conmoción social que justifique la salida del chavismo de todo espacio de la vida nacional; sin dejar que el apoyo electoral del pasado 6D se les enfríe. A la derecha le urge “la salida” de Nicolás Ma­duro y de baluartes como Diosdado Cabello”.

Aun así, para llevar a término estas y otras disposiciones de choque fulminantes contra la Revolución, la mayoría parlamentaria ne­cesitaría la sanción favorable del TSJ, y más específicamente de los magistrados de su Sala Constitucional, veladores principales de la Car­ta Magna.

Por lo tanto, remover y designar sus integrantes será un frente de alta prioridad. No obstante, aunque las prerrogativas de las 2/3 partes lo permiten,

hay ciertas condiciones que no podrán burlar, como respetar el término de las funciones de cada magistrado o reemplazarlos solo cuando violen requisitos muy bien definidos en ley.

Junto a estas herramientas poderosas, hay otras que usadas con intención reformatoria podrían ser altamente lesivas al orden institucional establecido por la Revolución, y cuando menos frenarían el avance y hasta revocarían leyes sociales y económicas marcadas por el sello de la inclusión.
Con las 2/3 partes de los curules de la Asamblea Nacional en el poder, la oposición venezolana podría, entre otras prerrogativas:

• Emitir votos de censura contra el Vice­pre­sidente Ejecutivo y los ministros, que impliquen la destitución de sus cargos.

• Aprobar el presupuesto de gastos operativos del Banco Central de Venezuela, autorizar el Presupuesto Nacional, así como sus modificaciones y Créditos
Extraordinarios.

• Sancionar Leyes Habilitantes.

• Aprobar decretos de estados de excepción y prorrogación de los mismos.

• Aprobar iniciativas de enmiendas a la Constitución, cuando estas sean promovidas por el 30% de los miembros del Parlamento.

• Aprobar la Iniciativa y un Proyecto de Reforma Constitucional, así como la convocatoria a una Asamblea Nacional Consti­tu­yente.

• Aprobar, rechazar o diferir un Proyecto de Ley.

• Aprobar Proyectos de Leyes Orgánicas —así como las modificaciones a las ya existentes—, que se dictan para organizar a los poderes públicos y sirven de marco normativo a otras leyes.

• Elegir y remover los rectores del Consejo Nacional Electoral y los miembros del Poder Ciudadano.

• Someter Proyectos de Ley a referendos aprobatorios.

Una herramienta poderosa que alzará como bandera el Gobierno Bolivariano en su ejercicio parlamentario, ante la ventaja numérica de la bancada oligárquica, será el respeto a la constitucionalidad.

Ya había advertido el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que hay “contrapesos constitucionales” que limitan el uso deliberado de las normativas; sobre todo cuando es visible la tendencia golpista de querer desmontar los poderes públicos o revocar leyes que significaron un salto positivo grande en materia de derechos humanos.

Hay opciones, verdad, que otorgan la facultad de convocar a una Asamblea Na­cional Cons­ti­tuyente capaz de promover un nuevo documento que regrese la República al pasado ­y tire por el suelo la reivindicación histórica de 1999; pero sería una guerra larga, compleja y llena de riesgos, que los conservadores, al parecer, no se atreverían, de momento, a librar.

Por lo pronto, y a escasos 25 días del traspaso, la cúpula revolucionaria se afirma en el espíritu de Chávez y demuestra con sus reacciones que asumieron el revés como una sa­cudida “circunstancial”, a juzgar por las pro­pias palabras de Nicolás Maduro.

A cada anuncio desbocado de los más an­quilosados cabecillas de la derecha, de lo que harán una vez instalados, el Gobierno Boli­va­riano piensa rápido e impone de inmediato, con fuerza de ley, una medida de blindaje que bloquee la intención contrarrevolucionaria.

Este mismo jueves sesionó la Asamblea y dejó aprobada la entrega del control administrativo de los canales de radio y televisión del ente, a sus propios trabajadores, en respuesta a las ofensas y amenazas de despido del tristemente conocido diputado electo Henry Ra­mos Allup.

De igual modo eligieron, adelantándose a las prerrogativas de la nueva legislatura, a la abogada y jueza Susana Barreiros como De­fensora Pública General de la Defensa Pú­blica, a quien habrán de respetarle el plazo es­tablecido para el ejercicio del cargo; como mismo deberán hacer con los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que designarán —anunció Cabello— antes del fin del mandato.

Hoy viernes, como había informado el Presidente de la República, quedará emitido un decreto de estabilidad laboral que protegerá a los trabajadores públicos durante los tres años siguientes, y como contundente respuesta política de la conciencia del pueblo, seguirá creciendo en todo el país el movimiento de asambleas de calle que en un de­ba­te masivo de las filas progresistas, analiza críticamente los errores y relanza una nueva estrategia de lucha en defensa de la Re­vo­lución.

Por lo que se ve en las calles, el revés parlamentario no logró silenciar ni el espíritu ni el empuje de las fuerzas chavistas, que en apego a la paz, dan señales claras de estar alertas y en pie.    

Lo cierto es que el escenario real de la nueva Asamblea Nacional iniciará funciones el 5 de enero del 2016 con los atributos de una arena de gladiadores, listo para la confrontación nuclear entre un gobierno plantado en su postura de defender la emancipación so­cial, y una rancia oposición de millonarios resentidos, que bien temprano saca las garras contra el pueblo y contra todo, absolutamente todo lo que asemeje chavismo.