BOGOTÁ.—Tras casi dos años de conversaciones en La Habana entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, el presidente Juan Manuel Santos ordenó este lunes detener temporalmente el proceso de paz por la supuesta retención de un alto mando del Ejército en el departamento de Chocó.
Santos instruyó a sus negociadores no viajar a la capital cubana para iniciar el nuevo ciclo de diálogos que debía iniciar este martes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), hasta que no se aclarara la detención del general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, y dos personas más.
Alzate fue capturado por hombres armados la tarde del domingo en una zona remota cerca de Quibdó, capital del departamento del Chocó (oeste), junto al cabo primero Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego, durante un desplazamiento de civil para la supervisión de un proyecto energético, según relató el lanchero que los trasladó y quien logró escapar.
Santos atribuyó el secuestro a las FARC-EP, el principal grupo guerrillero del país, aunque no mostró evidencias concretas.
En medio del operativo para localizar al general, el presidente colombiano pidió esclarecer las sospechosas condiciones de su desaparición y la violación de los protocolos establecidos, informa PL.
Hay una serie de circunstancias que queremos aclarar, por qué estaba Alzate de civil y por qué dijo a sus escoltas que no lo acompañaran, expresó el mandatario durante una reunión con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.
El general Rubén Darío Alzate ingresó al Ejército hace más de 22 años y forma parte del grupo de Caballería. Antes de llegar a la Fuerza de Tarea Titán formó parte de la jefatura del estado mayor conjunto, trabajó en la Brigada Móvil 17, en la Escuela de Caballería, en el Grupo Mecanizado y en el comando de la Décima Brigada, entre otros cargos.
Este miércoles se cumplen dos años de la instalación formal de las conversaciones de paz en La Habana, que ya han arrojado resultados importantes en los temas de reforma rural integral, participación política y drogas ilícitas.
Políticos, defensores de derechos humanos y ciudadanos de a pie, manifestaron en Colombia su respaldo a las pláticas y exigieron la continuidad del proceso para terminar la confrontación, que dura ya más de 50 años.
Asimismo, señalaron las dificultades de mantener un proceso de paz sin declarar un cese al fuego bilateral.















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