La justicia llega 40 años después

Con más de 40 años de retraso, el asesino de Víctor Jara será juzgado en Estados Unidos por cargos de tortura y ejecución extrajudicial. Sin duda la noticia significa un alivio para la familia del popular cantante chileno sometido a las más terribles torturas por oficiales pinochetistas, pero solo a medias.

Según el juez Roy Dalton, la corte estadounidense encargada del caso se negó a imputar al coronel retirado Pedro Pablo Barrientos por crímenes de lesa humanidad, lo que le aligerará la pena.

Barrientos era teniente del Ejército de Chile cuando el 16 de septiembre de 1973 —apenas cinco días después del golpe de Estado que encabezó el general Augusto Pinochet contra el presidente constitucional Salvador Allen­de— descerrajó un tiro en la nuca del conocido artista.

El torturador que dio el “tiro de gracia” había sido señalado desde el año 2009 por uno de sus subordinados, el soldado José Adolfo Paredes, quien lo identificó formalmente en un testimonio entregado a la justicia chilena.

El juez que lleva el caso en Chile, Miguel Váz­quez, no tuvo dudas de su culpabilidad y en di­ciembre del 2012 lo procesó como autor de ho­micidio calificado. Poco antes, un programa de la televisión había descubierto que Ba­rri­en­tos llevaba una vida tranquila y discreta en Deltona, Florida, donde desde los años noventa se dedicaba a la compraventa de coches.

La abogada del Centro de Justicia y Res­ponsabilidad de EE.UU. Almudena Bernabéu —quien asesora a la familia de Jara en su de­manda—, admitió que resulta “decepcionante” que el juez de Florida desestimara los cargos por crímenes de lesa humanidad, porque “el asesinato de Víctor Jara, y los miles de crímenes cometidos durante el régimen de Pi­nochet, deberían ser llamados por lo que son: un crimen contra la humanidad”.

No obstante, acotó en conversación con el diario español El País que la decisión judicial es un vuelco en el caso ya que la familia de Jara llevaba décadas denunciando públicamente el asesinato y la impunidad de los culpables.

Recordó además que “un ámbito formal, un juicio, una audiencia, una comisión de la verdad jamás ha habido en relación con este crimen. Entonces, después de 42 años, este es un paso gigante, para Chile sobre todo”.

Jara, asesinado a los 41 años, fue detenido junto a un grupo de funcionarios y estudiantes de la Universidad Técnica del Estado en la sede de ese establecimiento un día después del golpe militar que sacó a Allende del poder.

Los soldados del Ejército lo llevaron al Es­tadio Chile, en pleno centro de Santiago, donde pocas horas después de su ingreso fue identificado por sus aprehensores y desde entonces sometido a continuas sesiones de palizas y tratos humillantes.

Entre las muchas torturas que fueron infligidas al también actor, dramaturgo, director teatral y militante del Partido Comunista de Chile estuvo el corte de sus manos para que no pudiera tocar más la guitarra y para doblegar su entereza, algo que nunca consiguieron, según cuentan los testigos de su martirio en el Estadio devenido en campo de concentración.

Las investigaciones judiciales chilenas de­terminaron que luego del asesinato, el cuerpo de Jara fue abandonado junto al de otras personas en las inmediaciones de un cementerio de la capital, donde fue identificado por un empleado que consiguió dar aviso a su esposa Joan Turner.

Los restos del cantautor fueron sepultados sigilosamente, con apenas un puñado de personas como testigos y por largos años sin que la justicia se preocupara de aclarar el crimen.  

A mediados de los años ochenta, Joan y la hija de ambos, Amanda, iniciaron las acciones judiciales para perseguir a los responsables del asesinato. Pero el proceso se hizo en extremo complejo, ya que no había registros de los militares que habían arrestado a Jara, como tampoco de los que custodiaban el Estadio y me­nos aún de los torturadores y de quienes tenían facultades para determinar a quién asesinar.

En diciembre pasado, el Programa de De­rechos Humanos del Ministerio de Interior chileno reveló que solo 75 exagentes de 1 073 acusados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet cumplen sus condenas.

El secretario ejecutivo del propio Programa, Francisco Ugaz, notificó que existen más de 1 000 causas que permanecen abiertas por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante esa eta­pa oscura de la historia chilena.

Organizaciones sociales estiman que unos 3 200 chilenos murieron entonces a manos de agentes policiales, 34 000 fueron encarcelados y torturados por motivos políticos y otros 1 192 aún se reportan como desaparecidos.