Cuba saldrá de la lista terrorista, pero seguirá bloqueada

El pasado 14 de abril, el presidente Barack Obama notificó al Congreso de Estados Uni­dos su decisión de excluir a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional. A partir de esa fecha, el go­bierno debe esperar un plazo de 45 días para que se haga efectiva la salida de Cuba de esta lista.

Hace dos semanas, la congresista de origen cubano Ileana Ros-Lehtinen (Repu­bli­cana-Florida) presentó en la Cámara de Re­presentantes un proyecto de ley para tratar de revertir la decisión del Presidente. Sin embargo, sufrió un fracaso rotundo en sus esfuerzos y se vio obligada a retirar su propuesta. Al hacerlo, alegó engañosamente la supuesta falta de mecanismos legislativos para revocar la exclusión de Cuba, lo cual no es cierto, porque el Congreso sí cuenta con procedimientos para mantener la designación de un país como Estado patrocinador del terrorismo. La realidad es que la congresista anticubana no logró reunir los votos necesarios, ni siquiera entre los miembros del Partido Republicano, que actualmente ostenta la mayoría en ambas cámaras del Congreso, para aprobar una ley que anulara la decisión de Obama y sobreviviera a un posible veto presidencial.

Esto significa que, transcurridos los 45 días establecidos por la ley, es decir, el próximo 29 de mayo, terminará la calificación de Cuba como Estado terrorista.

Este hecho constituirá un acto de justicia histórica con el pueblo cubano. Durante 33 años, el Gobierno de Estados Unidos mantuvo a nuestro país, de manera infundada e injustificada, en una lista ignominiosa en la que nunca debió ser incluida, por su condición de país víctima de centenares de actos terroristas, que ocasionaron la muerte a 3 478 personas e incapacitaron a 2 099 ciudadanos cubanos. Cuba siempre ha condenado el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones, así como cualquier acción que busque dar aliento, apoyo, financiamiento y encubrimiento a actos de esta natura­leza. Como muestra de su compromiso internacional, el Estado cubano ha ratificado todas las convenciones y protocolos que en materia de lucha antiterrorista se han promovido por las Naciones Unidas.

Un resultado positivo de la decisión presidencial sobre Cuba en el ámbito legal, será la eliminación de la posibilidad de que se presenten nuevas demandas espurias contra el Gobierno cubano, como las interpuestas en el pasado por personas inescrupulosas que, amparadas en las leyes antiterroristas estadounidenses y con la complicidad de los tribunales, sobre todo de Mia­mi, ob­tuvieron fallos compensatorios que les permiten apropiarse de activos con­ge­lados en Estados Unidos pertenecientes a entidades del Estado cubano, en virtud de nuestra designación como patrocinador del terrorismo.

Sin embargo, la definitiva exclusión de esta lista no implicará un alivio del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Ello obedece a que la mayoría de las leyes y regulaciones que establecieron la política de asfixia económica fueron emitidas antes de 1982, cuando por primera vez Cuba fue declarada como Estado patrocinador del terrorismo y, por tanto, las sanciones y restricciones que esta designación impone, ya formaban parte del bloqueo contra nuestro país.

Los propios funcionarios del gobierno es­tadounidense han aclarado, a partir de ha­berse hecho pública la decisión del presidente Obama, que la mayoría de las restricciones asociadas a la inclusión de Cuba en la lista terrorista continuarán, ya que están contenidas en el complejo entramado de sanciones que conforman el bloqueo. La Ley de Comercio con el enemigo (1917), la Ley de Asistencia Exterior (1961) y la Ley de Ad­ministración de las Exportaciones (1979), que sustentaron en los primeros años de la Revolución la política de guerra económica contra Cuba, fueron promulgadas con anterioridad a 1982, al igual que las Regu­la­ciones para el Control de Activos Cubanos (1963) y las Regulaciones para la Ad­ministración de las Exportaciones (1979), emitidas para im­plementar lo codificado en estas legislaciones. Con posterioridad, otras leyes como la Torricelli (1992), la Helms-Burton (1996) y la Ley de Reforma de las Sanciones Co­merciales y Ampliación de las Ex­por­ta­cio­nes (2000), recrudecieron las pro­­hibi­cio­nes a las operaciones con Cuba, con un marcado carácter extraterritorial.

Por ejemplo, entre las transacciones prohi­bidas por la ley, que se derivan de la inclusión de un país en el listado de Estados terroristas se encuentran la exportación de equipamiento militar y de tecnología de uso dual (civil y militar), el otorgamiento de asistencia exterior y el desarrollo de programas de ayuda gubernamental, la concesión de préstamos y créditos por parte de instituciones financieras internacionales, y la aprobación de sistemas de preferencias y tarifas comerciales. Todas estas restricciones seguirán en vigor para Cuba, a pesar de su exclusión de la lista, en cumplimiento de las leyes y regulaciones del bloqueo.

La salida de la lista terrorista, por su efecto simbólico y político positivo, podría te­ner cierto impacto en la percepción de Cuba como país de riesgo por parte de las instituciones financieras y aliviar —aunque no eliminar—, el temor de los bancos, sobre todo extranjeros, a sostener relaciones con nuestro país. Esto obedece al hecho de que tras los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos fortaleció sus leyes y regulaciones sobre el sector financiero para combatir el financiamiento del terrorismo, lo cual tuvo un impacto negativo adicional para los Estados singularizados co­mo patrocinadores del terrorismo, los cuales han sido objeto en el último lustro de un verdadero acoso y persecución de sus operaciones financieras, bajo el pretexto de la lucha antiterrorista.

No obstante, Cuba continuará siendo con­siderada un importante riesgo en materia financiera, por estar sometida a un régimen de sanciones económicas unilaterales del go­bierno estadounidense. Vale recordar que cuando los bancos extranjeros rechazan trabajar con Cuba, lo hacen por dos razones: por su designación como Estado terrorista y por ser un país sancionado por el bloqueo de Estados Unidos. Confirma lo anterior el hecho de que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Depar­ta­men­to del Tesoro, encargada de velar por el cumplimiento de las regulaciones del bloqueo y de penalizar a las instituciones bancarias estadounidenses y extranjeras que las violen, ha mantenido la persecución con­tra las transacciones financieras cubanas, aún después de los anuncios del 17 de di­ciembre del 2014. Las multas millonarias im­puestas contra el banco alemán Com­merzbank (1 710 millones de dólares) y la compañía estadounidense de pagos en in­ternet PayPal (7 millones 658 300 dólares), el pasado mes de marzo, demuestran la vigencia de esta política y su marcado carácter extraterritorial.

Aún cuando la exclusión de Cuba de la lista no implique prácticamente ningún cambio en la aplicación del bloqueo, es una medida justa y ha sido bien acogida por la opinión pública de Estados Unidos. Una encuesta realizada por el medio digital de Nueva Jersey, NJ.com, arrojó que el 64 % de los estadounidenses consideran que el Pre­sidente adoptó la decisión correcta.

Esta acción de la Casa Blanca permite avan­zar en el proceso para el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Pero, para poder normalizar los vínculos con Cuba, entre otros asuntos importantes pendientes de solución, Esta­dos Unidos deberá, en primer lugar, levantar totalmente el bloqueo.

Como mismo Cuba nunca debió formar parte de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo internacional, porque nunca promovió ni apoyó actos terroristas, tampoco merece seguir siendo objeto del sistema de sanciones económicas, comerciales y fi­nancieras unilaterales más abarcador y prolongado que jamás se haya impuesto contra nación alguna en el mundo, por lo que ha llegado el momento de que el bloqueo también llegue a su fin.